Nunca me habían insultado tanto como en los días y semanas posteriores al 22 de julio de 2015. Y no solo fueron insultos; llovieron calumnias, ofensas de sabores y colores variados, difamaciones e incluso amenazas de muerte explícitas como bofetadas.
El torrente de improperios sobrevino después de la publicación de ‘La Policía masacró en la finca San Blas’, una sólida investigación periodística de la que yo soy primera firma y en la que se denunciaban, por un lado, ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía Nacional Civil (PNC); y, por otro lado –y en mi opinión lo más preocupante–, un obsceno encubrimiento de lo sucedido de parte de las autoridades e instituciones que deberían proteger a la ciudadanía contra los abusos de las fuerzas de seguridad.
Escribo estas líneas el día exacto en el que se cumple un año desde que publicamos la crónica. Doce meses que, admito mi extrañeza, sirvieron para que la masacre de la finca San Blas se haya convertido en el referente inequívoco de los abusos que la Administración Sánchez Cerén está cometiendo desde que en enero de 2015 apostó por el manodurismopara tratar de resolver el desarrollo desmedido del fenómeno de las maras.
La crónica acumula más de 104,000 visitas y fue retomada por prestigiosos medios de Estados Unidos, Europa y América Latina. La investigación se incluyó en el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado estadounidense, fue motivo de discusión en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington, y, a pesar de los recelos iniciales, incluso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República han validado la calidad de nuestro trabajo. Ahora mismo hay nueve agentes policiales procesados por lo ocurrido aquella madrugada.
No es poca cosa, en especial si se tiene en cuenta que la masacre de la finca San Blas estaba llamada a ser uno más en el listado de ‘enfrentamientos’ que consignan las versiones oficiales: ocho despreciables pandilleros muertos después de disparar a valerosos héroes azules. Pero no. El periodismo permitió conocer que hubo policías que dispararon en la cabeza a jóvenes rendidos, que ni siquiera eran mareros todos los fallecidos, y que los hechores alteraron de forma premeditada la escena, con la colocación de armas junto a los cadáveres, por ejemplo. Lo ocurrido, es una inferencia que cae por su propio peso, no fue la acción de un grupo de agentes descontrolados con pretensiones justicieras, sino un modus operandi avalado, planificado y que el gobierno quiso encubrir, al punto que desde las más altas instancias de la PNC y del Ministerio de Seguridad aún se defiende la versión oficial del operativo.
Y a pesar de que la investigación evidenció gravísimas violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, sobrevino el torrente de insultos, de difamaciones, de amenazas de muerte…
Somos la sociedad más violenta del mundo. Las maras son la expresión más cruel y refinada de esa violencia, con el agravante de que la ejercen sobre los sectores más desfavorecidos, pero el recurso habitual a la violencia para dirimir conflictos permea todo el cuerpo social.
Amarrando esta consideración a lo sucedido en la finca San Blas, el verdadero problema no es que haya unos policías exaltados que asesinen, o unos jefes policiales que lo toleren, o un sistema de control que silencie y encubra; ni siquiera que un gobierno que dice ser de izquierda haya asumido los valores que representa la finca San Blas como política pública. El verdadero problema, en mi opinión, es que como sociedad aún aplaudimos, enaltecemos o callamos ante los ya incontables sanblases, y preferimos insultar a los que desmontan versiones oficiales diseñadas para encubrir asesinatos cometidos con fusiles y balas que pagamos con nuestros impuestos. Esa permisividad es el combustible para todo lo demás.
Hoy se cumple un año desde ‘La Policía masacró en la finca San Blas’ y, a pesar de que la presión de la Embajada de Estados Unidos ha logrado que el caso se judicialice parcialmente, mi impresión es que apenas nada ha cambiado. Las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y demás violaciones a los derechos humanos cometidas desde el Estado con el pretexto de la guerra a las maras no han cesado en estos 12 meses; al contrario, seguramente sea el período en el que más funcionarios han manchado sus manos de sangre desde que arrancó el siglo. Me temo que el manodurismo es y será por años el motor de las políticas públicas, sin importar cuán estéril y contraproducente sea, y lo será porque esta sociedad, la sociedad más violenta del mundo, parece sentirse realmente cómoda embadurnada de ese manodurismo.
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