El cuento de los enfrentamientos

Siete párrafos más abajo hay un revelador video con declaraciones del comisionado Cavallaro que dejan muy mal parado al gobierno de Salvador Sánchez Cerén en materia de derechos humanos, pero le invito primero a leer los siete parrafitos, porque le ayudarán a contextualizar las palabras del comisionado Cavallaro.

Más de 1,000 personas han sido abatidas por policías y soldados en El Salvador desde enero de 2015. Esas más de 1,000 personas no son todos pandilleros, y solo incluyen los homicidios cometidos en horario laboral, por decirlo de alguna manera; es decir, ocurridos en operativos etiquetados como ‘enfrentamientos’ en las bitácoras de la Policía Nacional Civil (PNC).

En todo 2016, por ejemplo, la PNC dijo que los policías y en menor medida los soldados protagonizaron 407 ‘enfrentamientos’, con un balance de 591 supuestos pandilleros, 8 policías y 2 soldados muertos. Es decir, el gobierno nos afirma sin pudor que cuando se enfrentaron a balazos policías y supuestos delincuentes, hubo 59 malacates caídos por cada servidor público fallecido.

Cada supuesto choque armado el gobierno lo etiqueta como ‘enfrentamiento’ y, salvo contadísimas excepciones, los fiscales se tragan la versión y ahí queda la cosa. A veces, cuando hay algo demasiado estridente o los periodistas destapan las incongruencias, la Fiscalía va un poco más allá, abre algún expediente, pero la mayoría de las veces termina pidiendo el sobreseimiento definitivo a favor de los policías. No hay ni un solo policía ni soldado condenado por ninguno de esos 1,000 homicidios.

La sociedad salvadoreña también tiende a creer que los ‘enfrentamientos’ son en verdad enfrentamientos, con disparos de uno y otro lado. El gobierno, de hecho, suele intercalar sus versiones oficiales con anuncios de decomisos de poderosos fusiles M-16, Ak-47 y AR-15 a esos malacates que ‘enfrenta’. Con frecuencia, también se filtran fotos de hombres cosidos a balazos con armas tiradas cerca de sus manos. Y los salvadoreños, en términos generales, aceptan, conviven y hasta aplauden el cuento de los ‘enfrentamientos’. Pocas, muy pocas voces lo cuestionan.

El Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) son dos de esas excepciones. Desde hace meses explicitan sus sospechas de que una parte de los ‘enfrentamientos’ son en realidad ejecuciones extrajudiciales. Y sospechan también que la Fiscalía, algunos jueces e incluso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos están siendo muy crédulos con la versión oficial. Por esas complicidades, y porque consideran que es algo fundamental para la sanidad de un Estado de derecho, decidieron denunciar al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH.

La CIDH decidió escuchar sus quejas, y este martes 5 de septiembre se celebró la audiencia en Ciudad de México. Durante los primeros 35 minutos hablaron, de un lado, los voceros del SSPAS y del Idhuca; y del otro, el representante del Estado salvadoreño, responsabilidad que recayó en Raúl López, el viceministro de Seguridad Pública, el mismo que la semana pasada ganó notoriedad por la ocurrencia de piropear a una periodista de El Noticiero de Canal 6.

Pero lo más relevante de la audiencia fue cuando se abrió el turno de preguntas a los comisionados. James Cavallaro tomó la palabra y dijo esto:

Dice: “Cuando hay cifras así, se trata de algunos enfrentamientos y muchos casos de ejecuciones”.

Pero, ¿quién es este tal Cavallaro para atreverse a hablar con tanta rotundidad y desmontar de un plumazo el discurso del gobierno salvadoreño?

James L. Cavallaro es uno de los siete comisionados de la CIDH. Esto dice la breve hoja de vida colgada en la página web de la institución: “Ciudadano de Estados Unidos, es abogado graduado en Harvard, con un posgrado en derecho de la Universidad de California en Berkeley y un doctorado en derechos humanos y desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España. Actualmente James L. Cavallaro es profesor de derecho en la Universidad de Stanford y director fundador de la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Resolución de Conflictos y el Centro de Derechos Humanos de dicha Universidad. Anteriormente fue profesor de derecho en la Universidad de Harvard y director ejecutivo del programa de derechos humanos de Harvard. Fue fundador del Centro de Justicia Global, una organización basada en Brasil, y fue director de las oficinas en Brasil de Human Rights Watch y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Es autor de decenas de artículos, libros y otras publicaciones sobre derechos humanos y sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Fue elegido comisionado en el 43º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 2013 por el período reglamentario de cuatro años, contados a partir del 1º de enero de 2014. En el 154º Período de Sesiones de marzo de 2015, fue electo primer vicepresidente de la CIDH. A partir del 1º de enero de 2016 asumió la presidencia en sustitución de la excomisionada Rose-Marie Antoine, quien culminó su gestión el 31 de diciembre de 2015”.

Habrá quien hoy ponga cara de sorpresa ante la contundencia del comisionado Cavallaro. Pero la Sala Negra de El Faro publicó en octubre de 2016 una investigación periodística que ya demostró, con idénticos argumentos a los que usó el comisionado Cavallaro, que la versión del ‘enfrentamiento’ encubre en realidad viles ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo un manto de impunidad. El trabajo está basado en las cifras oficiales de muertos y heridos en uno y otro bando cada vez que se ‘enfrentan’, interpretadas también por reputados expertos internacionales en la materia, como lo es el comisionado Cavallaro.

Al calor de sus declaraciones, les invito a leer o a releer el reportaje ‘Casi que Guardia Nacional Civil’.

Apenas nada sucedió tras la publicación de esta investigación en octubre pasado. Y dudo que vaya a suceder algo ahora. ¿Por qué? Porque me temo que el Estado y la sociedad salvadoreñas, en general, creen que las ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías y soldados son beneficiosas o, en todo caso, un problema menor. Por algo somos una de las sociedades más violentas del mundo, si no la más.

Foto Marvin Recinos (AFP).

Nunca me habían insultado tanto

Nunca me habían insultado tanto como en los días y semanas posteriores al 22 de julio de 2015. Y no solo fueron insultos; llovieron calumnias, ofensas de sabores y colores variados, difamaciones e incluso amenazas de muerte explícitas como bofetadas.

El torrente de improperios sobrevino después de la publicación de ‘La Policía masacró en la finca San Blas’, una sólida investigación periodística de la que yo soy primera firma y en la que se denunciaban, por un lado, ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía Nacional Civil (PNC); y, por otro lado –y en mi opinión lo más preocupante–, un obsceno encubrimiento de lo sucedido de parte de las autoridades e instituciones que deberían proteger a la ciudadanía contra los abusos de las fuerzas de seguridad.

Escribo estas líneas el día exacto en el que se cumple un año desde que publicamos la crónica. Doce meses que, admito mi extrañeza, sirvieron para que la masacre de la finca San Blas se haya convertido en el referente inequívoco de los abusos que la Administración Sánchez Cerén está cometiendo desde que en enero de 2015 apostó por el manodurismopara tratar de resolver el desarrollo desmedido del fenómeno de las maras.

La crónica acumula más de 104,000 visitas y fue retomada por prestigiosos medios de Estados Unidos, Europa y América Latina. La investigación se incluyó en el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado estadounidense, fue motivo de discusión en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington, y, a pesar de los recelos iniciales, incluso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República han validado la calidad de nuestro trabajo. Ahora mismo hay nueve agentes policiales procesados por lo ocurrido aquella madrugada.

No es poca cosa, en especial si se tiene en cuenta que la masacre de la finca San Blas estaba llamada a ser uno más en el listado de ‘enfrentamientos’ que consignan las versiones oficiales: ocho despreciables pandilleros muertos después de disparar a valerosos héroes azules. Pero no. El periodismo permitió conocer que hubo policías que dispararon en la cabeza a jóvenes rendidos, que ni siquiera eran mareros todos los fallecidos, y que los hechores alteraron de forma premeditada la escena, con la colocación de armas junto a los cadáveres, por ejemplo. Lo ocurrido, es una inferencia que cae por su propio peso, no fue la acción de un grupo de agentes descontrolados con pretensiones justicieras, sino un modus operandi avalado, planificado y que el gobierno quiso encubrir, al punto que desde las más altas instancias de la PNC y del Ministerio de Seguridad aún se defiende la versión oficial del operativo.

Y a pesar de que la investigación evidenció gravísimas violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, sobrevino el torrente de insultos, de difamaciones, de amenazas de muerte…

Somos la sociedad más violenta del mundo. Las maras son la expresión más cruel y refinada de esa violencia, con el agravante de que la ejercen sobre los sectores más desfavorecidos, pero el recurso habitual a la violencia para dirimir conflictos permea todo el cuerpo social.

Amarrando esta consideración a lo sucedido en la finca San Blas, el verdadero problema no es que haya unos policías exaltados que asesinen, o unos jefes policiales que lo toleren, o un sistema de control que silencie y encubra; ni siquiera que un gobierno que dice ser de izquierda haya asumido los valores que representa la finca San Blas como política pública. El verdadero problema, en mi opinión, es que como sociedad aún aplaudimos, enaltecemos o callamos ante los ya incontables sanblases, y preferimos insultar a los que desmontan versiones oficiales diseñadas para encubrir asesinatos cometidos con fusiles y balas que pagamos con nuestros impuestos. Esa permisividad es el combustible para todo lo demás.

Hoy se cumple un año desde ‘La Policía masacró en la finca San Blas’ y, a pesar de que la presión de la Embajada de Estados Unidos ha logrado que el caso se judicialice parcialmente, mi impresión es que apenas nada ha cambiado. Las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y demás violaciones a los derechos humanos cometidas desde el Estado con el pretexto de la guerra a las maras no han cesado en estos 12 meses; al contrario, seguramente sea el período en el que más funcionarios han manchado sus manos de sangre desde que arrancó el siglo. Me temo que el manodurismo es y será por años el motor de las políticas públicas, sin importar cuán estéril y contraproducente sea, y lo será porque esta sociedad, la sociedad más violenta del mundo, parece sentirse realmente cómoda embadurnada de ese manodurismo.

Ponga un Humvee en su comunidad

Foto Víctor Peña (El Faro)

¿Alguien en el gabinete de seguridad cree en serio que el fenómeno de las maras se combate con Humvees y helicópteros artillados? Y si no lo creen, ¿para qué montan espectáculos como el del martes en el reparto La Campanera de Soyapango? El Gobierno despejó el punto de buses de la Ruta 49, al final de la estigmatizada colonia, y lo cubrió con camiones de transporte militar, helicópteros artillados, Humvees ídem, cientos de uniformados, ennavaronados o maquillados para la guerra, fusiles de asalto… ¿Por qué? ¿Para dar gusto a camarógrafos, a escribientes y a sus audiencias?

La Fuerza de Intervención y Recuperación Territorial (FIRT) quieren vendérnosla como una nueva y –esta vez sí– eficaz solución, pero conviene recordar que no es la primera vez que el FMLN militariza el reparto La Campanera ni la primera que nos aseguran que después habrá un desembarco de balsámicos servicios sociales. A inicios de 2010, cientos de militares tomaron la colonia como base durante meses, 24/7, para tratar de aplastar manu militari el maléfico control de la pandilla 18. Lo recuerdo con cristalinidad porque en aquella época estuve subiendo al reparto para reportear durante semanas, reporteo que cuajó en una crónica titulada Vivir en La Campanera.

Entre lo mucho y bueno que me dejó aquella cobertura está haber conocido a Alejandro Gutman, presidente de la entonces Fundación Fútbol Forever, rebautizada después como Forever, sin fútbol.

Justo ahora, un miércoles de un abril de seis años después, viajo en carro con Gutman por una calle inhóspita del área rural de Panchimalco. El show de los Humvees en La Campanera fue ayer y, como él conoce la colonia como la palma de su mano, aprovecho.

—La represión –responde Gutman– es la estrategia que han usado todos los gobiernos desde que empecé a trabajar en el país, hace 12 años. 

—Ayer llevaron Humvees y helicópteros artillados.
—¿Qué te voy a decir? Yo preferiría que en lugar de tanques de guerra, llevaran a médicos, profesores, psicólogos, estudiantes universitarios, artistas, profesionales…
—¿La Campanera está abandonada?
—Absolutamente aislada. El Estado y la mitad de la sociedad que vive más o menos bien han abandonado las comunidades empobrecidas, pero dentro de ese abandono hay comunidades y comunidades. La Campanera está en el ostracismo; su escuela, por ejemplo. Hay que entender esa comunidad, conocerla, para darse cuenta de sus necesidades, pero también de la riqueza de su gente. Porque se necesita entereza, dignidad y sabiduría para vivir en un entorno así y salir a trabajar con una sonrisa cada día, después de tanto olvido y tanta dejadez. Conocer a esa gente enriquece. Yo el otro día llevé al presidente del Banco Agrícola para que conociera, habló con unos y otros, y quedó enamorado, transformado. Otro día llevó al presidente de la CEL y quedó entusiasmadísimo.
—Pobreza, exclusión y olvido. De acuerdo, pero también está la pandilla, Alejandro, que lo agrava todo. Un padre de La Campanera no puede enviar a su hijo a estudiar en Las Margaritas, porque ahí controla la MS-13.
—Los territorios están bien marcados, sí.
—Suena legítimo que el Estado quiera retomar el control. Suena urgente.
—Si no hay paz, es muy difícil construir... eso así es. Pero incluso en épocas como esta también se puede construir, y las demostraciones son clarísimas. Universidades, escuelas y empresa privada trabajan con nosotros por una cultura de la integración desde hace años. A Forever los pandilleros nos dejan trabajar, quizá porque saben que lo nuestro es transparente. No se entrometen. ¿Y por qué? Porque un pandillero, por más comprometido con su causa que esté, tiene hermanos, hermanas, hijos… Nosotros acabamos de inaugurar una casa de la integración en la colonia Santa Eduviges, un espacio para la comunidad. ¿Quién va a estar en contra de eso?
—Pero el punto de partida es anómalo. Que un grupo de pandilleros tenga que avalar...
—Es anómalo, sí, pero esa es la situación del país hoy. No se puede entrar en las comunidades sin avisar. Eso así es. Pero siendo así, reitero, siempre se puede trabajar por las comunidades, y casi nadie quiere hacerlo. Ojalá no existiera ese control de las pandillas en La Campanera, pero lo que no se vale es que unos y otros se agarren a eso para no hacer nada. No se puede llegar un día con las cámaras de televisión a pintar la escuela o a reglar pelotas y luego desaparecer. Así no se puede.

Hace una hora Gutman hablaba ante unos 200 estudiantes del Complejo Educativo Cantón San Isidro, de octavo y noveno grado, y de primer y segundo año de bachillerato. La escuela está a 45 minutos en 4x4 de la capital, pero el entorno es la ruralidad en estado puro; aquí hay menos señal de telefonía que en un penal. Números gruesos, ese centro habrá graduado a unos 600 bachilleres en la última década, y bastarían los dedos de las manos para enumerar los que han terminado una carrera universitaria. Los otros 590 estarán trabajando a cambio de un salario de subsistencia, o cultivando para comer y poco más, o habrán migrado al Norte, o se habrán brincado en una pandilla, que en Panchimalco hay mucha oferta.

—La carta de presentación del actual gobierno es el manodurismo puro y duro –digo.
—De cuestiones de seguridad pública no opino porque no sé; yo no sé si llevar tanques a La Campanera será bueno o no. Pero desde hace una década convivo en diferentes ámbitos de la sociedad, me he sentado a platicar con pandilleros, con empresarios y con ministros, y creo que esa experiencia acumulada me da el suficiente conocimiento como para decir que lo prioritario en las comunidades es reforzar las escuelas, los espacios públicos, las unidades de salud… porque en verdad están muy debilitadas. Y se puede… ¡claro que se puede entrar y construir! Pero hay que meterse a trabajar y no ir una mañana nomás, con demagogia, o ir solo con los tanques.
—¿Qué podemos o debemos exigir al Estado?
—Ojalá su papel fuera más importante, porque la presencia del Estado en las comunidades donde vive el 50 % más empobrecido de la sociedad es mínima. Por eso tenemos la situación que tenemos, porque el Estado piensa solo para una mitad. Yo aspiraría a que los gobernantes hagan lo que tienen que hacer, pero no le tengo mucha fe. Los políticos, aquí y en toda Latinoamérica, viven peleándose por cuotas de poder, y lo que menos les interesa es cómo vive el pueblo.
—Alejandro, ¿por qué la pandilla aún es una opción de vida atractiva para cientos de cientos salvadoreños?
—En una pared de la Santa Eduviges tenemos escrita una frase que dice algo así: un hombre invisibilizado es muy probable que termine creyéndoselo. Es algo terrible. Porque el ser humano al que la sociedad, el Estado y hasta su familia lo han hecho sentirse invisible puede que se lo crea y empiece a actuar sin límites. Si vos sentís que no sos ni de aquí ni de allá, si no has sentido amor ni entrega ni tenés objetivos en la vida, si la familia ni la escuela te pueden contener... la pandilla te ofrece ciertas tentaciones, da reconocimiento, estatus, te da una familia.

Helicópteros artillados, Humvees ídem, cientos de uniformados ennavaronados o maquillados para la guerra, fusiles de asalto… En el noticiero y en la portada del periódico todo eso luce, pero no parecen ser los instrumentos adecuados para que el niño de 12 o 13 años de la comunidad empobrecida quiera convertirse en el próximo pandillero.

—La implosión que ocurre en las familias es la explosión que ocurre en la sociedad –sentencia Gutman.

Las rutinas del agente Lemus

Foto: Roberto Valencia

Dos pandilleros detenidos con diez libras de marihuana era buen saldo para una jornada de trabajo, pero el joven agente Lemus estaba colérico y quería más, quería el nombre del dealer; al menos eso es lo que dijo a los compañeros de la otra unidad para justificar que no llevaría a los detenidos de un solo a la delegación. El visible enojo del agente Lemus tenía una razón de ser: durante la persecución, el carro que manejaba había estado a punto de empotrarse contra un poste de la luz. La vio realmente cerca.

Subieron a los pandilleros esposados en el vehículo y los llevaron al pasaje de siempre, cerca de la terminal de buses. El interrogatorio fue más violento que de costumbre: puñetazos, pechadas, halones de cabello, codazos, patadas patadas patadas. De los dos policías, el agente Lemus era el que llevaba la batuta. La experiencia acumulada en situaciones similares pronto le hizo ver que no le dirían el nombre que buscaba, pero eso no hizo sino agigantar su furia. La excusa para continuar la tortura fue que quería que los pandilleros renegaran de la Mara Salvatrucha, que dijeran que su pandilla era basura. No lo consiguió. Se dio por vencido cuando a uno de ellos –esposado, magullado, arrodillado, indefenso– le dio tal patada en la boca que les sacó tres dientes en una bocanada de sangre. El joven quedó inerte en el suelo.

El agente Lemus sintió como estrenadas las botas nuevas que la Policía Nacional Civil le había entregado aquella misma semana.

Ocurrió en la ciudad de San Miguel algún día de 1998. Lemus, un agente asignado al Servicio de Emergencias 121, no se esforzó por memorizarlo. Nadie memoriza las fechas de la rutina.

(San Miguel, El Salvador. 1998)

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(Este relato se incluyó con idéntico título en una serie de microrrelatos titulados 'Cuentos para leer en Navidad', que se publicaron el 15 de diciembre de 2013 como bitácora de la Sala Negra de El Faro)

Recuerdos del 30 de julio de 1975

Este 30 de julio de 2013 se cumplen 38 años desde que en las inmediaciones del Hospital Nacional Rosales ocurrió la masacre de estudiantes universitarios que ha pasado a la historia como uno de los hitos represivos de represivo régimen del coronel Arturo Armando Molina, quien gobernó El Salvado de 1972 a 1977. Hay un informe elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y fechado en noviembre de 1978 que se refiere ampliamente a esta matanza, que tanto el Gobierno como los medios de comunicación trataron de ocultar. 

Una parte del informe, basada en el relato de un denunciante al que la comisión especial le dio credibilidad, dice así: 

“En el trayecto de la 25.ª avenida Norte, llamada avenida Universitaria, no se advirtió ninguna amenaza inminente contra la seguridad de los manifestantes. Sin embargo, cuando la cabeza del desfile llegó al paso a nivel, aledaño al Hospital del ISSS, aparecieron, trepidantes, las unidades blindadas; además de esas unidades blindadas, se situaron a las alturas del Hospital de Maternidad, camiones de fuerzas anti-motines, equipados con fusil, machetes y garrotes, sin faltarles sus cascos protectores y sus máscaras anti-gases. Había, asimismo, guardias nacionales y de la Policía de Hacienda. El despliegue de fuerza, en las inmediaciones del Hospital Rosales y al lado norte del Colegio La Asunción, parecía destinado a enfrentar a un enemigo poderosamente armado y no a una manifestación pacífica, sin armas, de universitarios. Los que encabezaban la manifestación, bastante confusos, quisieron ganar la calle que pasa frente a la entrada principal del ISSS (3.ª calle Poniente) desviándose hacia la izquierda, para tratar de evitar el enfrentamiento con las unidades blindadas estacionadas al lado del Hospital de Maternidad. Sin embargo, cuando doblaron, contingentes de la Guardia Nacional estaban ya estratégicamente apostados detrás del Colegio La Asunción. La cabeza de los manifestantes quiso dar marcha atrás, pero las unidades blindadas les habían cortado el camino porque habían avanzado sobre el puente del paso a nivel, transformándose el lugar en una trampa de la cual no se podía salir, aun saltando los muros para caer pesadamente en el pavimento de la calle que pasa bajo el puente. En este sitio no fueron pocos los manifestantes que quedaron fracturados, algunos de los cuales fueron rematados a tiros. En el momento mismo en que se daba marcha atrás, comenzaron los disparos de fusilería y de ametralladoras, a la par del estallido de bombas lacrimógenas, descargadas por los cuerpos represivos. La cacería humana dio comienzo”. 

Es una versión.

Sin buscarla, en diciembre de 2012 yo tuve el gusto de conocer otra. Me senté a entrevistar con un veterano sicólogo migueleño llamado Héctor Brizuela, para hablar sobre violencia juvenil, y terminó contándome sus recuerdos de aquella trágica tarde-noche del 30 de julio de 1975. Él también estuvo allí. Y así me lo contó: 

“Hubo una matanza el 30 de julio, en la época de... Carlos Romero. Recién pasó Miss Universo, y se hace un desfile bufo, un desfile burlesco, con unos cuernos bien feos, algunos disfrazados... era jodarria... era... era protesta porque en Miss Universo se estaba prostituyendo a la mujer. Habían venido de todas partes del mundo al evento de Miss Universo, y consideraban a la salvadoreña como puta. Así era ese asunto. Y entonces la Universidad reacciona, y hace un desfile bufo haciendo mofa de la Miss Universo, del otro aquí, del otro allá, y de todos los que vinieron. Y se encachimba el Ejército y empieza... pero una matanza de gente... balazos... de todo. Y todo fue al poco de empezar, antes de llegar al Hospital Rosales. Tiraron del puente, y los que pudimos zafarnos, nos zafamos. Yo estudiaba Medicina. Pero a mí no me pasó nada. Yo me refugié en la Policlínica, hay una Policlínica ahí [es el actual Hospital Pro-familia], y ahí me fui a zampar, en una sala... hasta que pasó toda la bulla. Y ya después, para salir, como a las 3 o 4 horas después... compañeros muertos, compañeros capturados... yo salí porque una enfermera me ayudó, porque me dio una gabacha de enfermero. Salí, caminé recto y agarré un bus”. 

Es para mí una sensación agradable saber que los periodistas, a veces, tenemos la suerte de sentarnos con los protagonistas de la historia. Basta estar dispuesto a escuchar y a aprender. 

Fotografía: Internet

Percepción versus realidad

Al subinspector Nerio Castro lo conocí por casualidad. Ocurrió a mediados de diciembre de 2012, cuando pasé unos días en la siempre tórrida San Miguel y solicité una entrevista con alguien de la Policía Nacional Civil que me pudiera diseccionar las peculiaridades del fenómeno de las maras en la principal ciudad de la zona oriental de El Salvador. En principio me asignaron al inspector Martínez, la persona al frente del Departamento de Investigaciones (DIN), pero el día de la entrevista le surgió algún inconveniente y delegó en su brazo derecho: el subinspector Nerio Castro. 

Mando medio y en una delegación del interior, rápido intuí que el subinspector Nerio Castro me sería de gran ayuda. Las conversaciones con policías de ese perfil suelen resultar reveladoras, mucho más que con comisionados o subcomisionados, usualmente timoratos por la responsabilidad o acartonados por el mayor roce con los periodistas, cuando no víctimas del hecho de llevar años en despachos aireacondicionados, alejados de lo que se cuece en las calles. 

El subinspector Nerio Castro es todo lo contrario. Relativamente joven –ronda los 35 años–, fue enviado a San Miguel a mediados de 2010, por lo que vivió de cerca el repunte criminal de finales de 2011 y principios de 2012 , y también está viviendo la famosa tregua y sus consecuencias. Como integrante de la DIN, su trabajo se centra en desarticular clicas, sobre todo de la Mara Salvatrucha-13 (MS-13), la pandilla con mayor implantación en San Miguel.

—Definitivamente –dijo el subinspector Nerio Castro–, aquí la más fuerte es la MS, el 80% de los casos que investigamos tiene que ver con ellos.

La evolución de la MS-13 en San Miguel es un caso aparte, daría para un libro. Desde finales de la década de los 90 las dos letras fueron el tatuaje más habitual en el torso de los jóvenes migueleños, ante una presencia residual del Barrio 18 (que en la actualidad solo tiene una única cancha, la colonia San Carlos), tan residual que si hubiera que señalar la segunda pandilla en San Miguel, no sería la 18, sino La Mirada Lokotes-13, también sureña, y con presencia en La Presita y otras colonias cercanas al río Grande.

Ni la 18 ni La Mirada son ni han sido rivales de peso ante el desarrollo desproporcionado de la MS-13, al punto que en San Miguel hubo por años una guerra abierta entre clicas de la Salvatrucha: la Criminal Gangsters, la Fulton, la Sitios Locotes, la Big Curuñas, la Dalmacias, la Normandie, la Guanacos, la Pinos, la San José, la Pana Di, la Sailor… De esta guerra fratricida la que mejor librada salió, sin duda, fue la Sailor, la Sailor Locos Salvatruchos Westside (SLSW), los Marineros, que a finales de 1998 apenas era un grupúsculo de pandilleros a la sombra de la Pana Di –la clica hegemónica de entonces–, y hoy es una de las pocas fundadas en El Salvador que ha dado el salto y ha logrado asentarse en territorio estadounidense. 

—La Sailor es la que más integrantes tiene, sin duda –me dijo el subinspector Nerio Castro.
—¿De cuántos estamos hablando?
—De 160 a 180 pandilleros, sin contar a los chequeo.
—¿170 activos solo en esa clica?
—Sí, más o menos, pero algunos están ya presos, aunque no dejan de pertenecer.

La entrevista no la solicité para hablar sobre las consecuencias de la negociación del Gobierno con los líderes de las pandillas –esa que al principio era un milagro, luego una tregua, y de un tiempo a esta parte el ministro ya la llama proceso de pacificación–, pero no podía dejar pasar una oportunidad así.

El subinspector Nerio Castro me dijo que sí, que ellos han notado un notable cambio a mejor con la tregua, y me citó ejemplos: los homicidios se han desplomado, los ataques armados contra viviendas para atemorizar a sus habitantes –un mecanismo de presión habitual en San Miguel– casi han desaparecido, y las denuncias por extorsión también han ido a la baja.

—La actividad criminal de las pandillas en San Miguel ha bajado, eso está clarísimo, y yo sí pienso que está beneficiando a toda la sociedad –dijo el subinspector Nerio Castro.

Otra cosa, matizó, es la percepción.

El subinspector Nerio Castro concluyó, seguramente sin pretenderlo, con una crítica dura, directa y sincera al gremio periodístico, a nuestro papel como formadores de percepción.

—Le voy a contar un caso que nos pasó hace poco con dos menores. Estos dos menores, de unos 14 años pero pandilleros activos ya, se dedicaban a recoger dinero de la renta. Pues hubo algún problema con el dinero, y la pandilla los asesinó. Al final, las notas periodísticas de La Prensa y El Diario dijeron: Asesinan a dos estudiantes, y aquella nota bañó de luto la mitad del país. Yo sé que si hubieran dicho ‘Mueren dos delincuentes’, todo habría sido distinto, pero pusieron, a saber por qué, que eran dos estudiantes, y empezaron además a escribir notas paralelas sobre el acoso a los centros escolares, y todo porque eran dos personas que sí, aún estaban estudiando, pero eran pandilleros. 

Fotografía. Roberto Valencia

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(Este relato fue publicado el 8 de abril de 2013 en la sección Bitácora del proyecto de cobertura periodística de la violencia Sala Negra, de elfaro.net)

El torturado por la Policía de Hacienda que pudo contarlo

Igual que le sucedió a miles de salvadoreños, Reynaldo Cruz Menjívar, un militante demócrata-cristiano, un día desapareció. Sin más. Pero al contrario que le sucedió a miles de esos salvadoreños, Reynaldo Cruz Menjívar un día reapareció. Estuvo más de nueve meses en una cárcel clandestina de la Policía de Hacienda, torturado hasta la saciedad, pero logró fugarse, dicen que porque un familiar sobornó a los custodios. 

Cuando escapó era un cadáver andante. El examen médico reveló emaciación extrema, facies cadavérica –ojos hundidos, nariz afilada–, serias laceraciones antiguas y recientes en la superficie corporal, abdomen escafoide, marcada palidez de mucosa y tegumentos, lengua saburral, gingivitis hemorrágica, hipersensibilidad en distintas partes del cuerpo, y psiquismo notoriamente alterado. En ese estado se presentó ante Monseñor Romero para suplicar ayuda.

—Me impresionó, francamente se lo digo, que fuera el propio Monseñor el que lo trató. No quería que nadie se enterara de que lo tenía escondido en el arzobispado, porque ahí pasó unos pocos días, y él mismo le daba las medicinas –dice Beto Cuéllar, una de las pocas personas a las que Monseñor Romero confió el secreto.

En la tarde-noche del 1 de octubre de 1978 Monseñor Romero les pidió a él y al padre Rafael Moreno que llegaran al arzobispado para que vieran a Cruz Menjívar, lo entrevistaran y plantearan alguna solución. A los días lo llevaron hasta la Embajada de Venezuela. Allí permaneció hasta que se tramitó su asilo político y en diciembre pudo volar a Caracas. El testimonio de las torturas sufridas por Cruz Menjívar en manos de la Policía de Hacienda terminó convertido en un desgarrador libro de denuncia.

Fotografía: internet

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(Este relato forma parte del perfil de Roberto Cuéllar incluido en mi libro Hablan de Monseñor Romero, publicado en marzo de 2011 por la Fundación Monseñor Romero)

La muerte llegó en tren a El Progreso

En la tarde del viernes 27 de julio de 2012, Carlos Alfredo Sorto Ramírez –19 años, dieciochero, facción R del Barrio 18– y tres pandilleros más estaban sentados en la entrada de la comunidad El Progreso I, uno de esos asentamientos que supuran podredumbre, de esos a los que las etiquetas precario y marginal les quedan cortas. El Progreso I pertenece al municipio de Delgado, departamento de San Salvador, y para llegar desde la capital hay que ir primero hasta el kilómetro 5½ de la carretera Troncal del Norte, salirse en el desvío de la colonia Montecarlo y caminar unos 400 metros junto al ferrocarril, dirección a Apopa.

El tren –los policías que lo custodian– tiene un papel protagónico en este relato.

Desde hace cinco años, de lunes a viernes un tren recorre lentamente los 13 kilómetros que separan Apopa del mercado La Tiendona, en San Salvador. En su viaje de la tarde, la máquina pasa siempre por El Progreso I a las 4:45, con sorprendente puntualidad. El viernes 27 de julio no fue excepción.

Como tantos días, el grupito de pandilleros descansaba-maquinaba-fumaba junto a los rieles cuando el estruendo los alertó. La rutina: los cuatro se levantaron con parsimonia, se adentraron en el pasaje –uno de ellos incluso aprovechó para comprar una charamusca– y vieron pasar la locomotora y los vagones. Sin embargo, esta vez la máquina se detuvo por completo porque una señora que vendía empanadas pidió subir. Al detenerse, el último vagón quedó apenas unos metros delante de los jóvenes, y sobre el balconcito que hay en el extremo final, un agente joven de la PNC. Siempre viaja ahí uno.

Los cuatro pandilleros regresaron a la línea y aseguran que, sin provocación alguna, el agente desenfundó su arma y apuntó al grupo, creyeron que para intimidar. Apenas unos metros los separaban. No era la primera vez que ese mismo agente los encañonaba, por eso los jóvenes en principio no se inmutaron. Lo hicieron cuando oyeron el bombazo.

―Era una 9 mm. –coinciden dos de los testigos.

Desarmados como estaban, todos se abalanzaron pasaje abajo en busca de protección. Ajeno a todo, el maquinista prosiguió su marcha.

El balazo alcanzó de lleno el bajo vientre de Carlos Alfredo, pero pudo correr hasta la casa familiar, a unos 40 metros. Vencido por la gravedad de la hemorragia, se recostó contra una pared. El hermano menor –17 años, pandillero también– se lo echó al lomo, lo pasó al fondo de la casa, llegaron más homeboys, y rápido consensuaron la seriedad de la situación. Pidieron el vehículo a un vecino y se fueron hacia San Salvador.

Carlos Alfredo llegó cadáver a Emergencias del Hospital Rosales. Murió en el asiento trasero de un carro, en los brazos de su madre y su hermano menor.

Fotografía: Roberto Valencia

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(Este es un fragmento de una crónica publicada el 31 de julio de 2012 bajo el título de Muerte de un pandillero en la sección Sala Negra de El Faro)

Luces, cámaras, ¡operativo policial!

El desenlace  

Viernes, 27 de abril, 2:12 a.m. Parque Libertad, Santa Ana.

La plaza central santaneca quizá sea la más bonita de El Salvador, incluso de madrugada. En la parte central, entre árboles y zonas ajardinadas, hay un coqueto y bien iluminado quiosco, pero lo que singulariza este parque, y lo vuelve inigualable, es el conjunto monumental que la bordea: al oriente, la catedral; al poniente, el edificio de la alcaldía municipal; y en el costado norte, el espléndido teatro, inaugurado hace más de un siglo. Parece que en Santa Ana la actuación está muy arraigada.

Ayer jueves, la Policía Nacional Civil (PNC) convocó a los medios de comunicación para el gran operativo de hoy, uno de esos en los que los agentes botan puertas y entran en las casas fusil en mano. Estos actos suelen finalizar con la presentación de los detenidos, y en esta ocasión, en vez de hacerla en una delegación, el jefe de la Región Occidental de la PNC, el comisionado Douglas Omar García Funes, y el jefe de la Delegación de Santa Ana, el comisionado Julio César Marroquín, han elegido como marco el parque Libertad.

La primera caravana en llegar a la plaza, hace no más de 20 minutos, es la que estuvo en el cantón Tablón Matazano, la elegida para ser cubierta por los periodistas. Traen en dos pick ups a tres supuestos pandilleros, uno de ellos vestido con suéter claro. Casi al mismo tiempo, por otra esquina de la plaza aparece, también esposado con las manos en la espalda, una pareja de policías que escolta a otro pandillero, este con la MS tintada en el rostro. A los cuatro los sientan en el suelo. Las cámaras echan humo.

El comisionado Marroquín da las primeras declaraciones oficiales a los medios: “Sí, puedo decirles que vamos en un 75-80% de efectividad en cuanto a todas las órdenes de captura que nos emitió la Fiscalía General de la República (…) Hemos golpeado a las clicas: a la Stoner y a la de… Ele Ese, ¿verdad?”

En los próximos minutos seguirán llegando más jóvenes esposados y escoltados, primero de a poco, y al final una camionada entera. Al final se juntan 32, algunos pocos descamisados a la fuerza para mostrar sus ostentosos tatuajes alusivos a la Mara Salvatrucha (MS-13). Es, en teoría, el resultado del ambicioso operativo coordinado por la PNC y la Fiscalía. La foto del éxito.

Pero no.

Basta acercarse a los jóvenes y preguntarles respetuosamente para darse cuenta de que los detenidos esta madrugada son minoría.

—Yo llevo ya dos noches ahí encerrado, y por gusto, por resistencia –dice uno de ellos.
—Igual yo –agrega el compañero con el que comparte esposas–. Por resistencia, pero ¿resistencia de qué? Si yo bañándome estaba en mi casa cuando me fueron a traer.
—¿Y me podrían dejar el teléfono de algún familiar para verificar lo que me están contando? –pregunto.
—Vos periodista sos, ¿va? Pues deberías ir a ver las bartolinas de acá, del 911, que ahí ni comida nos dejan entrar, ni bebida ni ropa.

Cuesta asimilar lo que me están contando.

—A ver, a ver, a ver, que me quede clara esa onda –les digo–. Ustedes han estado otras veces en bartolinas, y ahora en el operativo los han vuelto a detener de nuevo…
—No’mbre. Que nosotros estábamos ahí adentro y en la mañana se nos cumplen los tres días ya. Hoy vamos a salir libres, pero más tarde. Y ahorita nos han traído aquí solo para hacer la propaganda.

Siete u ocho jóvenes me confirman que la mayoría de los que están ahora sentados en el parque Libertad, presentados como el fruto del ambicioso operativo nocturno, llevan en realidad varios días en las bartolinas del Sistema 911 de la PNC.

El olor característico del hacinamiento también los delata.

Fotografía: Edu Ponces

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(Este es un fragmento de una crónica ligera homónima publicada el 29 de abril de 2012 en Sala Negra de El Faro. Para leerla en su integridad, puede pulsar aquí).

A los policías guanacos se le va la mano

El Salvador es un país con 6.2 millones de habitantes y en el que en 2011 hubo en promedio doce asesinatos diarios. La tasa de homicidios por cada cien mil habitantes fue 70, el doble que Guatemala, cuatro veces la de México. La salvadoreña es una sociedad violenta, ultraviolenta, y los policías salvadoreños son parte de esa sociedad.

En la República de El Salvador el mandato constitucional de velar por el respeto y la garantía a los derechos humanos recae en la sigla PDDH, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Es una institución joven, un logro de los Acuerdos de Paz que en 1992 pusieron fin a doce años de guerra civil. En dos décadas, la PDDH ha demostrado que opera con relativa independencia, pero carga el lastre de que sus resoluciones no son vinculantes. En la práctica, la institución es poco más que una caja de resonancia que acumula denuncias, que media en conflictos y que emite cientos de informes y pronunciamientos públicos.

A finales de cada año, la PDDH acostumbra a elaborar una especie de memoria de labores. La presentada en diciembre de 2011 señaló a por enésima vez la Policía Nacional Civil (PNC) como la institución pública más denunciada por violar los derechos humanos. De enero a noviembre acumuló un promedio diario de cinco denuncias –digo: cinco denuncias contra la PNC todos y cada uno de los días–, para un total de 1 mil 710. Las violaciones al derecho a la integridad física fueron, siempre según los datos oficiales, las más habituales.

Son miles pues los salvadoreños que en su diario vivir han tenido experiencias tan negativas con los policías que hasta se han atrevido a denunciarlo.

—¿Qué tipo de denuncias reciben contra la Policía? –le pregunté un día al procurador, Óscar Humberto Luna.

—Por uso excesivo de la fuerza. O sea, a la gente la siguen maltratando, golpeando… y son denuncias que llegan permanentemente. Los policías escogen a un joven, lo golpean, lo ponen en libertad… El problema es que el tema de la seguridad no puede enfrentarse solo con represión.

Las cinco denuncias diarias en la PDDH, sin embargo, no parecen quitar el sueño al ministro de Justicia y Seguridad Pública, el responsable político de la PNC. Luego verán. Y eso que las denuncias son apenas una fracción de lo que en verdad está ocurriendo en las colonias y comunidades de El Salvador. Luego verán también.

Fotografía: Roberto Valencia

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(Este es un fragmento de una crónica titulada "Yo torturado", publicada el 9 de abril de 2012 en Sala Negra de El Faro).

Génesis de Yo torturado

El 3 de febrero de 2012 llegó a la cuenta de Gmail un correo de una humilde salvadoreña residente en Estados Unidos cuya historia me resultó tan interesante que logró que dejara a un lado todo lo que tenía entre manos y me centrara en su caso, hasta lograr cristalizarlo en una crónica titulada Yo torturado, publicada este lunes 9 de abril en la Sala Negra de El Faro. El correo decía así:

“Necesito por algun medio denunciar la golpiza que le dieron a mi sobrino unos policias que sin motivo lo bajaron del transporte publico y lo golpearon hasta dejarlo moribundo esta grave con sondas orinando y echando sangre hasta por los oidos, el no es un delincuente el trabaja en un salon de belleza y estos culeros policias chingan a kien no deben y a los que si son mareros de verdad les tienen miedo, mi familia ya fue a poner la denuncia a la fiscalia y ahorita esta en el hospital de las margaritas creo y estoy esperando que me manden las fotos de como lo dajaron de moustro yo te las mando despues, ¿que puede mi familia hacer para que no quede impune y darle seguimiento a estas injusticias? por lo que yo se no este no es un caso aislado, que estan haciendo esto a muchos jovenes inocentes amparados en que nadie puede contra ellos y por rabia y frustacion y miedo a los verdaderos pandilleros y delincuentes. Porfa espero tu respuesta, ya los pandilleros me mataron a una sobrina y ahora los policias casi me matan a su hermano. En kien podemos confiar Dios mio.”

Hasta hace unos días, la carta formaba parte de la crónica; era, valga la paradoja, un epílogo bautizado como Génesis, que en algún momento creí que funcionaría para ilustrar al lector cuál puede ser el punto de partida de una crónica en un tema tan complejo como son las expresiones de la violencia que afectan a El Salvador. Al final, y después de hablarlo con uno de los editores del texto, decidimos no incluirla en el relato; pesó más el convencimiento de que la escena fuera del edificio de Medicina Legal tenía más sabor a final. Aunque… no sé, si les estoy compartiendo estos pensamientos quizá sea porque no estoy del todo convencido de las bondades de la decisión tomada. En fin…

La crónica entera pueden leerla pulsando aquí: Yo torturado.

Y el joven que aparece en la fotografía es Dani, su protagonista.

La jura y los chacuatetes

Mañana del 5 de junio de 2010, sábado.

—¡¡¡Huevonazos!!! –grita el cabo.

Hoy hay más movimiento del habitual en el reparto La Campanera, en Soyapango. Los soldados están en campaña de fumigación contra el zancudo transmisor del dengue, y las bombas termonebulizadoras zumban. Los policías no fumigan, pero un grupo de ellos lleva un buen rato calle arriba, calle abajo en el pick up Mazda de la corporación. Ahí suben otra vez y, al pasar sobre el primer túmulo, suenan la sirena una fracción de segundo, pero suficiente para irritar al cabo fornido que está parado sobre la acera.

—¡¡¡Huevonazos!!!

Es evidente que quería que yo lo escuchara. Ve que le sonrío la gracia y se anima.

—Ya quisiera ver a uno con nosotros… 

—¿Un pick up? –pregunto, un tanto desconcertado. 

—No, a una de esas niñas. ¡Pa’que sepan lo que es trabajar!

La Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil conviven en La Campanera desde noviembre, pero rara vez patrullan juntos. Los que más se mueven son los soldados; chacuatetes, los llaman. Se les ve pasar a cada rato en grupos de tres o cuatro y armados con fusiles de asalto M-16 o Galil. En su afán por diferenciarse de las niñas, se aplican con mayor dureza. “Los soldados pegan más a lo loco”, me dirá otro día Whisper, un pandillero. Irónicamente, hombría y violencia también son valores asociados dentro de una mara. 

Fotografía: Roberto Valencia

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(Este es un fragmento de un larga crónica titulada Vivir en La Campanera, publicada el 21 de junio de 2010 en el periódico digital El Faro)

El monstruo azul

Son las 2 de la tarde y los alrededores de Catedral metropolitana están extrañamente vacíos y transitables; hasta se escucha el cantar de los pájaros entre los árboles del parque Hula-Hula. En unas horas llegará, dicen, el presidente de Estados Unidos a visitar la cripta de Monseñor Romero, pero eso, la verdad, poco importa para este relato si no fuera porque es eso lo que mantiene las calles cerradas al tráfico vehicular y por la presencia masiva de policías y soldados.

Sobre la acera de la avenida España, en la cuadra de la catedral, caminan en sentido sur-norte un joven padre y su hijo de no más de tres años. El niño llora con ganas, berrea, como si el llanto fuera si mejor argumento, y el padre, un vendedor de los puestos de música cristiana, lo lleva casi a rastras, zarandeándolo de la mano por lo descompensado de las zancadas. Cuando llegan a la esquina de la cuadra, el joven padre se detiene y, al ver en la acera de enfrente un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil, se agacha para dirigirse a su hijo, pero eleva la voz.

—Mirá quiénes están ahí… Si no dejás de llorar, te llevaré con la Policía.

Pero ni con esas reprime su llanto el niño.

Fotografía: Roberto Valencia

"Hay muchas cosas que nos gustaría que se supieran"

La capacidad es para 60, me dijo ayer el comisionado Zambrana, 80 máximo, pero en las celdas de la Policía Nacional en Bluefields se amontonan esta semana más de 130 seres humanos. La matemática suena asfixiante y urgente, pero el hacinamiento es un problema menor en el listado interminable de violaciones a los derechos de los privados de libertad.

—¿Cuál es el motivo de la visita, por favor? –se alza sobre el murmullo una voz áspera.

La Preventiva. Así se conoce el sector donde encierran a los más conflictivos. Decir que aquí hace calor es decir poco, y está tan oscuro que a las 11 de la mañana los bombillos los tienen encendidos. Hoy hay unos 70 internos repartidos en seis celdas, me dice Wismar Lewis, el risueño agente que me acompaña. Los otros 60 están en el Bodegón, el otro sector al que iré después.

—Quiero escribir sobre las condiciones en las que están –respondo.
—Está bien, man, dale… Hay muchas cosas que nos gustaría que se supieran afuera.

La celda #3, la primera a mano derecha según se entra por el pasillo, es amplia, alta y caliente como sauna; encierra a diez jóvenes, un televisor, un calendario, ropa, un montón de recipientes plásticos, dos literas de madera y hamacas, varias hamacas suspendidas de la reja que tienen por techo, bajo unas láminas que la lluvia sabe burlar, y en Bluefields llueve con ganas; todos, casi todos, se amontonan en los barrotes de la entrada por la insólita visita, y hablan atropellado: dicen que se mojan cuando llueve, dicen que antes les daban jabón y papel higiénico, dicen que su comida está de tirarla y pegarla en la pared, dicen que en lugares así debería de haber psicólogos y gente comprensiva, y el calor ahoga, y las secuelas del burumbumbún, y uno llamado Carlos Coronado me dice que le gustaría que los jueces de vigilancia vigilaran, y otro grita desde su hamaca suspendida que necesitan una fumigación, por las chinches y los zancudos, y otros dicen que aquí hay reos con condena firme que deberían estar en una cárcel del Sistema Penitenciario Nacional y no en celdas de la Policía, y eso es lo mismo que me dijo el comisionado Zambrana.

—Oye, un favor: ¿tenés dos pesos para comprar hielo?

Hace calor y está oscuro… ¿Cuántos aquí? Se acercan a los barrotes, descamisados como si fuera sauna, y sí, casi todos son jóvenes, casi todos quieren contar su caso, como si nadie nunca les hubiera preguntado, y acá casi todos están por error, dicen, y luego piden que tome una foto a la comida que les dan, la chupeta que llaman, una combinación de mucho arroz y poco frijol que en verdad está de tirarla y pegarla en la pared, hervida nomás, sin sal, sin ajo, porque la Policía no tiene presupuesto para exquisiteces, todos los días de la semana lo mismo, y luego me piden otra foto, y se animan, y posan como si fueran equipo de fútbol, rifando barrio, y se ponen unos a otros las manos cachudas en la cabeza, como niños traviesos.

—Por lo menos están sonriendo, ¿no? –me dice el risueño agente Lewis.
—¡¡¡Periodista!!! –grita alguien–. Pero esto debería de contarlo en Managua, para que vean cómo la pasamos aquí.

El que peor lo tiene es el del patio de la entrada, metido bajo el sol caribeño dentro de una caja metálica granate que usan como celda de castigo, parecida a un ascensor, solo que larga y estrecha, muy estrecha, y de la que ahora apenas salen los dedos de dos manos y una mirada de rencor; pero hasta él podría estar peor, porque enfrente de la caja metálica hay un tubo de hierro de dos pulgadas al que los privados llaman el Poste y que aún se usa para amarrar –las manos esposadas en la espalda, el tubo en medio– a los peor portados. Aquí es, pienso, donde Pen-Pen pasó amarrado como un perro, torturado.

—Mirá, español –dice la voz que hay dentro de la caja metálica, quién sabe si bromeando–, ahorita no te vamos a hacer nada, pero algún día…
—Yo te voy a robar –interrumpe otro.
—No, yo no –retoma la palabra–; yo no soy ladrón. Yo lo único que soy… yo soy asesino ya.

Las celdas más pequeñas son la #6-01, la #6-02 y la #6-03, porque las tres eran una sola, solo que la pedacearon para que acoger por separado a mujeres y a menores de 18 años, y pienso en lo irónico que resulta que, entre tanta vulneración de derechos, se haya invertido en este logro mínimo, y hay otro al que llaman Perro me pide un euro, que me lo va guardar, dice, y otro despotrica contra la Policía, que son más ladrones que ellos, que algunos son calmados, como el risueño agente Lewis, pero otros los golpean, los maltratan, y eso lo oigo también en este otro sector, en el Bodegón, donde están los más disciplinados en otras tres celdas amplias y un poco menos oscuras y menos calientes con 23, 21 y 15 personas hoy, entre las que hay un viejito de 81 años llamado Juan Cruz Pérez, que también quiere contar lo suyo, pero ahora con quien me interesa hablar es con el hermano de Pen-Pen, negro también, creole, como la mayoría en estas celdas, que lleva encerrado aquí tres meses y medio, y de quien el comisionado Zambrana me dijo que tiene el mismo historial que su hermano. 

—Mataron a Pen-Pen, y ni la jueza ni la Policía me dieron permiso para llevarme al velorio o al funeral –se queja. 

—¿Y aquí qué se maneja que pasó?
—No me ha venido a contar nadie nada, pero lo que yo oí por la radio fue que la Policía lo remató en el suelo.
—Un crimen, eso es un crimen –dice otra voz, colérica.
—¿Y tú veías seguido a tu hermano?
—No, él vivía en Willing Cay. Él vino hace poco. Pero la Policía no debía de matarlo como animal, porque él no mató a nadie.

Todavía no, quizá, pero Pen-Pen sí matará.

Fotografía: Roberto Valencia

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(Este es un fragmento de una crónica titulada La Muerte de Pen-Pen, que fue publicada el 19 de junio de 2011 en la sección Sala Negra del periódico digital salvadoreño El Faro)

Morir en Bluefields

El cuerpo de Pen-Pen todavía está dócil; hace apenas seis horas aún respiraba. Lo tienen sobre una camilla metálica, envuelto como Jesucristo en una sábana blanca, aunque la sangre que sale por los orificios de las balas comienza a teñirla de rojo. La madre, María, está sentada cerca del cadáver, quizá demasiado para una madre. Los grandes rulos en su cabello blanco dejan entrever lo inesperado y lo intempestivo de esa muerte.

La casa es humilde, de madera como se estila en el Caribe. Además de la madre, la habitación está llena de familiares, de amigos, de curiosos. Todos son negros. Casi todos son jóvenes. El silencio se vuelve más silencio cuando en la puerta aparece uniformado el comisionado mayor Manuel Zambrana, la máxima autoridad de la Policía Nacional en Bluefields. También para él ha sido una larga noche. Entrar en la casa no ha resultado sencillo, le ha tocado escuchar de todo.

—Dos o tres chavalos gritaban molestos cuando llegamos –me dirá Zambrana dos días después–, pero si usted averigua quiénes son, verá que son delincuentes con un rosario de antecedentes, con el mismo perfil de Pen-Pen.

Zambrana viene del hospital, de unas horas más tensas si cabe, pero quiere presentar sus condolencias a María, cumplir así el compromiso de visitarla, adquirido ante una de las hermanas del finado.

—Sentimos mucho lo que pasó –le dice Zambrana a María–. Aquí estamos, para ayudar en lo que podamos.

Esa ayuda se limitará a café y azúcar para la vela. Aprovecha el encuentro para explicarle la versión oficial de lo ocurrido. Le cuenta que, al verse emboscado, su hijo metió un balazo en la cabeza a un agente de la Policía Nacional, y que el compañero respondió al fuego con los cinco o seis disparos que acabaron con Pen-Pen. Serena, María responde que cree que su hijo presentía que iba a morir. La conversación es corta, y, apenas termina, Zambrana se despide con un abrazo y se retira de la casa.

En los próximos días la muerte de Pen-Pen estará en boca de todos.

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(Esta es la primera versión de la entrada de una crónica titulada La muerte de Pen-Pen, que se publicará en Sala Negra de El Faro la próxima semana)

Fotografía: Roberto Valencia

Patanes, gañanes, arribistas y gangueros

Nadie lo dice, pero falta poco para la medianoche y sabemos que es hora de despedirnos. Somos tres. Los otros dos son un oficial de la Policía Nacional Civil (PNC) y un amigo mío, periodista también. Nos hemos sentado a las 9 de la noche en la penumbra de un bar de la capital para hablar sobre pandillas, sobre el narco, sobre la PNC misma. Es una de esas conversaciones sin grabadora ni cámaras, pero que, si se superan las barreras de desconfianza, aportan más que pasar toda una vida yendo a conferencias de prensa. Esta entrevista en concreto está resultando muy ilustrativa, pero, después de cinco o seis cervezas, en la mesa ya se ha instalado la sensación de que debe llegar a su fin.

El oficial de la PNC es de los veteranos, de los que algún día se podrá afirmar que entregó su vida por el cuerpo. Fiel a las referencias que nos habían dado, parece alguien honesto y con un fuerte sentido institucional, al punto que toda la noche se ha esforzado por presentar a la Policía como una de las instituciones menos contaminadas del engranaje social salvadoreño. Hace apenas unos minutos, después de hablar largo sobre perrones, emeeses, jueces corruptos, pegeerres y mediomillones, nos ha compartido su teoría de por qué El Salvador no camina como debería. Adjetivo más, adjetivo menos, los salvadoreños, ha dicho, somos patanes, gañanes, arribistas y gangueros. Nos disgusta el orden y consideramos las normas de convivencia social como instrumentos que solo los pendejos respetan. Sus argumentos han sido muchos y variados, pero se pueden resumir en un ejemplo: si yo me voy de la delegación y dejo mi celular en la mesa, ha dicho, me lo robarán, seguro, igual que los agentes se roban entre ellos los cargadores y las botas; pero lo curioso en El Salvador es que si eso llegara a suceder, para los agentes el tonto sería yo por haber dejado el teléfono, no el ladrón; así ocurre en este país, ha dicho, y no avanzaremos mientras no corrijamos estas mañas tan interiorizadas.

Yo le he dado la razón, y hasta he contribuido con otro ejemplo: lo que ocurre en la avenida Jerusalén cuando hay trabazón, cuando decenas-cientos-miles de listillos –ricos, pobres, licenciados, analfabetos– utilizan el hombro de la calle para evitarse la cola.

Como contrapeso a la negativa descripción de la salvadoreñidad, el oficial de la PNC solo ha destacado la cherada como cualidad digna de exportación.

Pues bien, pagada la cuenta, nos despedimos en la puerta del bar, y cada uno se dirige a su carro. Han sido cinco o seis cervezas y los tres daríamos positivo en el alcotest, pero el oficial va más allá cuando con su impecable 4x4 hace un giro prohibido, se salta la doble línea amarilla y maniobra sobre la acera… como todo buen salvadoreño. 

Fotografía: Roberto Valencia

Ocho balazos para el subcomisionado

El subcomisionado Douglas Omar García Funes salió del trabajo un poco antes aquel lunes y llegó temprano a su casa de la colonia San Mateo, en San Salvador. Era el cumpleaños de su madre. Tuvo tiempo de darse una ducha antes de salir de nuevo a la calle. Se puso unos jeans y una camisa sport, agarró el paquete de Marlboro rojo y el encendedor Zippo, y comenzó a caminar hacia su camioneta. Pasaban apenas unos minutos de las 6 de la tarde y aún había claridad.

Unos pasos antes de llegar a su vehículo, donde estaba su pistola, un joven se le atravesó y comenzó a dispararle. Fueron ocho balazos calibre 40 a menos de dos metros de distancia. Dos le dieron: uno leve, en la mano izquierda; y el otro mortal, en la arteria femoral de su pierna izquierda. Se estaba literalmente desangrando cuando llegó el carro patrulla que lo trasladó hasta el Hospital Médico Quirúrgico. Por suerte, uno de los agentes había sido paramédico y le supo hacer el torniquete que le salvó la vida. Durante el traslado perdió el conocimiento.

—Siempre me han preguntado que si vi el túnel, que si vi almas, pero es mentira. Lo que pasa es que vas perdiendo fuerzas, energía, y lo que haces es dormirte.

A la mañana siguiente, a eso de las 9 y media, despertó aturdido. Allí estaba el comisionado Ramírez Medrano, quien le comenzó a hablar de otro atentado: unos aviones acababan de estrellarse contra las Torres Gemelas de Nueva York. La anestesia no le dejó digerir bien la noticia. Pronto cayó en la cuenta de que lo habían disparado y de que seguía vivo. Fue con el pasar del tiempo que supo que aquel joven que lo quiso acribillar en la San Mateo se llama Luis Alonso García, el “Rata”, y que es un pandillero de la Mara Salvatrucha.

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(Esta escena es parte de una entrevista con Douglas Omar García Funes, hoy comisionado de la Policía Nacional Civil, publicada en noviembre de 2009 en la revista Séptimo Sentido.)