El cuento de los enfrentamientos

Siete párrafos más abajo hay un revelador video con declaraciones del comisionado Cavallaro que dejan muy mal parado al gobierno de Salvador Sánchez Cerén en materia de derechos humanos, pero le invito primero a leer los siete parrafitos, porque le ayudarán a contextualizar las palabras del comisionado Cavallaro.

Más de 1,000 personas han sido abatidas por policías y soldados en El Salvador desde enero de 2015. Esas más de 1,000 personas no son todos pandilleros, y solo incluyen los homicidios cometidos en horario laboral, por decirlo de alguna manera; es decir, ocurridos en operativos etiquetados como ‘enfrentamientos’ en las bitácoras de la Policía Nacional Civil (PNC).

En todo 2016, por ejemplo, la PNC dijo que los policías y en menor medida los soldados protagonizaron 407 ‘enfrentamientos’, con un balance de 591 supuestos pandilleros, 8 policías y 2 soldados muertos. Es decir, el gobierno nos afirma sin pudor que cuando se enfrentaron a balazos policías y supuestos delincuentes, hubo 59 malacates caídos por cada servidor público fallecido.

Cada supuesto choque armado el gobierno lo etiqueta como ‘enfrentamiento’ y, salvo contadísimas excepciones, los fiscales se tragan la versión y ahí queda la cosa. A veces, cuando hay algo demasiado estridente o los periodistas destapan las incongruencias, la Fiscalía va un poco más allá, abre algún expediente, pero la mayoría de las veces termina pidiendo el sobreseimiento definitivo a favor de los policías. No hay ni un solo policía ni soldado condenado por ninguno de esos 1,000 homicidios.

La sociedad salvadoreña también tiende a creer que los ‘enfrentamientos’ son en verdad enfrentamientos, con disparos de uno y otro lado. El gobierno, de hecho, suele intercalar sus versiones oficiales con anuncios de decomisos de poderosos fusiles M-16, Ak-47 y AR-15 a esos malacates que ‘enfrenta’. Con frecuencia, también se filtran fotos de hombres cosidos a balazos con armas tiradas cerca de sus manos. Y los salvadoreños, en términos generales, aceptan, conviven y hasta aplauden el cuento de los ‘enfrentamientos’. Pocas, muy pocas voces lo cuestionan.

El Servicio Social Pasionista (SSPAS) y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca) son dos de esas excepciones. Desde hace meses explicitan sus sospechas de que una parte de los ‘enfrentamientos’ son en realidad ejecuciones extrajudiciales. Y sospechan también que la Fiscalía, algunos jueces e incluso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos están siendo muy crédulos con la versión oficial. Por esas complicidades, y porque consideran que es algo fundamental para la sanidad de un Estado de derecho, decidieron denunciar al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH.

La CIDH decidió escuchar sus quejas, y este martes 5 de septiembre se celebró la audiencia en Ciudad de México. Durante los primeros 35 minutos hablaron, de un lado, los voceros del SSPAS y del Idhuca; y del otro, el representante del Estado salvadoreño, responsabilidad que recayó en Raúl López, el viceministro de Seguridad Pública, el mismo que la semana pasada ganó notoriedad por la ocurrencia de piropear a una periodista de El Noticiero de Canal 6.

Pero lo más relevante de la audiencia fue cuando se abrió el turno de preguntas a los comisionados. James Cavallaro tomó la palabra y dijo esto:

Dice: “Cuando hay cifras así, se trata de algunos enfrentamientos y muchos casos de ejecuciones”.

Pero, ¿quién es este tal Cavallaro para atreverse a hablar con tanta rotundidad y desmontar de un plumazo el discurso del gobierno salvadoreño?

James L. Cavallaro es uno de los siete comisionados de la CIDH. Esto dice la breve hoja de vida colgada en la página web de la institución: “Ciudadano de Estados Unidos, es abogado graduado en Harvard, con un posgrado en derecho de la Universidad de California en Berkeley y un doctorado en derechos humanos y desarrollo de la Universidad Pablo de Olavide, en Sevilla, España. Actualmente James L. Cavallaro es profesor de derecho en la Universidad de Stanford y director fundador de la Clínica de Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Resolución de Conflictos y el Centro de Derechos Humanos de dicha Universidad. Anteriormente fue profesor de derecho en la Universidad de Harvard y director ejecutivo del programa de derechos humanos de Harvard. Fue fundador del Centro de Justicia Global, una organización basada en Brasil, y fue director de las oficinas en Brasil de Human Rights Watch y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Es autor de decenas de artículos, libros y otras publicaciones sobre derechos humanos y sobre el sistema interamericano de derechos humanos. Fue elegido comisionado en el 43º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en junio de 2013 por el período reglamentario de cuatro años, contados a partir del 1º de enero de 2014. En el 154º Período de Sesiones de marzo de 2015, fue electo primer vicepresidente de la CIDH. A partir del 1º de enero de 2016 asumió la presidencia en sustitución de la excomisionada Rose-Marie Antoine, quien culminó su gestión el 31 de diciembre de 2015”.

Habrá quien hoy ponga cara de sorpresa ante la contundencia del comisionado Cavallaro. Pero la Sala Negra de El Faro publicó en octubre de 2016 una investigación periodística que ya demostró, con idénticos argumentos a los que usó el comisionado Cavallaro, que la versión del ‘enfrentamiento’ encubre en realidad viles ejecuciones extrajudiciales cometidas bajo un manto de impunidad. El trabajo está basado en las cifras oficiales de muertos y heridos en uno y otro bando cada vez que se ‘enfrentan’, interpretadas también por reputados expertos internacionales en la materia, como lo es el comisionado Cavallaro.

Al calor de sus declaraciones, les invito a leer o a releer el reportaje ‘Casi que Guardia Nacional Civil’.

Apenas nada sucedió tras la publicación de esta investigación en octubre pasado. Y dudo que vaya a suceder algo ahora. ¿Por qué? Porque me temo que el Estado y la sociedad salvadoreñas, en general, creen que las ejecuciones extrajudiciales cometidas por policías y soldados son beneficiosas o, en todo caso, un problema menor. Por algo somos una de las sociedades más violentas del mundo, si no la más.

Foto Marvin Recinos (AFP).

Cimientos podridos

Algunos ya sabrán: el joven Miguel Ángel Deras, Miguelito, fue sobreseído definitivamente el pasado 22 de febrero por el Juzgado Especializado de Instrucción ‘B’ de San Salvador.

Pido disculpas para los que ya saben pero, para los que no, trataré de condensar su caso en un párrafo: a Miguelito lo detuvieron en la casa de sus padres el 17 de mayo de 2016, lo presentaron encadenado, nos dijeron que era un terrorista de la 18-Revolucionarios llamado el Slipy de la Santa María, y lo involucraron en la peor masacre cometida en El Salvador en el último lustro. El 25 de mayo publicamos en El Faro una investigación que demostraba que Miguelito ni siquiera era marero, pero la Fiscalía igual pidió que lo encarcelaran por más de 300 años, la Policía Nacional Civil lo tuvo 59 días encerrado en condiciones infrahumanas, y pasó otros siete meses con medidas sustitutivas, antes del sobreseimiento definitivo.

Hoy es un joven sin deudas con la justicia. ¿Y ahora qué? ¿Un triunfo del bien sobre el mal? ¿Somos hoy una mejor sociedad que ayer? ¿Periodismo justiciero? ¿Misión cumplida? ¿...?Nada que ver. Como el periodista que destapó y dio seguimiento al caso, no negaré que haber contribuido a su libertad genera cierta satisfacción profesional y personal, pero muy limitada –créanme– tras conocer los pormenores y las posibles consecuencias ante la opinión pública.

Miguelito ha tenido que irse de su Quezaltepeque natal por miedo a represalias de los mismos policías que lo detuvieron. Su familia vendió el puesto del mercado y se endeudó para pagar los desorbitados honorarios del abogado. Ni fiscales ni policías ni jueces ni funcionario gubernamental alguno le han pedido perdón, ni qué decir sobre indemnizaciones, reparaciones o similares. El Estado salvadoreño le aplicó la dosis completa de manodurismo; incluso le colocaron un revólver cuando lo detuvieron, pero chucho no come chucho, y nadie va a abrir una investigación por estos delitos y negligencias que cometen los empleados públicos que forman parte de un sistema de justicia arbitrario, corrupto y que se ensaña contra los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Claro que me alegro por Miguelito y su familia, pero me resisto a identificar su historia como una con final feliz por dos razones fundamentales: la primera, porque me niego a rimar con la palabra felicidad nada que suponga haber pasado un solo día en cualquiera de las mazmorras en las que el Estado mantiene a los privados de libertad, y Miguelito se comió dos meses en unas bartolinas policiales hacinadas y fétidas, entre verdaderos mareros.

Pero la razón más importante por la que el Caso Miguelito me ha dejado un sabor más agri que dulce es porque el Estado lo puede terminar usando, de manera más o menos premeditada, para darse baños de pureza, para presentarse como un sistema justo y garantista, un sistema en el que cuando se comete un error, este termina subsanado de una u otra forma.

No hay sistema en el mundo que esté exento de abusos de autoridad y de errores judiciales; ni siquiera los Estados de derecho que admiramos por su sólida institucionalidad y su pedigrí democrático.

Cuando casos como el de Miguelito suceden en países que funcionan, el periodismo se torna fundamental para señalar y corregir los yerros. Pero en El Salvador los errores no son la excepción dentro de un modelo potable. Los abusos, los encubrimientos y las desidias protagonizadas por policías, soldados, fiscales, abogados, peritos y jueces son pan de cada día. Se fabrican pruebas incriminatorias, se moldean los testimonios de los testigos criteriados, se prevarica, se violan los derechos humanos, se ejecuta extrajudicialmente con total impunidad…

Este ‘sistema de justicia’ se aplica con especial dureza contra los sectores más desfavorecidos, aquellos a los que Monseñor Romero llamó los ‘sinvoz’. No es algo nuevo ni mucho menos, pero la guerra contra las maras iniciada en enero de 2015 y sobre todo las medidas extraordinarias que se aplican desde marzo de 2016 han intensificado estas prácticas hasta niveles quizá no vistos desde la guerra civil.

No es una excepción Miguelito. No es una excepción la masacre de San Blas. No es una excepción Wendy Morales. No son una excepción los esposos Mejía Hernández. No es una excepción Daniel Alemán. No es una excepción que en dos años la Policía Nacional Civil haya matado a mil salvadoreños en ‘enfrentamientos’. No es una excepción…

Los atropellos que comete el Estado salvadoreño van desde los registros violentos y vejatorios hasta las ejecuciones extrajudiciales, pasando por las detenciones arbitrarias y los juicios viciados. Eso sí: tratan de no afectar a todos los estratos sociales por igual. Si eres pobre, joven, varón y vives en una comunidad controlada para las maras, se multiplican las posibilidades de ser víctima de la maquinaria estatal.

Como ocurre con los iceberg, los casos que trascienden son apenas una fracción de los que están ocurriendo, y por lo general se airean más las injusticias cometidas contra personas de estratos clasemedieros. Por eso el sinsabor con Miguelito. Bien por él, reitero, pero ante los ojos de una sociedad violenta y clasista y anestesiada como la salvadoreña me temo que el ‘final feliz’ puede tener un efecto contraproducente: dar la sensación de que el sistema corrige sus errores, y que estos son excepción.

Dudo que resulte nada bueno de la represión miope y brutal y desproporcionada que abandera un gobierno que dice ser de izquierdas, apoyado por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, por una mayoría social, y con la complicidad de las instituciones estatales que deberían ser un contrapeso. Esta estrategia genera votos, pero está llenando el país de ‘víctimas colaterales’ y de personas resentidas contra el Estado por haber sufrido en carne propia abusos, o ser familiar de o amigo de. Por otro lado, se está incubando en un grupo de policías, soldados y fiscales la idea de que se puede actuar al margen de la ley, de que “cuando la patria está en peligro, todo está permitido”, como se tuiteó en septiembre pasado desde la cuenta oficial de Twitter de la Policía Nacional Civil.

Resentimiento creciente en el bajomundo, funcionarios armados que creen estar por encima de la ley, y una ciudadanía que –salvo los casos que le afectan de cerca– aplaude o tolera la violación sistemática de los derechos humanos. No parecen los mejores cimientos para la sociedad en la que uno quiere que crezcan sus hijos.

El país que desprecia los derechos humanos

Dice David Morales, el procurador de Derechos Humanos de El Salvador:

—Recordemos que cuando el presidente Flores lanzó el manodurismo, dijo que había que trazar una línea: a un lado ubicó al Gobierno y a los ciudadanos honrados; y al otro lado, colocó a pandilleros, a jueces y a los defensores de derechos humanos.

Nunca ha sido fácil ser el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Ni en la primera posguerra ni durante la Administración Flores ni hoy, en el marco de la ‘guerra’ contra las pandillas. La institución, fruto de los Acuerdos de Paz y presentada en inicio como uno de los logros más tangibles de los años de lucha revolucionaria, cayó en desgracia demasiado pronto, en una sociedad obscenamente desigual, polarizada a límites enfermizos, con una institucionalidad raquítica, y que es la más violenta del mundo.

Transcurrido casi un cuarto de siglo, no suena muy aventurado afirmar que los salvadoreños –en términos generales– desprecian el concepto ‘derechos humanos’ y, por extensión, la institución que tiene la misión constitucional de que se respeten.

—¿Por qué las palabras derechos humanos están tan mal vistas? –pregunto al procurador Morales.
—Se ha generado un estigma, es cierto. La sociedad en ese sentido se ha atrofiado por los planteamientos de los políticos, que presentan los derechos humanos como derechos únicamente de los delincuentes. Estos discursos los retoman luego los grandes medios de comunicación, y refuerzan la percepción de que benefician exclusivamente a los delincuentes, y refuerzan la idea de que para ser efectivos en seguridad, hay que disminuirlos. Pero esas ideas son falsas.

En las redes sociales salvadoreñas ser tachado como defensor de derechos humanos es un menosprecio, un insulto. Y la institución estatal y su titular devienen con frecuencia blanco de iras inquisitoriales. En la encuesta anual de evaluación de país que realiza la UCA, el 66 % de los salvadoreños dijo en diciembre de 2014 que tenían nula o poca confianza en la PDDH. Un año después, el porcentaje había subido al 72 %.

Paradójicamente, el desprecio al concepto ‘derechos humanos’ convive con la percepción –siempre según la referida encuesta– de que durante 2015 el respeto a los derechos humanos ha empeorado o seguido igual; así lo expresaron nueve de cada diez consultados.

*****

“La izquierda se ha vuelto más represiva que las represiones que estaba denunciando antes”. La frase es de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y la pronunció el 16 de noviembre de 1979, después de recibir en el arzobispado a un grupo de personas a las que en su diario personal definió como “damnificadas por actos violentos de grupos extremistas de izquierda”. Apenas había transcurrido un mes desde el golpe de Estado del 15 de octubre, que Romero respaldó de forma explícita, casi entusiasta, lo que le supuso abiertas críticas, acusaciones y ataques de los grupos que un año después conformarían el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.

Aunque el contexto sea otro, la frase tiene hoy vigencia plena.

El conjunto de actores socio-políticos salvadoreños que se arrogan representar las esencias de la izquierda –con el partido FMLN como estandarte– cuestionó con dureza y desde distintos frentes el manodurismo como estrategia de seguridad, cuando Arena se lo sacó de la manga a mediados de la década pasada para patear el avispero de las maras, en el que quizá sea el más torpe de sus errores.

Pero desde enero de 2015, el manodurismo es la carta de presentación del Gobierno en materia de seguridad pública, elevado a niveles que lindan con el terrorismo de Estado, conincontables masacres y ejecuciones extrajudiciales protagonizadas por las fuerzas de seguridad, que ni siquiera están siendo investigadas a pesar de los trabajos periodísticos que se han publicado.

Por activa o por pasiva, el responsable de los abusos policiales es el Gobierno del FMLN, con la complicidad explícita de la Fiscalía General de la República, y velada de la inmensa mayoría de oenegés e instituciones ligadas históricamente a planteamientos de izquierda. Entidades como FESPAD, UCA o el Servicio Social Pasionista han bajado el volumen de sus denuncias por violaciones de los derechos humanos –estruendosas cuando gobernaba la derecha– hasta volverlas casi inaudibles, bien sea por afinidad ideológica con el partido de gobierno, bien por el creciente rechazo social que genera exigir el respeto a los derechos humanos.

Así, una de las consecuencias de la ‘guerra’ contra las pandillas ha sido la de profundizar el desprecio hacia el concepto ‘derechos humanos’, y con ello alimentar el círculo perverso de la violencia.

De la misma sociedad ultraviolenta que parió y nutre el fenómeno de las maras emanan los exigencias de políticas manoduristas que, si bien garantizan cierto respaldo social a sus promotores, impiden buscar soluciones reales. Maras, manodurismo, más maras, másmanodurismo, maras radicalizadas, manodurismo radicalizado… y así hasta convertir la sociedad salvadoreña en la más violenta del mundo.

*****

—¿Preocupado por lo que ha ocurrido en 2015? –pregunto al procurador Morales.
—Todos deberíamos, por la escalada de violencia.

El procurador Morales no esconde críticas cuando se le pregunta por casos concretos, comola masacre de San Blas, pero opta por la cautela y por respuestas gallo-gallina cuando se le pide posicionarse sobre la política guerrerista de seguridad pública.

—¿No cree que la institucionalidad retrocedió en 2015 respecto a la situación en 2014?
—Ante la escalada de violencia de los grupos delictivos, la respuesta del Estado ha sido en términos similares al tradicional manodurismo; sigue prevaleciendo la misma dinámica de enfrentamiento. No podría decir que la institucionalidad retrocedió, pero sí que no avanzó significativamente en los diferentes planos.

El procurador Morales está consciente de lo que está pasando en El Salvador desde enero de 2015, pero prefiere repartir responsabilidades entre todos los gobiernos que el país ha tenido desde 1992.

—El Estado –dice– nunca ejerció su deber de educar y promover una cultura de paz, de respeto a los derechos humanos, de fomento de valores democráticos. Es una obligación de Estado abandonada por décadas, además de que somos un país con una historia muy fuerte de autoritarismo, violaciones a los derechos humanos y violencias en general, que se han terminado naturalizando por la población, como fenómeno de nuestra cultura.

Nunca ha sido fácil ser el titular de la PDDH. Y en el papel timorato que también está desempeñando el procurador Morales deben pesar el rechazo social cuando se denuncian abusos policiales, o el hecho de tener el corazoncito a la izquierda, y ver que los responsables son ‘compas’ y no el ‘brazo político de la oligarquía’.

—Las clases políticas dominantes –dice el procurador Morales– venden discursos punitivos, de endurecimiento de penas, de manodurismo… visiones totalmente superadas en países democráticos por inefectivas, pero que aquí se impulsan porque es evidente que generan simpatías que se traducen en votos.

Suena a que quiere retratar al actual gabinete de seguridad, su responsabilidad por acción u omisión en las ejecuciones extrajudiciales. Pero no. Como si sintiera una obligación cuanto menos de diluir responsabilidades, rápido se esconde tras el escudo de los veinte años de Arena:

—Recordemos que cuando el presidente Flores lanzó el manodurismo, dijo que había que trazar una línea: a un lado...

Las rutinas del agente Lemus

Foto: Roberto Valencia

Dos pandilleros detenidos con diez libras de marihuana era buen saldo para una jornada de trabajo, pero el joven agente Lemus estaba colérico y quería más, quería el nombre del dealer; al menos eso es lo que dijo a los compañeros de la otra unidad para justificar que no llevaría a los detenidos de un solo a la delegación. El visible enojo del agente Lemus tenía una razón de ser: durante la persecución, el carro que manejaba había estado a punto de empotrarse contra un poste de la luz. La vio realmente cerca.

Subieron a los pandilleros esposados en el vehículo y los llevaron al pasaje de siempre, cerca de la terminal de buses. El interrogatorio fue más violento que de costumbre: puñetazos, pechadas, halones de cabello, codazos, patadas patadas patadas. De los dos policías, el agente Lemus era el que llevaba la batuta. La experiencia acumulada en situaciones similares pronto le hizo ver que no le dirían el nombre que buscaba, pero eso no hizo sino agigantar su furia. La excusa para continuar la tortura fue que quería que los pandilleros renegaran de la Mara Salvatrucha, que dijeran que su pandilla era basura. No lo consiguió. Se dio por vencido cuando a uno de ellos –esposado, magullado, arrodillado, indefenso– le dio tal patada en la boca que les sacó tres dientes en una bocanada de sangre. El joven quedó inerte en el suelo.

El agente Lemus sintió como estrenadas las botas nuevas que la Policía Nacional Civil le había entregado aquella misma semana.

Ocurrió en la ciudad de San Miguel algún día de 1998. Lemus, un agente asignado al Servicio de Emergencias 121, no se esforzó por memorizarlo. Nadie memoriza las fechas de la rutina.

(San Miguel, El Salvador. 1998)

-----------------------------------------

(Este relato se incluyó con idéntico título en una serie de microrrelatos titulados 'Cuentos para leer en Navidad', que se publicaron el 15 de diciembre de 2013 como bitácora de la Sala Negra de El Faro)

Las cartas de Rosemberg

Dicen que conocer el pasado ayuda a entender el presente. ¿Puede entonces comprenderse el sistema penitenciario que en la actualidad tenemos en El Salvador viendo el que teníamos hace dos décadas? Crónicas guanacas tuvo acceso a varias cartas manuscritas por un salvadoreño anónimo llamado Rosemberg, preso en el penal de San Francisco Gotera en los últimos compases de la guerra civil (1989-1990). Son tan expresivas y están tan bien escritas que se publican íntegras, con la edición mínima.

*****

San Francisco Gotera, el Pocilgo de Morazán

Gotera es un centro penal donde reinan la miseria y las injusticias por parte de sus regidores. Está ubicado en el pueblo de San Francisco, a unos 190 km. de la ciudad de San Salvador. Está rodeado por un pequeño río, el cual abastece de su agua a muchos compañeros reclusos. En dicho lugar, a su costado, se encuentra el reconocido cerro “Cirimba”, el medio de atracción para muchos compañeros jóvenes que se encuentran privados de su libertad. Muchas familias tienen que madrugar para poder ir a visitar a sus seres queridos que se encuentran sepultados vivos en ese Pocilgo, donde para poder sobrevivir has de hacer uso de la Razón, para no ser azotado como todo un animal.

Gotera

Está compuesto de cuatro recintos denominados 1º, 2º, 3º y 4º. En el primero se encuentran ubicadas personas aledañas a Morazán. El 2º recinto es una celda donde se supone tienen a todos los compañeros de mala reputación. El tercer recinto, al igual que el 2º, suelen tener a compañeros también de mala reputación, o sea, trasladados de los diferentes centros penales de la República. Y el 4º recinto es para tener únicamente a todos aquellos que se encuentran purgando grandes condenas. Allí, en el 4º recinto, está ubicada la celda de castigo conocida vulgarmente como el Sopé, un lugar espantoso donde encierran a muchos compañeros obligados a purgar castigos impuestos por el señor Granadeño. ¡Hasta diez meses o tres años! Algo infrahumano. No hay un tiempo estipulado.

1º 1989

―Hey, carnal, ahí te dejé el encargo en el maletín. Ya sabes, ¿verdad?

Me dijo el Verde, un elemento de dicho cuerpo de dicha institución [la Guardia Nacional].

―Tené cuidado, vos sabés lo mejor…
―No sé a qué te refieres –le respondí.
―Ya te dije.

Al día siguiente, a eso de las 6:15 a.m., me habían tendido una emboscada. Qué sorpresa.

―Oye, joven Rosemberg, queremos hablar con vos. ¿Qué te pasa? ¿Estás jugando con nosotros o qué?
―No sé de qué me hablan –susurré.
―No te hagás –me dijo el guardia–, en tu puesto acabamos de encontrar un cargamento de marihuana. ¿Quién te la pasó? Ahora nos vas a decir todo lo que sabes, y, si no, ya vamos a platicar con los Derechos Humanos.

Así le decían a una manila gruesa de color rosado que utilizaban para colgarlo a uno y luego golpearlo hasta caer moribundo.

Después de una fuerte paliza, fui conducido por los verdugos de ese lugar hacia el Sopé. Empezaron a correr los días. Después se hicieron semanas. Luego fueron meses. Hasta que se convirtieron en años en dicho castigo. Todo era defectuoso. No había un alma que se dignara a entregarnos un poco de agua. Qué miseria. Parecía que a todos se los hubiera tragado la tierra. Solo se oían el llorar de los grillos y el maullar de los gatos. Estábamos en plena ofensiva. No había qué comer. Ya casi era Navidad. Todo estaba desolado. No nos atendía pues el señor Granadeño. Lo único que sabía decir era: ya los voy a colgar, ¿para qué insisten? ¿Que no ven que aquí es Gotera? ¡Aquí es pija y verga! ¿Que no entienden? ¡Aquí o se calman o los calmamos, perras!

31 de diciembre de 1989

Estábamos en el fin de año, todo era silencio. Parecía todo en armonía. Era una mañana muy bella, cuando apareció Acevedo encabezando una escuadra de verdugos.

―¿Cómo están, chamacos? Dice mi comandante que les va a dar la despedida de fin de año, así es que empiecen a prepararse. Perros como ustedes no merecen vivir –murmuró el Guardia–, son una lacra para la sociedad. Mejor si hubieran muerto pequeños.

Eran casi las 2 de la tarde.

Nos dejaron con el alma destruida.

―Oye, Óscar –le dije a mi compañero–, qué despedida de año, ¿sabes? Hoy es el día que sin duda me van a matar a golpes. Te quiero pedir un favor: ahí te dejo la dirección de mi jefa. Si acaso ya no regreso, dile que la quiero mucho.
―No, compadre –dijo Óscar–. Tienes que seguir viviendo, me haces falta, no pienses así, me pones triste, ¿acaso no te das cuenta de que un día tenemos que salir de este Pocilgo? Tú eres muy útil. Quítate esas ideas, carnal. Estos verdugos tienen que pagar por todo lo que hacen por nosotros. Pídele a Dios que nos ayude.

Estábamos platicando cuando fuimos interrumpidos por una voz fuerte: “Hey, cabrones, qué bulla la que tienen, aquí no están en su casa”.

―Tú, muchacho, muévete –me dijo un verdugo–. Ven acá, necesitamos hablar con vos. Allá arriba, en la Guardia, te necesitan.

Y empezaron a golpearme hasta quebrarme de ambos brazos. Luego me condujeron a un cuartucho todo deteriorado, cuando apareció un señor gordo con unos ojotes color verde, cara redonda.

―¿Tú eres Rosemberg? Ja, ja, ja. Mica muchacho. Yo esperaba encontrarme con un gran hombronazo, pero mira nada más, no parecés lo que eres. ¿Qué, acaso tienes miedo? No te preocupes, yo soy el comandante de este centro, yo te voy a ayudar. Traigan los Derechos Humanos –susurró el señor–, denle su Navidad a este, ya saben cómo hacer.

Empezaron a colgarme y a golpearme hasta dejarme por muerto. Ya casi era medianoche. Me agarraron de los cabellos y empezaron a arrastrarme por todos los pasillos, hasta la puerta del Sopé.

―Púdrete en el infierno, perro maldito.

Óscar solo me observaba y me decía: “No desmayes, compadre, yo te voy a cuidar, ten paciencia”. Y así fue que recibí el año nuevo de 1990. Yo me lamentaba a solas con mi compañero y le contaba toda mi vida. Yo sentía que mi vida ya no tenía razón. ¿Para qué seguir viviendo en esta vida de perros que estoy afrontando? Preferiría mejor que me mataran de una vez, más cuando me miraba los brazos y la pierna izquierda, totalmente quebrantados. Me decía en silencio: malditos verdugos, tarde o temprano tienen que pagar las injusticias que cometen con todos nosotros. Pero aun así, el Todopoderoso no nos abandonaba, siempre puso a alguien en nuestro camino.

―Hey, muchachos –dijo Chentino, un señor bastante humanitario, también miembro de ese cuerpo–, sé que están resentidos, pero no conmigo, yo no les he hecho nada. ¿Saben? Cristo les ama. Confíen en él. Yo soy su amigo. No me miren con ojos de odio. No tengo nada que ver con lo que les han hecho. Yo les quiero ayudar. Permítanme darles la mano. Soy cristiano.

1 de enero de 1990

Empezábamos un nuevo año. Todo era lágrimas y llanto, pues entre nosotros reinaba la intranquilidad, la zozobra, pues las únicas amigas que teníamos eran la angustia y la soledad. Pero, aún así, afrontando la dura realidad de la vida, siempre confiaba que había un Dios que nos podía ayudar.

En un rinconcito de la mentada celda de castigo se encontraban las siluetas de dos hombres, a los cuales la vida les había tratado muy duro. Allí, en esa esquina del Sopé solíamos derramar nuestras lágrimas. Allí se encerraban nuestras tristezas. Todo era amargura y dolor. Le pedíamos al Todopoderoso que nos ayudara, que nos sacara de ese infierno en el cual estábamos viviendo, pero nuestras oraciones no eran escuchadas. Había momentos en que me decepcionaba y me decía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Acaso no soy tu hijo? ¿Qué te he hecho yo, Dios mío, para que me des esta clase de vida? Sácame de aquí, yo te prometo cambiar mi forma de vida. Solo tú me puedes ayudar. Tócales el corazón a estos señores para que nos den otro trato, pero, aun así, mis oraciones no eran escuchadas.

Llegué al extremo de maldecir mi propia vida, pues yo anhelaba un milagro, pero todo era en vano. Empezaron a transcurrir los días, y todo seguía lo mismo, pues el trato para con nosotros eran más severo. Existían todas las discriminaciones del mundo que puedan existir, hasta que un día le dije:

―Oiga, comandante Granadeño, ¿acaso no tiene hijos usted? Piense en ellos, ¿no se pone a pensar que el día de mañana pueden afrontar la misma situación?
―Yo no soy el que los castigó, sino que la ley, bastardos.

24 de febrero de 1990

―Hey, muchacho, ¿cómo has amanecido?
―Bien –contesté.
―Dice mi comandante que te va a dar permiso para que vayás a comprar a la primera.
―Ah, sí, ¿no? Qué lástima…
―¿Por qué? –preguntó el guardia.
―Porque no tengo ni un centavo partido por la mitad.
―Eso no es problema, yo te daré para que compres lo que vos querrás.
―Sí, pero no tengo qué ir a hacer allá arriba –susurré.

Yo no tenía nada de confianza en esos verdugos, pues su palabra favorita era “pija y verga”, una frase bastante usual entre el personal de vigilancia de ese centro. Momentos después, fui conducido por los pasillos hacia la guardia de prevención, donde se encontraba situada la primera bartolina.

Fui llamado donde se encontraba el comandante de guardia, me rodearon un puñado de agentes, atándome de pies y manos. Decía el Negro Quintanilla: “Matemos a este perro y lo vamos a dejar al río”. De pronto, apareció un señor de aproximadamente 1.90 de estatura, tez blanca, cabello blanco, ojos verdes, bastante risueño.

―Óyeme, hijo –me dijo–, ¿cuál es tu problema?
―Ninguno –contesté.

Estuvo platicando con el comandante Rogel.

―Mire, Rosemberg, te he mandado a llamar para decirte que ya no vas a estar en el Sopé. Te vamos a pasar a una isla de la segunda bartolina, pues vos no podés vivir en ningún recinto. Los Migueleños no te aceptan en el recinto, y si te dejo allí, me podés ocasionar muchos estragos. Dice el Ruco que si te metemos en el recinto, te matarán.
―No hacen nada –contesté–. Esos son matamuertos, métanme allí, yo no tengo problemas.

El Ruco era el jefe de dicha banda (Los Migueleños). Era enormemente fuerte, parecía un Rambo salvadoreño, tenía bajo su voz y mando aproximadamente a unos 80 migueleños en el 1989, que integraban la banda más temida del centro penal de San Francisco Gotera, un lugar donde la vida no valía nada. La vida de mis compañeros llegó a tener el valor de un pantalón o de un par de zapatos, algo que no valía la pena. Era una vida de lloros y llantos.

Yo ya me encontraba en una de las islas de la segunda, donde reinaban todas las picardías que puedan existir. Era de imaginárselo. Todos los días llegaban Polillo, Pinico, Lágrima de karateca y otros secuaces del Ruco a tirarnos agua hirviendo. Eran los buenos días que nos daban a mí y a mis compañeros que se encontraban conmigo en la isla.

Me decían Germán y la Pescada: mirá, compa, cuando salgamos a bañarnos agarremos a unos tres cabrones de esa banda y les enseñamos a respetar la dignidad de los Varones. Ellos creen que nosotros les tenemos miedo, pero vos sabés, Rosemberg, que no es así. Estos majes son fuertes con la gente débil, pero no pierdo las esperanzas de verlos tragando su propia sangre. Recordá que estos sujetos tienen comprada e intimidada a la vigilancia. Meterse con estos es como que nos metamos con el comandante Granadeño, pues esta banda tenía la autorización de Granadeño de tener adentro del recinto navaja Okapi, cuchillos Stanley automáticos y zapateras. Ellos violaban a las visitas de mis compañeros trasladados y no les decían nada. Mataban a mis compañeros y nos les decían nada. No les hacían proceso a ninguno; lo que decían los inspectores Lolo y Neto era: ya era tiempo que mataran a este hijodeputa, ya muchas había hecho. Jajaja, se carcajeaba el inspector Neto cada vez que mataban a nuestros compañeros.

Abril 1990

Muy presentes tengo las palabras del señor inspector Neto: “Hey, Ruco, tomá, te voy a hacer un regalo”, y le tiró desde la terraza un yatagán de fusil G-3. Es para tu uso personal; ya sabes, ¿verdad? Tienes que terminar con todos los pícaros de San Salvador, y así sucedió. Al tercer día estaba dándole muerte al M.S. y al compañero Arturo, ambos jóvenes, con la misma arma que le había dado el inspector Neto. Decía el Ruco enfrente de los finados: “Bueno, mara, mi padre Satanás me ha pedido más almas, así que ya saben, ¿verdad? Aquí el que no corre vuela, y al que mucho vuela hay que cortarle las alas”. Era algo extremadamente horrible. No había ni un minuto de tranquilidad en ese lugar maldito. Había que dormir un rato con cada ojo, vivir para contarlo. Maldita la hora que vine a parar a este infierno, pues todos se preguntaban: ¿seré yo el próximo? Una vida de amargura.

Agosto, 21 1990

Era un día de visita, una mañana hermosa, cuando llegaba la esposa de un compañero, y a todos los integrantes de esa banda se les salían los ojos observando a la muchacha. No les bastó solamente observarla, sino que se acercó Lágrima con dos cuchillas en la mano.

―Hey, mirá, cabrón, hoy nos vas a prestar a tu mujer.
―No –decía nuestro compañero–, eso no; mejor mátenme.
―Sí –contestó Lágrima–, te vamos a matar, pero después de que te hagamos el amor a vos y a tu chava, ¿o crees que no?

Y a puras cuchilladas metieron a la muchacha y a nuestro compañero a los baños del tercer recinto, para hacerles el amor. A los regidores de esa institución solo les daba risa, no les decían nada porque les tenían miedo. Casos como este continuaban sucediendo muy a menudo.

Nosotros, los Trasladados, empezábamos a llenarnos de furia al ver la clase de atropellos que cometían la banda Migueleña contra nosotros. Entre nosotros solo albergaba la idea de hacerles pagar por todo lo que cometían, ya que ni el señor Granadeño, ni el señor juez de Segunda Instancia ni el señor director general de Centros Penales ni el señor ministro de Justicia… todos hacían caso omiso de todo lo que acontecía en el penal de San Francisco Gotera por parte de la denominada banda Migueleña. Todas sus acciones las dejaban al olvido. Podían matar, violar, robar, puyar, en fin, toda clase de maldades y nunca les decían nada. Más de dos docenas de compañeros trasladados perdieron la vida en manos de esa banda, y nunca dijeron nada. Quedó al olvido.

Septiembre, 24 1990

Era un día sábado. Todos los trasladados ya nos encontrábamos cansados de ver todas las injusticias que allí sucedían, cuando de repente llegó un traslado de aproximadamente 20 compañeros más, y fue llegando que empezaron los integrantes de esa banda.

“Bueno chamacos –dijo el Ruco–, aquí yo soy el encargado, y aquí se hace lo que yo digo; no quiero que anden poniendo audiencias ni que pongan papeles para enfermería. Tampoco quiero que anden en grupos de tres para arriba. Creo que entienden, ¿verdad? De no ser así, tienen que atenerse a los resultados que les puedan acontecer el día de mañana. Ah, otra cosa, yo no quiero que me anden poniendo quejas de que les he robado sus cosas, ya estamos suficientemente grandes para cuidar nuestras cosas. Si alguno de ustedes considera poder tener problemas con alguno de nosotros, es mejor que se aísle o que se vaya para otro recinto. No quiero verlos platicando con ningún cabrón de los que se encuentran aislados en esas islas. Eso les puede costar la vida. Después no vayan a decir que no les he dicho nada”

Los tenía amenazados, los tenía reprimidos, todos los compañeros se sentían sumamente cohibidos. El temor a esa banda los tenía a todos paralizados, pues era prohibido hasta platicar con nuestros amigos. Los murmullos entre nosotros eran más continuos. Tarde o temprano tendrán que responder por todo lo que han cometido. La pagarán con creces.

*****

Así concluyen las diez páginas manuscritas que llegaron a la Sala Negra de El Faro. De lo que le sucedió a Rosemberg solo supimos que tiempo después fue trasladado al penal de Apanteos, en Santa Ana. El conflicto que queda abierto, entre trasladados y lugareños (representados en esta ocasión por el Ruco y su temible banda Los Migueleños), tomó mucha más virulencia en la década de los 90, y aún hoy sigue coleando.

La situación en las cárceles salvadoreñas sigue siendo una bomba de tiempo, valga la frase manida. Y el papel del Estado en las cárceles, cuya función constitucional es rehabilitar a sus inquilinos, no ha hecho sino diluirse con el paso de los años.

Fotografía: Roberto Valencia

--------------------------------------------------------------

Estos relatos se publicaron por primera vez en tres entregas la sección Bitácora de Sala Negra de El Faro, en los días 1, 2 y 3 de octubre de 2012. Puede consultarlos pulsando aquí, aquí y aquí.

A los policías guanacos se le va la mano

El Salvador es un país con 6.2 millones de habitantes y en el que en 2011 hubo en promedio doce asesinatos diarios. La tasa de homicidios por cada cien mil habitantes fue 70, el doble que Guatemala, cuatro veces la de México. La salvadoreña es una sociedad violenta, ultraviolenta, y los policías salvadoreños son parte de esa sociedad.

En la República de El Salvador el mandato constitucional de velar por el respeto y la garantía a los derechos humanos recae en la sigla PDDH, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Es una institución joven, un logro de los Acuerdos de Paz que en 1992 pusieron fin a doce años de guerra civil. En dos décadas, la PDDH ha demostrado que opera con relativa independencia, pero carga el lastre de que sus resoluciones no son vinculantes. En la práctica, la institución es poco más que una caja de resonancia que acumula denuncias, que media en conflictos y que emite cientos de informes y pronunciamientos públicos.

A finales de cada año, la PDDH acostumbra a elaborar una especie de memoria de labores. La presentada en diciembre de 2011 señaló a por enésima vez la Policía Nacional Civil (PNC) como la institución pública más denunciada por violar los derechos humanos. De enero a noviembre acumuló un promedio diario de cinco denuncias –digo: cinco denuncias contra la PNC todos y cada uno de los días–, para un total de 1 mil 710. Las violaciones al derecho a la integridad física fueron, siempre según los datos oficiales, las más habituales.

Son miles pues los salvadoreños que en su diario vivir han tenido experiencias tan negativas con los policías que hasta se han atrevido a denunciarlo.

—¿Qué tipo de denuncias reciben contra la Policía? –le pregunté un día al procurador, Óscar Humberto Luna.

—Por uso excesivo de la fuerza. O sea, a la gente la siguen maltratando, golpeando… y son denuncias que llegan permanentemente. Los policías escogen a un joven, lo golpean, lo ponen en libertad… El problema es que el tema de la seguridad no puede enfrentarse solo con represión.

Las cinco denuncias diarias en la PDDH, sin embargo, no parecen quitar el sueño al ministro de Justicia y Seguridad Pública, el responsable político de la PNC. Luego verán. Y eso que las denuncias son apenas una fracción de lo que en verdad está ocurriendo en las colonias y comunidades de El Salvador. Luego verán también.

Fotografía: Roberto Valencia

------------------------------------------------------

(Este es un fragmento de una crónica titulada "Yo torturado", publicada el 9 de abril de 2012 en Sala Negra de El Faro).

Quien siembra impunidad...

Desde hace más de un año mantengo una fluida relación epistolar con el coronel Majano; incluso quedamos en Madrid una tarde para platicar. Como intuyo que para las nuevas generaciones de salvadoreños ese nombre poco o nada significa ya –Francisco Flores y Armado Calderón Sol también se habrán diluido dentro de medio siglo–, no está de más recordar que Adolfo A. Majano Ramos fue protagonista indiscutible en el golpe de Estado del 15 de octubre de 1979, uno de los pocos de corte progresista en la historia salvadoreña, que puso fin a tres décadas de gobiernos militares autoritarios. Majano no solo protagonizó el golpe, sino que integró la primera y la segunda Junta Revolucionaria de Gobierno hasta que, en diciembre de 1980, y después de sufrir varios atentados, optó por el exilio y se fue a Canadá.

Infiero que Majano, quien hoy es un activo septuagenario, sigue siendo un personaje incómodo para elestablishment guanaco, palabreja en la que incluyo a los dos bandos que primero hicieron la guerra, que luego firmaron la paz, y que, en esencia, son las mismas personas que en la actualidad administran –y se lucran– del poder político-institucional. Majano encarna el golpe de 1979, el último intento honesto por evitar la guerra, un golpe abrazado con entusiasmo incluso por Monseñor Óscar Arnulfo Romero, pero serruchado desde el inicio por la ultraderecha y también por los grupos de izquierda, ambas extremas convertidas paradójicamente hoy enestablishment.

Ahora bien, ¿qué pinta el coronel Majano en Sala Negra, un esfuerzo periodístico que trata de desenredar el complejo problema de violencia que afecta a Centroamérica en la actualidad?

Hoy es sábado, 25 de febrero, y Majano acaba de enviarme varios correos con copias digitales del informe preliminar original elaborado por la Comisión Especial Investigadora de Reos y Desaparecidos Políticos, la primera intentona estatal por recopilar, denunciar y tratar de corregir los atropellos cometidos por el propio Estado. El documento, de cuatro páginas mecanografiadas, está fechado el 23 de noviembre de 1979 (apenas diecisiete días después de que juramentaran la Comisión), y lo firman sus tres integrantes civiles: Roberto Lara Velado, Roberto Suárez Suay y Luis Alonso Posada.

Las conclusiones preliminares son sorprendentemente diáfanas y acusadoras. La Comisión explicita los nombres y apellidos de 18 personas (16 hombres, 2 mujeres) y acusa sin ambages de su desaparición y presumible muerte a la Guardia Nacional y a la Policía de Hacienda. No solo eso. Los autores recomiendan destruir las cárceles en los cuarteles de los cuerpos de seguridad estatales. No solo eso. El informe pide que el Estado indemnice económicamente a los familiares de los desaparecidos y/o asesinados. No solo eso. La Comisión denuncia a los miembros de la Corte Suprema de Justicia en los años anteriores “por su negligencia culpable”. No solo eso. Lara Velado, Suárez Suay y Alonso Posada solicitan enjuiciar “de inmediato” a los altos jefes militares de los dos gobiernos anteriores, incluidos los presidentes Arturo Armando Molina y Carlos Humberto Romero, sus ministros de Defensa y los directores de la Guardia Nacional, de la Policía de Hacienda y de la Policía Nacional.

En definitiva, la Comisión exigió que los responsables políticos de actos criminales –militares en activo, en su mayoría– se sentaran en el banquillo de los acusados, exigió poner un freno a la impunidad.

El informe final se presentó el 3 de enero de 1980, y las conclusiones y recomendaciones fueron similares, solo que más documentadas. Para esa fecha, sin embargo, en ambos bandos eran ya mayoría aplastante los que habían dado la espalda al diálogo y querían imponer su visión del mundo por la vía armada.

En esta coyuntura, el digno trabajo de la Comisión cayó en saco roto.

Los asesinatos en clave política son menos en la actualidad, pero asesinados sigue habiendo; catorce cada día en promedio en lo que va de 2012. Dos décadas de “paz” no han acabado con la impunidad enquistada, y no parece muy aventurado suponer que buena parte de los males de hoy hunden sus raíces en lo que se dejó de hacer ayer. ¿Cómo habría sido El Salvador si las extremas –izquierda y derecha, el establishment actual– no hubieran boicoteado aquella primera Junta Revolucionaria de Gobierno? ¿Cuánto de la violencia que nos carcome se la debemos a esa desidia por la institucionalidad? ¿Seríamos una sociedad menos descompuesta si hubiéramos hecho más caso a las voces sensatas de hace treinta años?

Es especulación pura y dura, pero me late que sí.

Pero más importante aún que mirar atrás es mirar hacia delante. ¿Qué seremos dentro de diez, veinte o cincuenta años? ¿Nos preocupa realmente a los salvadoreños el respeto a la institucionalidad y a los derechos humanos? ¿Cuántas generaciones se seguirán perdiendo?

En El Salvador no hay escuelas públicas que se llamen Roberto Lara Velado, pero sí hay una llamada General Juan Orlando Zepeda. No hay calles Roberto Suárez Suay o Luis Alonso Posada, pero sí calles Mélida Anaya Montes, Mayor Roberto D’Aubuisson, o Schafik Handal. Cada bando homenajea a los suyos, unilateralmente, y los no alineados parecen condenados al ostracismo, como las víctimas anónimas que algún día defendieron. El Salvador es un país que se esfuerza más en recordar a los que hicieron la guerra que a los que la sufrieron. Las verdaderas víctimas, los que alguien alguna vez llamó los sinvoz, siempre al final.

(San Salvador, El Salvador. Febrero de 2012)

----------------------------------------------------------------

(Esta reflexión fue publicada el 16 de marzo de 2012 en la sección Bitácora del proyecto de cobertura periodística de la violencia Sala Negra, de elfaro.net)