La muerte llegó en tren a El Progreso

En la tarde del viernes 27 de julio de 2012, Carlos Alfredo Sorto Ramírez –19 años, dieciochero, facción R del Barrio 18– y tres pandilleros más estaban sentados en la entrada de la comunidad El Progreso I, uno de esos asentamientos que supuran podredumbre, de esos a los que las etiquetas precario y marginal les quedan cortas. El Progreso I pertenece al municipio de Delgado, departamento de San Salvador, y para llegar desde la capital hay que ir primero hasta el kilómetro 5½ de la carretera Troncal del Norte, salirse en el desvío de la colonia Montecarlo y caminar unos 400 metros junto al ferrocarril, dirección a Apopa.

El tren –los policías que lo custodian– tiene un papel protagónico en este relato.

Desde hace cinco años, de lunes a viernes un tren recorre lentamente los 13 kilómetros que separan Apopa del mercado La Tiendona, en San Salvador. En su viaje de la tarde, la máquina pasa siempre por El Progreso I a las 4:45, con sorprendente puntualidad. El viernes 27 de julio no fue excepción.

Como tantos días, el grupito de pandilleros descansaba-maquinaba-fumaba junto a los rieles cuando el estruendo los alertó. La rutina: los cuatro se levantaron con parsimonia, se adentraron en el pasaje –uno de ellos incluso aprovechó para comprar una charamusca– y vieron pasar la locomotora y los vagones. Sin embargo, esta vez la máquina se detuvo por completo porque una señora que vendía empanadas pidió subir. Al detenerse, el último vagón quedó apenas unos metros delante de los jóvenes, y sobre el balconcito que hay en el extremo final, un agente joven de la PNC. Siempre viaja ahí uno.

Los cuatro pandilleros regresaron a la línea y aseguran que, sin provocación alguna, el agente desenfundó su arma y apuntó al grupo, creyeron que para intimidar. Apenas unos metros los separaban. No era la primera vez que ese mismo agente los encañonaba, por eso los jóvenes en principio no se inmutaron. Lo hicieron cuando oyeron el bombazo.

―Era una 9 mm. –coinciden dos de los testigos.

Desarmados como estaban, todos se abalanzaron pasaje abajo en busca de protección. Ajeno a todo, el maquinista prosiguió su marcha.

El balazo alcanzó de lleno el bajo vientre de Carlos Alfredo, pero pudo correr hasta la casa familiar, a unos 40 metros. Vencido por la gravedad de la hemorragia, se recostó contra una pared. El hermano menor –17 años, pandillero también– se lo echó al lomo, lo pasó al fondo de la casa, llegaron más homeboys, y rápido consensuaron la seriedad de la situación. Pidieron el vehículo a un vecino y se fueron hacia San Salvador.

Carlos Alfredo llegó cadáver a Emergencias del Hospital Rosales. Murió en el asiento trasero de un carro, en los brazos de su madre y su hermano menor.

Fotografía: Roberto Valencia

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(Este es un fragmento de una crónica publicada el 31 de julio de 2012 bajo el título de Muerte de un pandillero en la sección Sala Negra de El Faro)

A los policías guanacos se le va la mano

El Salvador es un país con 6.2 millones de habitantes y en el que en 2011 hubo en promedio doce asesinatos diarios. La tasa de homicidios por cada cien mil habitantes fue 70, el doble que Guatemala, cuatro veces la de México. La salvadoreña es una sociedad violenta, ultraviolenta, y los policías salvadoreños son parte de esa sociedad.

En la República de El Salvador el mandato constitucional de velar por el respeto y la garantía a los derechos humanos recae en la sigla PDDH, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Es una institución joven, un logro de los Acuerdos de Paz que en 1992 pusieron fin a doce años de guerra civil. En dos décadas, la PDDH ha demostrado que opera con relativa independencia, pero carga el lastre de que sus resoluciones no son vinculantes. En la práctica, la institución es poco más que una caja de resonancia que acumula denuncias, que media en conflictos y que emite cientos de informes y pronunciamientos públicos.

A finales de cada año, la PDDH acostumbra a elaborar una especie de memoria de labores. La presentada en diciembre de 2011 señaló a por enésima vez la Policía Nacional Civil (PNC) como la institución pública más denunciada por violar los derechos humanos. De enero a noviembre acumuló un promedio diario de cinco denuncias –digo: cinco denuncias contra la PNC todos y cada uno de los días–, para un total de 1 mil 710. Las violaciones al derecho a la integridad física fueron, siempre según los datos oficiales, las más habituales.

Son miles pues los salvadoreños que en su diario vivir han tenido experiencias tan negativas con los policías que hasta se han atrevido a denunciarlo.

—¿Qué tipo de denuncias reciben contra la Policía? –le pregunté un día al procurador, Óscar Humberto Luna.

—Por uso excesivo de la fuerza. O sea, a la gente la siguen maltratando, golpeando… y son denuncias que llegan permanentemente. Los policías escogen a un joven, lo golpean, lo ponen en libertad… El problema es que el tema de la seguridad no puede enfrentarse solo con represión.

Las cinco denuncias diarias en la PDDH, sin embargo, no parecen quitar el sueño al ministro de Justicia y Seguridad Pública, el responsable político de la PNC. Luego verán. Y eso que las denuncias son apenas una fracción de lo que en verdad está ocurriendo en las colonias y comunidades de El Salvador. Luego verán también.

Fotografía: Roberto Valencia

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(Este es un fragmento de una crónica titulada "Yo torturado", publicada el 9 de abril de 2012 en Sala Negra de El Faro).

Génesis de Yo torturado

El 3 de febrero de 2012 llegó a la cuenta de Gmail un correo de una humilde salvadoreña residente en Estados Unidos cuya historia me resultó tan interesante que logró que dejara a un lado todo lo que tenía entre manos y me centrara en su caso, hasta lograr cristalizarlo en una crónica titulada Yo torturado, publicada este lunes 9 de abril en la Sala Negra de El Faro. El correo decía así:

“Necesito por algun medio denunciar la golpiza que le dieron a mi sobrino unos policias que sin motivo lo bajaron del transporte publico y lo golpearon hasta dejarlo moribundo esta grave con sondas orinando y echando sangre hasta por los oidos, el no es un delincuente el trabaja en un salon de belleza y estos culeros policias chingan a kien no deben y a los que si son mareros de verdad les tienen miedo, mi familia ya fue a poner la denuncia a la fiscalia y ahorita esta en el hospital de las margaritas creo y estoy esperando que me manden las fotos de como lo dajaron de moustro yo te las mando despues, ¿que puede mi familia hacer para que no quede impune y darle seguimiento a estas injusticias? por lo que yo se no este no es un caso aislado, que estan haciendo esto a muchos jovenes inocentes amparados en que nadie puede contra ellos y por rabia y frustacion y miedo a los verdaderos pandilleros y delincuentes. Porfa espero tu respuesta, ya los pandilleros me mataron a una sobrina y ahora los policias casi me matan a su hermano. En kien podemos confiar Dios mio.”

Hasta hace unos días, la carta formaba parte de la crónica; era, valga la paradoja, un epílogo bautizado como Génesis, que en algún momento creí que funcionaría para ilustrar al lector cuál puede ser el punto de partida de una crónica en un tema tan complejo como son las expresiones de la violencia que afectan a El Salvador. Al final, y después de hablarlo con uno de los editores del texto, decidimos no incluirla en el relato; pesó más el convencimiento de que la escena fuera del edificio de Medicina Legal tenía más sabor a final. Aunque… no sé, si les estoy compartiendo estos pensamientos quizá sea porque no estoy del todo convencido de las bondades de la decisión tomada. En fin…

La crónica entera pueden leerla pulsando aquí: Yo torturado.

Y el joven que aparece en la fotografía es Dani, su protagonista.

Me roba el ladrón, me roba el Gobierno

—Para ganar tiempo, vaya a Colecturía a cancelar la refrenda –me dice Carlos Campos como quien te está haciendo un gran favor.
—¿Y cuánto es?
—Son 52 con 29.

Cincuenta y dos dólares con veintinueve centavos.

*** 

Hace dos días me robaron la cartera y todos los documentos que había adentro; entre ellos, el carné que me acredita como residente definitivo en este que ya es mi país. Lamentarse en El Salvador porque a uno lo roben es como lamentarse porque llegue la estación lluviosa. Lo que cambia en cada ocasión es el cómo –con o sin violencia, con navaja o revólver, hurto o robo…– y el qué –el CD player, el carro, el celular, pisto…–. Ahora bien, llámenlo suerte, prudencia o como quieran, pero nunca antes me habían robado la cartera desde que llegué en 2001 y, por consiguiente, nunca antes me había tocado refrendar documentos.

La Dirección General de Migración y Extranjería ha abierto una elegante oficina en la avenida Olímpica de San Salvador, justo enfrente de la torre del HSBC. Es amplia, fresca y bien iluminada; el suelo está embaldosado y limpio; y sus paredes están adornadas, además de con el obligado cuadro del presidente Funes sonriente, con grandes afiches promocionales de los rincones más bellos de El Salvador: la laguna de Alegría, Suchitoto, Tazumal… El cubículo de Carlos Campos, el oficial que me está atendiendo, está justo delante de una fotografía aérea de los volcanes de Izalco y Santa Ana. Campos ronda los 35, y su aspecto lo singularizan unos lentes similares a los que usa el comisionado Howard Cotto, su poderosa papada y su pronunciada alopecia.

—¿Y cuánto es? –le pregunto después de explicarle lo que me ha traído aquí y enseñarle la denuncia policial que sustenta mis palabras.
—Son 52 con 29.
—Ufa, ¿52 dólares? Está carito, ¿no? Yo creo que ni en Suecia deben cobrar tanto por refrendar un documento robado…
—Cada país -zanja- es soberano de poner los precios que quiere.

Parece que no soy el primero que se queja por las desorbitadas tarifas que el Gobierno aplica a los residentes extranjeros. Tiene su lógica. Si a un salvadoreño le roban su Documento Único de Identidad (DUI), Docusal, la empresa privada que lo repone, le cobra $10.31, una cifra que ya supone un castigo adicional al robo. Al “extranjero”, sea este vasco, rumano o paraguayo, Extranjería –el Estado– le cobra cinco veces más, lo que no hace sino abonar la sensación que siempre he tenido de que esta oficina gubernamental se concibió como una instancia generadora de dinero, no como prestadora de servicios. Basta un ejemplo: si un salvadoreño renueva su Tarjeta de Identidad de Extranjero (TIE) en España, un país donde el salario mínimo mensual supera los 900 dólares, paga poco más de 21 dólares.

—El carné que me robaron está vigente hasta junio de 2012, ¿este pago me ampliará al menos el plazo? –pregunto a Campos, más por sacar plática para este post que por conocer la lógica respuesta.
—No. Eso es solo por la emisión.
—¿Me están cobrando 52 dólares por un pedazo de plástico? Ya veo. Primero me roba el ladrón, y ahora me roba el Gobierno.

De hecho, cuando desapareció, en mi cartera no había más de 40 dólares en efectivo.

Fotografía: Chowy

Así amenazamos a Monseñor Romero (II)

Los viejitos quizá lo recuerden. A finales de la década de los 70, cuando la guerra civil ya se respiraba en El Salvador, se vendía por 10 centavos de colón un medio de comunicación escrito llamado La Opinión. Era un pasquín de ultraderecha en papel periódico, bien diseñado y encuadernado, que se dedicaba a calumniar e injuriar con total impunidad, como muchos en la actualidad añoran. Sin buscarla, mientras entrevistaba a un investigador por otro tema, cayó en mis manos hace un par de semanas la portada de un ejemplar de La Opinión. Debajo del nombre, muy en sintonía con la arrogancia que aún impera en las redacciones de los medios del país, la frase grandilocuente con la que los propietarios definen el espíritu de la publicación decía así: Voz de un pueblo al servicio de la verdad y defensora de los derechos humanos.

—Mira –me dijo mi interlocutor mientras me mostraba el ejemplar–, este es un periódico que hicieron solo para meterse con él.

Él es Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el obispo asesinado en marzo de 1980, y a quien me atrevo a etiquetar como una de las personas más calumniadas e injuriadas en la historia del país. La portada de La Opinión que pude examinar era la de la edición de abril de 1978. Junto a una foto del arzobispo, el titular, con letras que hasta un ciego podría leer: Harán exorcismo a Monseñor Romero. Y tres bajadas explicativas: Preocupan actitudes sospechosas del arzobispo, Piden por salvación de su alma, y Mentes diabólicas dirigen a Monseñor, que se encuentra poseído del espíritu del mal.

Han pasado más de 30 años de aquello, pero me temo que muchos de los que financiaron y/o aplaudieron medios como La Opinión –y sus herederos políticos– son algunos de los que hoy más se rasgan las vestiduras porque se haya declarado inconstitucional el inciso de un artículo del Código Penal que impedía la penalización de la calumnia y de la injuria.

Fotografía: www.i37.tinypic.com

Así amenazamos a Monseñor Romero (I)

El 30 de mayo de 1979 alguien dejó este comunicado en las oficinas del arzobispado de San Salvador, que entonces estaban a un costado del Seminario San José de la Montaña. La hoja era la mitad de un folio y tenía dibujada una gran esvástica que ocupaba un tercio del espacio. El texto, abundante y manuscrito, la rodeaba. Lo firmaba la FALANGE, uno de los escuadrones de la muerte que operó en El Salvador con total impunidad en los años previos y durante la guerra civil. FALANGE era una sigla; significaba Fuerzas Armadas de Liberación Anticomunista-Guerra de Liberación.

Monseñor Óscar Arnulfo Romero

La esvástica, símbolo del enemigo acérrimo del comunismo, es nuestro emblema. Ante el ataque traidor a la patria, nos hemos organizado, nos hemos armado y ya comenzamos a extirpar póstulas cancerosas. Su contador Montoya es uno de ellos. Tenemos una larga lista de curas, profesores, obreros, estudiantes y empleados a quienes iremos eliminando. Usted, monseñor, está a la cabeza del grupo de clérigos que en cualquier momento recibirán unos 30 proyectiles en la cara y en el pecho. Sin embargo, queremos salvarle si usted cumple con las instrucciones siguientes: por lo menos durante un mes, en todas sus homilías y en todas sus conversaciones dentro y fuera de la Santa Iglesia combatirá severamente el comunismo y a los comunistas. El día viernes de cada semana dirá un misa en sufragio del alma de cada asesinado por los BPR, FPL, ERP y los demás asesinos subversivos, alcaldes, jueces, miembros de ORDEN y agentes de seguridad, condenando y maldiciendo a los autores de tan horrendos crímenes. Condenará y maldecirá a los incendiarios, ordenando públicamente a su clero apartarse de actividades políticos y por último, el periódico Orientación y la radio YSAX deberán combatir enérgicamente al comunismo. Todas esas actividades que pueden salvarle de una muerte horrorosa comenzarán el viernes 1 de junio. Estaremos observando. 

Monseñor Romero reflexionó sobre esta amenaza el 1 de junio, tal y como recoge su diario personal, pero no se amedrentó. “Me ordenan que debo cambiar de modo de predicar, que debo condenar al comunismo, que debo elogiar a los muertos de los cuerpos de seguridad, etc., y que si no sigo esa línea, que me van a eliminar. Lo cual comprendo que son como amenazas psicológicas, para detener una voz que siente en conciencia que no se puede callar, para hacer luz en medio de tantas confusiones e intereses bastardos”.

Por cierto, el Montoya que menciona el comunicado es Carlos Humberto Montoya Ortiz, contador de profesión y colaborador del arzobispado. Llevó la contabilidad de la construcción de Catedral metropolitana y la del Secretariado Interdiocesano Social. Fue en efecto asesinado el 24 de mayo al salir de su oficina, ubicada en la plaza Libertad, en pleno centro de San Salvador. Razones para tomar la advertencia en serio había.

A los militares tampoco les gustan los aretes

El militar que con cortesía me ha indicado dónde y cómo parquear está ahora, cuando quiero bajar del carro, tan cerca de la puerta que lo golpearía si abriera con fuerza. Intimida. No es muy alto ni corpulento, pero carga un fusil de asalto M-16 y tiene la cabeza surcada por profundas cicatrices, como si el Zorro hubiera ensayado en su rostro. Supera con holgura los 40 años. Su piel está tan quemada que hace ver más blancos sus dientes. Su mirada, poderosa, la usa como su fuera un arma más. El resultado es una cara amenazante, de pocos amigos. Hoy es miércoles y es marzo, y esto es el Aeropuerto Militar de Ilopango. Es casi mediodía. Hace caliente.

—Se me quita los aretes, por favor…

¿Otra vez?, pienso. Hace medio año me sucedió lo mismo. Fue cuando quise ingresar en Zacatraz, el Centro Penitenciario de Seguridad Zacatecoluca. El mismo calor, el mismo M-16 al hombro y la misma cara de pocos amigos, pero aquella vez enfundada en un uniforme gris de la Dirección de Centros Penales. Entonces opté por quitarme los dos aretes que siempre cargo en mi oreja izquierda. La entrevista que llegaba a hacer en esa cárcel era demasiado importante como para arriesgarla por una tozudez. Pero hoy no es la misma situación. A Ilopango me ha traído la llegada de un avión de la Fuerza Aérea estadounidense, uno de esos que se meten en los huracanes para verificar qué tan fea está la situación, una cobertura lo suficientemente prescindible como para tantear hasta dónde es capaz de llegar el soldado.

—Se me quita los aretes, por favor, con aretes no se puede ingresar.
—¿Quién lo dice?
—Son disposiciones…

Disposiciones. Y ya. Nunca me dejará de sorprender la capacidad argumentativa que puede llegar a tener un militar. Se basa en el esto es así porque yo lo digo o porque un superior me ha dicho que lo diga.

—¿Disposiciones? –pregunto–. Pero en todo caso, supongo, serán de aplicación para ustedes, no para las visitas.
—Son disposiciones para todo el personal que ingresa.
—Pues a ver cómo lo arreglamos, porque no pienso quitármelos. Si quiere, llame a algún superior para ver qué decide él.

El soldado calla y, consciente de que el avión cazahuracanes hace ya un buen rato que aterrizó, acepta la derrota con dignidad, me deja entrar y hasta dulcifica tantito su tono de voz.

—Le voy a dejar pasar, pero las disposiciones están para cumplirse.