Cimientos podridos

Algunos ya sabrán: el joven Miguel Ángel Deras, Miguelito, fue sobreseído definitivamente el pasado 22 de febrero por el Juzgado Especializado de Instrucción ‘B’ de San Salvador.

Pido disculpas para los que ya saben pero, para los que no, trataré de condensar su caso en un párrafo: a Miguelito lo detuvieron en la casa de sus padres el 17 de mayo de 2016, lo presentaron encadenado, nos dijeron que era un terrorista de la 18-Revolucionarios llamado el Slipy de la Santa María, y lo involucraron en la peor masacre cometida en El Salvador en el último lustro. El 25 de mayo publicamos en El Faro una investigación que demostraba que Miguelito ni siquiera era marero, pero la Fiscalía igual pidió que lo encarcelaran por más de 300 años, la Policía Nacional Civil lo tuvo 59 días encerrado en condiciones infrahumanas, y pasó otros siete meses con medidas sustitutivas, antes del sobreseimiento definitivo.

Hoy es un joven sin deudas con la justicia. ¿Y ahora qué? ¿Un triunfo del bien sobre el mal? ¿Somos hoy una mejor sociedad que ayer? ¿Periodismo justiciero? ¿Misión cumplida? ¿...?Nada que ver. Como el periodista que destapó y dio seguimiento al caso, no negaré que haber contribuido a su libertad genera cierta satisfacción profesional y personal, pero muy limitada –créanme– tras conocer los pormenores y las posibles consecuencias ante la opinión pública.

Miguelito ha tenido que irse de su Quezaltepeque natal por miedo a represalias de los mismos policías que lo detuvieron. Su familia vendió el puesto del mercado y se endeudó para pagar los desorbitados honorarios del abogado. Ni fiscales ni policías ni jueces ni funcionario gubernamental alguno le han pedido perdón, ni qué decir sobre indemnizaciones, reparaciones o similares. El Estado salvadoreño le aplicó la dosis completa de manodurismo; incluso le colocaron un revólver cuando lo detuvieron, pero chucho no come chucho, y nadie va a abrir una investigación por estos delitos y negligencias que cometen los empleados públicos que forman parte de un sistema de justicia arbitrario, corrupto y que se ensaña contra los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Claro que me alegro por Miguelito y su familia, pero me resisto a identificar su historia como una con final feliz por dos razones fundamentales: la primera, porque me niego a rimar con la palabra felicidad nada que suponga haber pasado un solo día en cualquiera de las mazmorras en las que el Estado mantiene a los privados de libertad, y Miguelito se comió dos meses en unas bartolinas policiales hacinadas y fétidas, entre verdaderos mareros.

Pero la razón más importante por la que el Caso Miguelito me ha dejado un sabor más agri que dulce es porque el Estado lo puede terminar usando, de manera más o menos premeditada, para darse baños de pureza, para presentarse como un sistema justo y garantista, un sistema en el que cuando se comete un error, este termina subsanado de una u otra forma.

No hay sistema en el mundo que esté exento de abusos de autoridad y de errores judiciales; ni siquiera los Estados de derecho que admiramos por su sólida institucionalidad y su pedigrí democrático.

Cuando casos como el de Miguelito suceden en países que funcionan, el periodismo se torna fundamental para señalar y corregir los yerros. Pero en El Salvador los errores no son la excepción dentro de un modelo potable. Los abusos, los encubrimientos y las desidias protagonizadas por policías, soldados, fiscales, abogados, peritos y jueces son pan de cada día. Se fabrican pruebas incriminatorias, se moldean los testimonios de los testigos criteriados, se prevarica, se violan los derechos humanos, se ejecuta extrajudicialmente con total impunidad…

Este ‘sistema de justicia’ se aplica con especial dureza contra los sectores más desfavorecidos, aquellos a los que Monseñor Romero llamó los ‘sinvoz’. No es algo nuevo ni mucho menos, pero la guerra contra las maras iniciada en enero de 2015 y sobre todo las medidas extraordinarias que se aplican desde marzo de 2016 han intensificado estas prácticas hasta niveles quizá no vistos desde la guerra civil.

No es una excepción Miguelito. No es una excepción la masacre de San Blas. No es una excepción Wendy Morales. No son una excepción los esposos Mejía Hernández. No es una excepción Daniel Alemán. No es una excepción que en dos años la Policía Nacional Civil haya matado a mil salvadoreños en ‘enfrentamientos’. No es una excepción…

Los atropellos que comete el Estado salvadoreño van desde los registros violentos y vejatorios hasta las ejecuciones extrajudiciales, pasando por las detenciones arbitrarias y los juicios viciados. Eso sí: tratan de no afectar a todos los estratos sociales por igual. Si eres pobre, joven, varón y vives en una comunidad controlada para las maras, se multiplican las posibilidades de ser víctima de la maquinaria estatal.

Como ocurre con los iceberg, los casos que trascienden son apenas una fracción de los que están ocurriendo, y por lo general se airean más las injusticias cometidas contra personas de estratos clasemedieros. Por eso el sinsabor con Miguelito. Bien por él, reitero, pero ante los ojos de una sociedad violenta y clasista y anestesiada como la salvadoreña me temo que el ‘final feliz’ puede tener un efecto contraproducente: dar la sensación de que el sistema corrige sus errores, y que estos son excepción.

Dudo que resulte nada bueno de la represión miope y brutal y desproporcionada que abandera un gobierno que dice ser de izquierdas, apoyado por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, por una mayoría social, y con la complicidad de las instituciones estatales que deberían ser un contrapeso. Esta estrategia genera votos, pero está llenando el país de ‘víctimas colaterales’ y de personas resentidas contra el Estado por haber sufrido en carne propia abusos, o ser familiar de o amigo de. Por otro lado, se está incubando en un grupo de policías, soldados y fiscales la idea de que se puede actuar al margen de la ley, de que “cuando la patria está en peligro, todo está permitido”, como se tuiteó en septiembre pasado desde la cuenta oficial de Twitter de la Policía Nacional Civil.

Resentimiento creciente en el bajomundo, funcionarios armados que creen estar por encima de la ley, y una ciudadanía que –salvo los casos que le afectan de cerca– aplaude o tolera la violación sistemática de los derechos humanos. No parecen los mejores cimientos para la sociedad en la que uno quiere que crezcan sus hijos.

El chivo Nelson Rauda

Nelson Rauda Portillo fue el director general de Centros Penales entre el 7 de febrero de 2012 y el 30 de mayo de 2013, casi 16 meses que calzan con la primera fase de la Tregua. Rauda fue el relevo de Douglas Moreno, quien asumió cuando el expresidente Mauricio Funes tomó las riendas del Ejecutivo en junio de 2009. Y a Rauda lo sucedió Rodil Hernández, quien se mantiene hasta la actualidad como director general.

El triunvirato Moreno-Rauda-Rodil merecería un extenso reportaje, pero ahora me limitaré a consignar que fueron buenos amigos de juventud y que, antes de desembarcar asidos de la mano en el gobierno de Funes, trabajaron codo con codo en el Departamento de Prueba y Libertad Asistida (DPLA) de la Corte Suprema de Justicia. En los primeros años del FMLN, el trío Moreno-Rauda-Rodil fue el uno-dos-tres del organigrama de la Dirección General de Centros Penales.

De los tres amigos –hoy examigos–, Rauda es el único que enfrenta un proceso penal por el llamado ‘Caso Tregua’, quizá el proceso más mediático de la gestión del fiscal Douglas Meléndez. Cuando uno analiza el organigrama fiscal de la dizque estructura criminal que operó en las cárceles durante la primera fase de la Tregua, aparece en la cúspide, por encima incluso de Raúl Mijango. Pero a mí, que en mi condición de reportero que tenía asignada la cobertura de cárceles llegué a conocer a Rauda profesionalmente, me resulta difícil imaginarlo como el cerebro de nada.

Nelson Rauda, exdirector de Centros Penales (2012-2013). Foto cortesía PNC.

Uno de los ‘hallazgos’ que la Fiscalía presenta en el ‘Caso Tregua’ es una especie de red tóxica conformada por empleados de equipo técnico del Centro Penal de Seguridad Zacatecoluca y del Consejo Criminológico de la Región Paracentral, todo bajo la supervisión de Rauda. Esta estructura es, según el requerimiento fiscal, la que redactó y firmó los informes que permitieron sacar los días 8 y 9 de marzo de 2012 a una treintena de líderes de las pandillas Mara Salvatrucha, 18-Revolucionarios y 18-Sureños hacia cárceles ordinarias, el detonante de la Tregua y la primera de las concesiones de la Administración Funes en su negociación con las maras.

Nada más lejos de mis intenciones defender a Rauda, que siempre me pareció un funcionario gris, pero adivino oportunismo e incluso dolo en la acusación fiscal. ¿Que desde Centros Penales se hizo un uso arbitrario de los informes que elaboran los equipos técnicos de cada cárcel y los consejos criminológicos? Sí, pero es práctica habitual desde que a mediados de los noventa se aprobó la Ley Penitenciaria vigente. ¿Que los líderes de las tres pandillas salieron de Zacatraz gracias a esa arbitrariedad? Sí, pero es la misma arbitrariedad que los regresó en febrero de 2015. ¿Han necesitado cuatro años para concluir que son arbitrarios los informes favorables de los consejos criminológicos? Me resulta extraño que la Fiscalía salte ahora por una ilegalidad en particular y que la amarre a la Tregua, cuando una investigación periodística que firmé en noviembre de 2012, titulada ‘La cárcel es más humana si tu cuñado es el director de Centros Penales’, demostró que Rauda había usado idénticas mañas para favorecer a su cuñado, encarcelado por posesión y tenencia de drogas. Entonces, la Fiscalía ni siquiera parpadeó.

Rauda, me temo, es el fuego de artificio del momento, el hombre caído en desgracia, el paria, la persona que el Sistema sacrifica para que el Sistema sobreviva.

La última vez que coincidí con Rauda fue en Bogotá, Colombia, en septiembre de 2015. Lo invitaron –gastos pagos– como representante de la Secretaria General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el exilio dorado que le procuró la Administración Funes después de dejar la dirección general de Centro Penales, quizá la manera de comprar su silencio. El mismo Rauda que se hospedaba en el Hilton pasó, en un chasquido, a convertirse en chivo expiatorio de una práctica tan ilegal como arraigada en la institución que dirigía.

La evaluación de reos dependiente de equipos técnicos en cárceles y de consejos criminológicos –sumisos todos en la práctica a la dirección de turno de Centros Penales– permite que un director general alivie la condena de su cuñado, permite también que peligrosos mareros obtengan de un día para otro informes benévolos para su salida de Zacatraz, y permite también que un reo con dinero o influencias suficientes compre su Fase de Confianza o su Libertad condicional, regímenes codiciados cuando se está privado de libertad.

Nada de eso se ha puesto en entredicho y me temo –y ojalá me equivoque– que tampoco se pondrá. La Fiscalía ha agarrado con pinzas los traslados desde Zacatraz, los ha criminalizado en el ‘Caso Tregua’ y se ha querido anotar un punto al perseguir la que seguramente sea la política pública más impopular de la última década. Sin padrinos políticos, Rauda cae como mango maduro, del cielo al infierno sin escalas. Pero el Sistema se mantiene pútrido y firme, ni siquiera levemente cuestionado.

Monseñor Romero: "Un llamado al sector no organizado, para que actúe en favor de la justicia"

Mañana del 20 de enero de 1980, domingo. Faltan dos meses para que me asesinen. Me llamo Óscar Arnulfo Romero, soy el arzobispo de San Salvador. Cavilo en estos breves minutos, mientras toda esta gente congregrada para escucharme está cantando. Tengo algo importante que decir. Los hechos de la realidad nacional de mi homilía los finalizaré con una reflexión que sé que casi nadie comprenderá. Me temo que la guerra es inevitable. Pero quién sabe, dentro de 32 años se dará una situación similar, el poder establecido queriendo perpetuar sus privilegios, y espero que entonces mi querido pueblo salvadoreño sepa interpretar estas palabras que desde ya me atrevo a calificar como profeticas.

—...Y en particular, hago un llamado al sector no organizado, que hasta ahora se ha mantenido al margen de los acontecimientos políticos pero que está padeciendo sus consecuencias, para que actúen en favor de la justicia con los medios de que disponen, y no sigan pasivos por temor a los sacrificios y a los riesgos personales que implica toda acción audaz y verdaderamente eficaz... De lo contrario, serán también responsables de la injusticia y sus funestas consecuencias...  Pero que quede bien claro, también, que al hacer este llamamiento a la organización del pueblo, no estoy diciendo que se metan en tal o cual organización, sino simplemente les quiero decir que usen el sentido crítico de cada uno y ponerlo al servicio del bien común, tal como hoy nos recomienda San Pablo al hablar de que el espíritu da los bienes no para utilidad personal sino para el bien de todos... 

Espero que para 2012 este pueblo haya madurado lo suficiente...

Fotografía: Roberto Valencia

{La homilía completa del 20 de enero de 1980 pueden leerla pulsando aquí}

Funes y Romero

"Gobernar bien es la máxima expresión del compromiso con nuestro pueblo y con la memoria de Monseñor Óscar Arnulfo Romero; mi maestro, guía espiritual de la nación, cuya tumba visité esta mañana, antes de dirigirme a este auditorio".

Mauricio Funes

1 de junio de 2009

"Queremos creer en las promesas verbales del Señor Presidente sobre la democratización del país, pero lamentablemente estos hechos tienden a contradecir esas promesas". 

Monseñor Romero 

Homilía del 2 de septiembre de 1979

Caricatura: Otto

¿El amigo de Christian Poveda?

Hasta hace unos minutos esta amplia habitación, la Sala 4-B del Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador, estaba llena. Esposadas de pies y manos había nada menos que 31 personas procesadas por el llamado Caso Poveda, abierto por la Fiscalía con la idea de determinar quién, cómo y por qué fue asesinado el fotoperiodista y documentalista franco-español Christian Poveda el 2 de septiembre de 2009. Muchos recordarán el caso. Durante más de un año a caballo entre 2006 y 2007, Poveda se mimetizó con la clica de la pandilla Barrio 18 que operaba en el reparto La Campanera, en Soyapango. Las miles de horas de grabación -los pandilleros llegaron a conocerlo como el Amigo- cristalizaron en un documental llamado La vica loca. Desde su muerte, sin embargo, la principal hipótesis de las autoridades –Policía Nacional Civil y Fiscalía– fue que el Barrio 18 lo ejecutó por incumplimiento de algunos puntos pactados sobre el contenido y la distribución del documental, aunado a la sospecha de que se había convertido en informante de la Policía.

Decía que la Sala 4-B estaba llena: 31 procesados, una veintena de policías y custodios judiciales armados hasta los dientes, media docena de abogados defensores… Pero eso era hasta hace unos minutos, cuando sacaron a 30 de los procesados para tomar declaración a solas al más tatuado de todos los presentes. Es un tipo que en abril cumplirá 27 años, delgado, abajo del 1.70 de altura, ligeramente bizco y que cumple a cabalidad el estereotipo de pandillero, al punto que sería la delicia de los periodistas europeos o estadounidenses que con frecuencia llegan a El Salvador a pretender empaparse en una semana de un complejo fenómeno social como es el de las maras. Todo su cuerpo, que hoy cubre con unos jeans, una camisola deportiva desteñida y unos relucientes tenis Nike Cortez, es un lienzo. Tan solo en su rostro hay tatuajes que van desde un Game Over sobre sus párpados, a un gran 666 (tres números que suman 18) grabado en su frente, incluido el nombre de su pequeña hija en la oreja derecha. Lo suben al estrado y lo sientan delante del ejército de abogados defensores.

—Por favor, deme su nombre –le dice el juez.  
—Mi nombre es Nelson Lazo Rivera.  
—Para identificar a su persona, ¿tiene usted algún sobrenombre con el cual lo identifican o algún diminutivo de nombre?  
—Sí tengo un sobrenombre.
—Menciónelo.
—Casper.

Casper, dice. Quizá ahora también lo conozcan así, pero Lazo Rivera está en los archivos policiales con otros dos sobrenombres: Molleja y Fantasma. Se le atribuye ser el encargado de tribu para el amplio e influyente sector de Soyapango-Ilopango-Tonacatepeque, uno de los reductos donde el Barrio 18 tiene mayor presencia. Poveda y Lazo Rivera se conocían muy bien. Lo fotografió en un sinfín de ocasiones desde mucho antes de iniciar la filmación, pasaron tiempo juntos, y no resulta aventurado suponer que Lazo Rivera fue uno de los negociadores para que Poveda pudiera meter sus cámaras en La Campanera. Un detalle más: cuando lo asesinaron, el fotoperiodista tenía en su perfil de Facebook una foto del rostro de Lazo Rivera en el lugar en el que debería estar su propia fotografía.

Encarcelado desde mediados de 2008 y condenado por agrupaciones ilícitas a cinco años, la Policía primero y la Fiscalía después presentaron a Lazo Rivera como uno de los principales implicados en el crimen, lo llamaron incluso autor intelectual. Quizá por eso mi sorpresa ante el dócil interrogatorio que el fiscal está realizando ahora, transcurrido ya año y medio desde el asesinato destinados en teoría a fortalecer la acusación.

—Señor Lazo Rivera, ¿podría decirnos desde cuándo usted está detenido?
—No recuerdo.
—¿En qué año? –repregunta el fiscal.
—Tampoco recuerdo.
—Bueno, si usted no recuerda, ¿podría decirnos en qué centros penales ha estado usted recluido?
—¿Por cuál delito?
—Dígame, señor, entonces. La primera vez que estuvo detenido, ¿en qué penal fue?
—¡Objeción, señoría! –alza la voz el abogado defensor–. Está sugiriendo respuesta.
—No ha lugar. Continúe.

Quizá Hollywood nos haya jugado una mala pasada, y la espectacularidad y sonoridad de los alegatos en los juicios que recrean las películas vayan en contra de fiscales y jueces reales como estos, pero Lazo Rivera va a pasar casi 19 minutos en el estrado respondiendo preguntas sin relación aparente con el hecho juzgado.

—Aparte de hojalatero, ¿a qué otra actividad se ha dedicado? –pregunta el juez.
—Solamente.

En todo ese tiempo no se pronuncia ni una sola vez –ni una sola vez– el nombre de Christian Poveda, y no se plantea ni una sola pregunta directa sobre lo ocurrido el 2 de septiembre de 2009. Es más, el abogado defensor logra que la conversación derive hacia una revisión del caso por el que Lazo Rivera fue condenado en 2008.

—¿Cuál es en sí la petición que usted le hace al señor juez en esta audiencia? –pregunta el abogado a su defendido después de haber sugerido la revisión de la sentencia.
—¡Objeción, señoría! –acota el fiscal–, esa no es una pregunta para el imputado. Él tendrá su derecho en la última palabra.
—Ha lugar con la objeción, que el testigo manifieste eso en su oportunidad.
—No más preguntas, señoría –concluye la defensa.

Y así finaliza el interrogatorio. Sin más. Lazo Rivera ha estado expuesto durante casi 20 minutos al escrutinio del Estado salvadoreño, y el que en su día fue presentado como uno de los principales maquinadores del asesinato de Christian Poveda regresa a su asiento tranquilo, sonriente incluso. Mañana en la tarde se leerá el veredicto, y Lazo Rivera estará entre los 20 procesados a los que el juez absolverá. En 2013 será un hombre libre, quizá antes.

Fotografía: Roberto Valencia

Un cronista en el Tercero de Sentencia

Este relato narra el asesinato de un pandillero del Barrio 18 a manos de sus propios compañeros de clica: la Dolores Locos Sureños. Nada nuevo. Si lo comparto aquí es solo porque lo saqué de un expediente del Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador. Le he hecho algunos ajustes mínimos, pero básicamente corresponde a lo que escribió el funcionario judicial que en julio de 2008 redactó el expediente 141-08-3ª. Un cronista anónimo. 

El día 8 de marzo del año 2004, aproximadamente entre las 16:30 y las 17:00, en final pasaje Rosales de la colonia Brisas del Mirador, de San Salvador, le quitaron la vida al joven Daniel Benjamín López Villalta, alias “Lodo”. Allí está asentado el Barrio 18; en concreto, una clica llamada Dolores Locos Sureños (DLS) que opera en las colonias Dolores y Brisas del Mirador. El Lodo había pertenecido a la pandilla por unos siete años, pero en los últimos meses se había hecho adicto al consumo de piedra, por lo que frecuentemente se iba a comunidades aledañas, como La Aragón y El Cañito. La pandilla ya lo había prohibido ir allí porque son territorio donde habitan miembros de la Mara Salvatrucha. En muchas ocasiones incluso se le había advertido de que lo iban a matar, pero por su vicio continuaba yendo. 

Siempre como consecuencia de la adicción a la droga, para obtener dinero Lodo comenzó a hacer mandados a los vecinos de su lugar de residencia, la Brisas del Mirador, pero luego comenzó a robar, lo cual también estaba prohibido, pues Brisas del Mirador era un sector que más bien era protegido por el Barrio 18. 

Ante esta situación, del Centro Penal de Chalatenango le ordenaron ir a un meeting a principios de febrero de 2004 para tratar su caso. A ese meeting se hizo presente el Lodo y allí estaban presos el Enco, el Conejo, el Viejo chacal, el John y el Loony, y palabreros de otras clicas como El Gansper, El Jungla. También asistió el Testigo clave #11. 

Se trataron muchos puntos de problemas que se estaban dando en el penal y en la libre, es decir, con los de afuera. Cuando se tocó el punto del Lodo, se le advirtió de que dejara de tomar y de consumir droga, y se le pidió que no visitara más las comunidades de la MS y, sobre todo, que no dañara a los vecinos de la Brisas del Mirador. Del penal de Chalatenango llegó el rumor de que lo querían matar allí mismo, pero a la vez decían que ese penal era el que menos problemas había dado, y que al hacer eso dentro del penal iba a haber movimientos, por lo que al final decidieron darle otra oportunidad. 

Después del meeting, cada quien se retiró, incluso el Lodo, que había llegado con la esposa y su bebé. Cuando venían de regreso, Lodo se vino en el bus con Testigo clave #11, y este vino aconsejándolo; sin embargo, no hizo caso. Sí, por unos días dejó de hacerlo, pero después regresó a lo mismo, y fue por ello que días después de que vieron que desobedeció las órdenes, del mismo penal dieron la orden de matarlo, habiendo dado esta orden todos los palabreros de Chalatenango que se han mencionado anteriormente. 

En el tiempo que mataron al Lodo a todos los integrantes de la clica se les había prohibido drogarse o tan siquiera ingerir alcohol. Incluso si algún miembro quería tomar un determinado día, tenía que pedir el pase, es decir, permiso para ello. Y si el palabrero de la clica le daba permiso un determinado día y este continuaba tomando más días, se le descontaba, es decir, se le castigaba con una golpiza. La razón de la prohibición es porque desde el año 2001 habían asesinado a integrantes del Barrio 18, en su mayoría a manos de los de la MS, y habían detectado que lo común de estos homicidios era que los habían matado porque se habían descuidado por andar bolos o drogados. Por ello, para protegerlos, los palabreros habían dado esta orden. 

Rudimentaria como el carro de Pedro Picapiedra, pero crónica al fin y al cabo. Bajo mi punto de vista, un texto mucho más agradecido que la inmensa mayoría de las notas judiciales que nos regalan los periódicos salvadoreños. Créanme si les digo que en las redacciones de medios como La Prensa Gráfica o El Diario de Hoy, los dos que mejor conozco, hay puñados de licenciados y licenciadas que ni siquiera saben diferenciar qué es una crónica.

Aprovecho para unas reflexiones en voz alta, completamente al margen de divagaciones periodísticas: ¿cómo las pandillas han degenerado tanto en los últimos 6-8 años? ¿Por qué la renuncia a los pocos códigos de honor que tenían? ¿Y acaso las ONG que trabajan con ellos –¿viven de ellos?– no se percataron de esta caída libre hacia la irracionalidad? Eso.

Fotografía: Roberto Valencia

Así amenazamos a Monseñor Romero (II)

Los viejitos quizá lo recuerden. A finales de la década de los 70, cuando la guerra civil ya se respiraba en El Salvador, se vendía por 10 centavos de colón un medio de comunicación escrito llamado La Opinión. Era un pasquín de ultraderecha en papel periódico, bien diseñado y encuadernado, que se dedicaba a calumniar e injuriar con total impunidad, como muchos en la actualidad añoran. Sin buscarla, mientras entrevistaba a un investigador por otro tema, cayó en mis manos hace un par de semanas la portada de un ejemplar de La Opinión. Debajo del nombre, muy en sintonía con la arrogancia que aún impera en las redacciones de los medios del país, la frase grandilocuente con la que los propietarios definen el espíritu de la publicación decía así: Voz de un pueblo al servicio de la verdad y defensora de los derechos humanos.

—Mira –me dijo mi interlocutor mientras me mostraba el ejemplar–, este es un periódico que hicieron solo para meterse con él.

Él es Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el obispo asesinado en marzo de 1980, y a quien me atrevo a etiquetar como una de las personas más calumniadas e injuriadas en la historia del país. La portada de La Opinión que pude examinar era la de la edición de abril de 1978. Junto a una foto del arzobispo, el titular, con letras que hasta un ciego podría leer: Harán exorcismo a Monseñor Romero. Y tres bajadas explicativas: Preocupan actitudes sospechosas del arzobispo, Piden por salvación de su alma, y Mentes diabólicas dirigen a Monseñor, que se encuentra poseído del espíritu del mal.

Han pasado más de 30 años de aquello, pero me temo que muchos de los que financiaron y/o aplaudieron medios como La Opinión –y sus herederos políticos– son algunos de los que hoy más se rasgan las vestiduras porque se haya declarado inconstitucional el inciso de un artículo del Código Penal que impedía la penalización de la calumnia y de la injuria.

Fotografía: www.i37.tinypic.com

Un buen día

Hoy debí haber pasado la mañana en los juzgados y la tarde escribiendo. Es lo que apalabré ayer con mi jefe, que está lejos, en Miami, y me dijo sí, intentá retratar al joven de 16 años que esta mañana llegó al Juzgado Tercero de Menores de San Salvador. Un angelito. Tiene 16 años, ¿ya lo dije? 16 añitos. Un niño. Yo tenía 16 en 1992. Recuerdo la Expo de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona con un cojito que lanzó una flecha al pebetero, una acampada con los amigos de Zaramaga en la que matamos sapos con un hacha junto a un río. Cosas de cipotes. Me recuerdo infantil, inmaduro, un crío. Y a este innombrable por ley, a este ambiguo Wilber G., a este joven de 16 años que hoy estuvo ante una jueza, lo acusan de participar en la quema de un microbús en Mejicanos, 16 muertes ya, más los heridos que están desfigurados y retorciéndose de dolor en el hospital, casi todos calcinados, consumidos por el fuego, derretidos como charamusca al sol, aunque unos pocos no, unos pocos lograron salir por la ventanas rotas para que los dispararan cuando caían. Y el angelito es del Barrio 18. De las maras. El jovencito que yo debía haber visto esta mañana es marero. Y en España se escandalizan cuando cada seis meses Los Ñetas y los Latin Kings se pelean con navajitas. Aquí a este lo acusan de homicidios agravados, daños agravados, agrupaciones ilícitas y homicidios agravados tentados en perjuicio de varias personas, de un microbús de la ruta 47 y de la paz pública. Y la jueza creyó que hay indicios, eso sí, sin fotos, porque es menor y tiene derechos, y lo mandó internar tres meses en un centro de readaptación de menores, en Ahuachapán, donde solo hay dieciocheros, como él, para que esté con los suyos, y quizá les cuente orgulloso la hazaña, a qué huele la carne quemada, la hombría de quemar vivas a 16 personas. En eso debí haber pasado la mañana yo, y la tarde, escribiéndolo.

Mas sin embargo.

Me quedé con mi hija, en casa, escribí a Miami y dije que no, que otro día, que hoy, con mi hija. Y Alejandra y yo reímos, cantamos, le di pacha, le cambié pámper, platicamos, sobre todo yo, tarareamos la cancioncita del anuncio que dice ♫Tú tienes un mensajiiito♫, vimos el partido de fútbol de Chile, reímos más. Porque uno de padre primerizo y solo en casa hace más tonteras. Porque los cinco meses de Alejandra dan para mucho.

Y resultó ser un buen día, como cantaban Los Planetas. Un día mejor.

Fotografía: Roberto Valencia

A los militares tampoco les gustan los aretes

El militar que con cortesía me ha indicado dónde y cómo parquear está ahora, cuando quiero bajar del carro, tan cerca de la puerta que lo golpearía si abriera con fuerza. Intimida. No es muy alto ni corpulento, pero carga un fusil de asalto M-16 y tiene la cabeza surcada por profundas cicatrices, como si el Zorro hubiera ensayado en su rostro. Supera con holgura los 40 años. Su piel está tan quemada que hace ver más blancos sus dientes. Su mirada, poderosa, la usa como su fuera un arma más. El resultado es una cara amenazante, de pocos amigos. Hoy es miércoles y es marzo, y esto es el Aeropuerto Militar de Ilopango. Es casi mediodía. Hace caliente.

—Se me quita los aretes, por favor…

¿Otra vez?, pienso. Hace medio año me sucedió lo mismo. Fue cuando quise ingresar en Zacatraz, el Centro Penitenciario de Seguridad Zacatecoluca. El mismo calor, el mismo M-16 al hombro y la misma cara de pocos amigos, pero aquella vez enfundada en un uniforme gris de la Dirección de Centros Penales. Entonces opté por quitarme los dos aretes que siempre cargo en mi oreja izquierda. La entrevista que llegaba a hacer en esa cárcel era demasiado importante como para arriesgarla por una tozudez. Pero hoy no es la misma situación. A Ilopango me ha traído la llegada de un avión de la Fuerza Aérea estadounidense, uno de esos que se meten en los huracanes para verificar qué tan fea está la situación, una cobertura lo suficientemente prescindible como para tantear hasta dónde es capaz de llegar el soldado.

—Se me quita los aretes, por favor, con aretes no se puede ingresar.
—¿Quién lo dice?
—Son disposiciones…

Disposiciones. Y ya. Nunca me dejará de sorprender la capacidad argumentativa que puede llegar a tener un militar. Se basa en el esto es así porque yo lo digo o porque un superior me ha dicho que lo diga.

—¿Disposiciones? –pregunto–. Pero en todo caso, supongo, serán de aplicación para ustedes, no para las visitas.
—Son disposiciones para todo el personal que ingresa.
—Pues a ver cómo lo arreglamos, porque no pienso quitármelos. Si quiere, llame a algún superior para ver qué decide él.

El soldado calla y, consciente de que el avión cazahuracanes hace ya un buen rato que aterrizó, acepta la derrota con dignidad, me deja entrar y hasta dulcifica tantito su tono de voz.

—Le voy a dejar pasar, pero las disposiciones están para cumplirse.

El día de Elsy Dubón

Ella creía que nunca llegaría un día como hoy. María Elsy Dubón había contado la historia de su niñez rota en más de una ocasión pero, siendo el propio Estado el que la arrancó de su familia hace tres décadas, creía que nunca lo haría ante una Primera Dama, ante un canciller, ante una presidenta del Consejo Nacional de Seguridad Pública. Elsy –35 años, fornida, piel clara, ojos oscuros– es uno de los primeros rencuentros exitosos que logró Asociación Pro-Búsqueda, la ong que, recién terminada la Guerra Civil, fundó el jesuita vasco-salvadoreño Jon Cortina con la idea de reunificar familias quebradas. Hoy se conmemora el Día de la Niñez Desaparecida.

Elsy ha dormido bien. Se ha despertado a las 6 de la mañana, como de costumbre, ha desayunado, se ha duchado, se ha enfundado unos jeans y una camiseta con el logo de la ong, y se ha venido para el parque Cuscatlán a las 7. Hasta que han comenzado a llegar las autoridades, a eso de las 9 y media, ha ayudado a inflar globos y a instalar sillas y pancartas.

Ya son las 10 y media pasadas cuando llaman a Elsy a la tarima. A sus espaldas, decenas de retratos de niños de los que aún se desconoce su paradero. Delante, por primera vez, una digna representación del Estado. No trae nada anotado. Todo lo lleva en la cabeza porque cuando se habla con el corazón, dice, nada malo puede suceder. Cree con firmeza en unas palabras que en más de una ocasión les dijo el padre Jon: “Cuando muera, instalaré mi oficina en el cielo y desde allá los ayudaré”. Se para firme frente al micrófon, el orgullo en la mirada, como si en verdad el padre Jon la observara.

—Lo que les voy a contar es la página la más triste de mi vida; 28 años han pasado desde aquel día de angustia y dolor…

Corría 1982 cuando el Ejército organizó un operativo en el caserío Cerrón Grande de Chalatenango. Tenía 7 años. La familia –padre, madre, hermanos– huyó a refugiarse a los bosques, como casi todas, pero cayeron en una emboscada que fragmentó el grupo. A Elsy la cargaba su padre en brazos, y en la confusión terminaron separados del grupo. Caminaron hasta que dieron con un par de viviendas abandonadas. El padre la dejó en el suelo, se adelantó un poco, y de una de la casa le dispararon. Herido pero aún con vida, fue torturado delante de ella antes de terminar con la cabeza clavada en una estaca. A Elsy le dieron una pastilla y se la llevaron. Entre 1982 y 1994 estuvo en calidad de huérfana en la sede de Aldeas SOS Santa Tecla. Le inventaron una identidad, le pusieron más edad, le cambiaron los nombres de los padres. Pero ella tenía 7 años cuando la arrancaron de su familia y recuerdos suficientes para contárselos a los colaboradores de Pro-Búsqueda cuando le preguntaron por su historia al final de la guerra.

—Esta es la primera vez que el Gobierno se suma a la conciencia de que se violaron nuestros derechos y que hace énfasis en que se va a reparar el daño que nos hicieron –dice Elsy, firme pero nerviosa por los sentimientos encontrados.

Entre el público, la madre de la que estuvo separada 12 años, una anciana canosa, delgada y vestida de celeste. Cuando Elsy termine de hablar y baje de la tarima, cuando los aplausos callen, las dos se fundirán en un abrazo anónimo.

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Esta es una versión de la crónica publicada el 28 de marzo de 2010 en www.elmundo.es.

El asesino enclenque

Mañana Marlon será condenado por cuatro homicidios agravados. El juez se convencerá de que es el responsable de cuatro asesinatos ocurridos entre marzo y mayo de 2009: a un joven lo disparó por no querer levantarse la camisa; a otro, por ser de la Mara Salvatrucha; y a dos jovencitas que caminaban con él y sus homeboys las mató porque creyó que eran unas soplonas. Además de un asesino, Marlon es pandillero, del Barrio 18. Marlon tiene 17 años.

La condena será mañana jueves, cuando concluya la vista de causa. Ahora aún es miércoles y es marzo, y el juicio va a comenzar. Marlon ingresa esposado y acompañado por dos custodios. Tiene cara de ratón y el pelo húmedo y repeinado hacia atrás. Apenas supera el metro cincuenta y se ve enclenque. Podría protagonizar un spot de desnutrición. Solo los tatuajes que asoman en sus muñecas amortiguan la sensación de lástima.

—Tiene cara de sinvergüenza –me dice el empleado del área de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia que me acompaña.

Hasta cuando fue detenido en agosto de 2009, Marlon vivía en la colonia Madre Tierra II de Apopa. Junto a él cayeron 11 pandilleros más, todos menores, pero solo lo procesaron a él y a otros dos más: uno se fugó apenas el sistema lo liberó con medidas y el otro, aquí presente, el juez le dictará mañana libertad asistida.

El caso de Marlon, que haría correr ríos de tinta en otras latitudes, pasará inadvertido en El Salvador. Ningún periodista estará presente en la sala ni hoy ni mañana, y la sentencia será ignorada por los diarios y los noticieros locales. Por la frecuencia con la que ocurren cosas así, hace tiempo que dejó de marcar agenda informativa un juicio de niños, pandilleros y asesinos.

El juez impondrá a Marlon la pena máxima: siete años en un centro de resguardo de menores. En El Salvador, cada pandilla tiene asignado sus centros, con la idea utópica de evitar enfrentamientos. Marlon será enviado a uno llamado El Espino, en Ahuachapán. De allí lo han traído hoy esposado. Seguirá en compañía de más pandilleros del Barrio 18, muchos de ellos condenados por asesinato.

Recuperará su libertad cuando tenga 26 años. Quizá antes.

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(Esta es una versión modificada de una crónica publicada en elmundo.es el 13 de marzo de 2010)