Soldaditos en el parque

Un soldado trastea su celular en el asiento del conductor. Los otros dos deambulan alrededor del jeep con sus fusiles M-16, la despreocupación personificada. Es mediodía y el tráfico es un infierno, pero bastan los dedos de una mano para contar los peatones en 30 metros a la redonda. Quizá por eso los soldados no tienen gorros navarone ni nada para cubrir sus rostros. Saben que acá no es tan necesario. Acá es la colonia Escalón de San Salvador.

Más de tres semanas ya desde que el gabinete de seguridad que dirige el vicepresidente Óscar Ortiz regó por San Salvador Humvees, camiones de transporte, jeeps, blindados… Y por cada vehículo, grupitos de dos, tres o cuatro obedientes soldaditos porque las órdenes son órdenes. Alguien en algún despacho aireacondicionado creyó que el despliegue militar abonaría en la guerra que el Estado desató contra las maras hace casi tres años, y los principales parques y arterias de la capital amanecen cada día adornados con toscos vehículos de la Fuerza Armada.

Camino con mi hija de 7 años por las Fuentes de Beethoven, casi el centro geográfico de la colonia Escalón. Esta vez nos acercamos a curiosear hasta el jeep: uno blanco y reluciente como recién salido de un carwash. Está sobre la grama junto a la estatua del prócer argentino San Martín. La clave en todo esto parece ser que el vehículo y los soldados no pasen desapercibidos. Y el mejor lugar del parque para el modelaje es justo frente a la calle que viene de la Zona Rosa, la 79ª sur, donde es casi un milagro que no haya trabazón a cualquier hora del día. El público está garantizado.

Un soldado trastea su celular, decía, y los otros dos deambulan alrededor del jeep, despreocupados. Órdenes son órdenes. Los han puesto para que los mire el que va en carro al trabajo, el que regresa en bus a su casa. Me atrevo a suponer que para alguno de ellos también será alivio estar acá, a la sombra, y no pateando los cantones infestados de Panchimalco, de Chapeltique, de San Isidro.

Mi hija dice que tiene hambre. Nos vamos.

***

Las tres semanas posteriores al despliegue militar en San Salvador han sido las tres semanas del año en las que los salvadoreños nos hemos asesinado más. No lo planteo como causa y efecto. No creo que el repunte brutal de los homicidios entre el 20 de septiembre y el 2 de octubre sea consecuencia directa de haber sacado las tanquetas. Pero sí creo que si alguien piensa que la presencia militar es una medida disuasoria, como parecen pensarlo en el gabinete de seguridad, debería hacerse un trabajo más fino para ubicar a los efectivos.

Desde hace un lustro presto especial atención a la evolución de las cifras de homicidios: los números gruesos y también la letra chiquita. Este gobierno es opaco con las estadísticas, pero uno se rebusca para obtener los reportes oficiales. Disecciono los números, actualizo mis tablas al menos una vez al mes, monitoreo cambios en los municipios, evalúo comportamientos anómalos, calculo proyecciones…

No son pocos los que creen que tener Humvees en los parques de la capital es un absurdo como estrategia de combate. Por pura intuición, que a veces basta y sobra. Pero yo voy un poco más allá. Soldados que ahora pasan 10 o 12 horas custodiando parques capitalinos por lo general tranquilos serían de gran ayuda en zonas que se han calentado en los últimos meses, como el eje Juayúa-Apaneca, la zona de Yamabal-Sensembra y el sector de Quelepa-Moncagua-Lolotique.

No son las únicas zonas calientes del país ni mucho menos, pero cito a voluntad esos pueblos por ser áreas que hace un par de años estaban libres del fenómeno de las maras o tenían una presencia testimonial. Ninguno de los siete municipios citados está entre los 50 que hace tres años el Plan El Salvador Seguro (PESS) definió como los prioritarios para ser intervenidos. Y ahí está precisamente uno de los mayores problemas para hacer frente a un fenómeno volátil como el de las maras: el Estado salvadoreño se mueve como elefante envejecido, tarda años en definir dónde, cómo y con qué fondos intervendrá, mientras que las pandillas en un chasquido reaccionan, se adaptan o se desplazan, y con ello inutilizan buena parte de las estrategias.

Aunque el gobierno tuviera como objetivo único y prioritario combatir las pandillas, el esquema del PESS de municipios seleccionados sobre datos de 2014 luce torpe ante un fenómeno maleable como el de las maras, un corsé que dificulta moverse y reaccionar.

Pero eso, reitero, ante un gobierno que en verdad quisiera entrar en serio al problema. Algo que me atrevo a poner en duda cuando salgo a pasear con mi hija y veo que, por puras razones de marketing electoral, este gabinete de seguridad ordena a tres soldados que pasen el día junto a un jeep militar blanco en el corazón de la colonia Escalón.

Foto Roberto Valencia.

Mijango tenía razón

En lo sustancial, tenía razón Mijango, el mediador in chief, en su análisis sobre lo que se le venía encima a El Salvador.

Tenía razón el denostado Raúl Mijango cuando, hace ya dos años y finiquitado el controversial proceso que convenimos en llamar la Tregua, nos concedió una larga entrevista –una más, esta vez on the record– con la vaga pretensión de que sus respuestas, las de un testigo privilegiado, sirvieran como colofón a una de las políticas públicas que más incidencia ha tenido en la evolución de las maras y de los mareros.

Tenía razón Mijango cuando dijo: “Las posibilidades de construir paz en el país se han agotado, y ahora toca esperar a que los sedientos de muerte y de sangre, tanto en las pandillas como en el gobierno, se sacien y vuelvan a considerar que es necesario trabajar por la paz”.

Foto Víctor Peña (El Faro).

Aquella entrevista tuvo lugar el 1º de octubre de 2015, meses después de que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén abortara sus negociaciones con los pandilleros y le apostara todo a la versión más sangrienta y brutal del manodurismo de todas las ensayadas tras la firma de los Acuerdos de Paz. Para entonces, los “sedientos de muerte y de sangre” de uno y otro lado ya estaban desatados. De un lado, las pandillas asesinaron a más de 60 policías en ese año, muertes brutales y cobardes en su inmensa mayoría, y también se atrevieron a desafiar a la sociedad entera con un paro del transporte público; del otro lado, se había consumado ya la masacre de la finca San Blas e incontables samblases más que la Policía Nacional Civil, con la anuencia de la Fiscalía y de la sociedad en general, encubre y tolera bajo la etiqueta de “enfrentamientos”. Poco ha cambiado en dos años.

Tenía razón Mijango cuando dijo: “¿Cuánto tiempo va a durar [la guerra]? No sé pero, en la experiencia que conocí y viví en el conflicto armado de los ochenta, fueron diez años y más de 50,000 muertos. En 1982 se hizo la primera propuesta de búsqueda de soluciones negociadas, pero en aquel momento las dos partes creyeron en la victoria militar. Es igual que ahora, que el gobierno está tratando de buscar una victoria militar, mientras que una vía negociada permitiría ahorrar tiempo, ahorrar muertos y ahorrar sufrimientos, y resolver el problema de una forma eficaz”.

Han pasado dos años y 9,000 asesinatos desde aquellas palabras, y no se atisban todavía señales inequívocas de que las maras estén perdiendo el control en sus canchas, o de que el diálogo pueda emerger como solución a un problema tan desbordado que solo los más miopes entusiastas del manodurismo creen que se puede resolver por la vía represiva.

Tenía razón Mijango cuando dijo: “Cientos de grupos [clicas] antes respondían a las directrices de las ranflas nacionales, pero ahora han caído en la anarquía, operan de forma autónoma, unidas solo por la idea de practicar la violencia”.

El gobierno presenta como uno de los grandes logros de las Medidas Extraordinarias haber dificultado como nunca antes la comunicación entre las ranflas encarceladas y los pandilleros en la libre. Y seguramente sea cierto, seguramente hoy sea más difícil que nunca que escapen órdenes o consignas de las cárceles, pero ¿nos hemos preguntado si eso per se ayuda o entorpece para buscar una solución a este conflicto tan enraizado y complejo?

Por último, creo también que tenía razón Mijango cuando dijo: “Yo llegué al convencimiento de que ya no hay capacidad nacional, con actores nacionales, de encontrar una salida a este problema. Siento que nos hemos polarizado demasiado, y que de alguna manera nos hemos satanizado entre nosotros mismos, y que el mismo Consejo [el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia] terminó siendo un fantoche que para lo único que ha servido es para justificar y legitimar la acción represiva del gobierno”.

La sociedad salvadoreña, a pesar de lo que asegura la propaganda gubernamental, está muy lejos –muy lejos– de dar con la fórmula para rehabilitar y reinsertar a más de 60,000 pandilleros activos y no menos de 400,000 personas entre familiares condescendientes, novias, simpatizantes, aspirantes, colaboradoras… Y, lo más preocupante, de dar con la fórmula para que cientos, quizá miles de niños y adolescentes salvadoreños no sigan queriendo –más que nada en este mundo– integrarse en la pandilla de su colonia o de su cantón, como lo quieren hoy.

Mijango fue el mediador por excelencia. Un tipo rupestre, malcae, franco, hábil, campechano, descuidado, el perro flaco al que se le pegan todas las pulgas. La persona que más se involucró en la Tregua, un proceso con luces y sombras que esta sociedad hizo descarrilar. Pero ese denostado Mijango es, sin duda, una de las personas en este mundo que más y mejor conoce el fenómeno de las maras y a sus líderes más influyentes. Alguien que podría asesorar, aconsejar, tender puentes, pero que esta sociedad prefiere verlo encarcelado, haya o no motivos.

Me temo que en lo esencial tenía razón Mijango: tal cual van las cosas, tendrán que pasar años de muerte y sangre, décadas quizá, hasta los que los sedientos se sacien, hasta que en la sociedad salvadoreña vuelvan a surgir voces valientes y de peso que juzguen necesario trabajar en serio por la paz.

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Si alguien quiere leer completa aquella entrevista, puede hacerlo en este enlace.

Ni Mara 503 ni MS-503

Hace dos años, ocurrió algo parecido.

A mediados de 2015, poco después de que la administración Sánchez Cerén le apostara a la versión más brutal del manodurismo para hacer frente a las maras, se comenzó a regar la idea de que las tres pandillas mayoritarias se fusionarían para crear una única estructura en El Salvador, llamada ‘Mara 503’.

Aquella idea se aireó desde sectores interesados en agigantar la amenaza que suponían la Mara Salvatrucha (MS-13) y las dos facciones del Barrio 18 (18-Revolucionarios y 18-Sureños). Raúl Mijango, mediador durante la Tregua –el proceso que marcó la agenda nacional entre marzo de 2012 y enero de 2015–, fue quien más habló sobre el tema. Pero Mijango era nomás una fuente, parcializada. Que durante semanas se diera por sentado la existencia de la ‘Mara 503’ se debió sobre todo a dos factores: por un lado, a la irresponsabilidad de los medios de comunicación (locales y extranjeros) que, cegados por el breaking news, se olvidaron de algo tan elemental como contrastar la información; y por otro, al hecho de que, a pesar de que las maras son el principal problema de la sociedad salvadoreña, los dedos de una mano bastan para contar a las personas que pueden hablar con conocimiento sobre el tema, tanto dentro del Estado salvadoreño como en ámbitos académicos o periodísticos.

Foto Yuri Cortez (AFP)

Aquella ‘Mara 503’, aquella cacareada fusión operativa entre emeeses y dieciocheros para hacer frente a la Policía Nacional Civil, resultó un cohete soplado, un bulo.

Sospecho que está ocurriendo algo parecido ahora.

Desde hace varias semanas, el Estado (la Fiscalía y el gabinete de seguridad, sobre todo) se está esforzando en dar mayor empaque a la idea de que la MS-13 se ha partido en dos facciones, y que el grupo disidente responde al nombre de ‘Mara Salvatrucha 503’, ‘MS-503’ o ‘MS-Revolucionarios’.

En julio de 2016 se destapó la ‘Operación Jaque’, que desde el inicio se quiso vender como un golpe cuasi mortal a la Mara Salvatrucha. Ya entonces, voceros del gabinete de seguridad dejaron caer que la MS-13 tenía una fuerte fractura interna, animados seguramente por la convicción de que la división es síntoma inequívoco de debilidad. ‘Divide et impera’, decían en Roma. Divide y vencerás.

Desde entonces se ha venido dando forma a la posibilidad de que al interior de la Mara Salvatrucha salvadoreña esté sucediendo algo similar a lo que sucedió a finales de la década pasada con el Barrio 18: la ruptura entre Sureños y Revolucionarios. La idea, reitero, llevaba algunos meses en el ambiente, comentada ocasionalmente –pero sin pruebas– por distintos funcionarios y analistas. Pero hace un par de semanas, la ‘Mara Salvatrucha 503’ se coló de lleno en la agenda nacional e internacional, cuando un artículo de El Diario de Hoy titulado ‘La Mara Salvatrucha se divide en MS-13 y en MS-503 y ordenan purga de cabecillas’ suscribió a ciegas y perifoneó la versión del Estado.

El gobierno ‘sustenta’ el que en mi opinión es un nuevo bulo –la partición de la Mara Salvatrucha– en un puñado de homicidios y de homicidios tentados ocurridos en su mayoría dentro de las cárceles controladas por la MS-13, con un triple asesinato de tres mareros como detonante, fechado el 6 de enero de 2016, en la cárcel de Izalco.

Es cierto que dentro de la Mara Salvatrucha hay desde hace un par de años una herida abierta entre el programa de la Fulton Locos y la ranfla nacional, herida que explica la mayor parte de las muertes sobre las que el gobierno sustenta la existencia de la ‘MS-503’. Pero dentro de la MS-13 son unos 50 programas diferentes y, aunque la Fulton es por historia y por territorialidad uno de los importantes, e incluso suponiendo que haya logrado atraer a algún que otro programa disidente, la idea de la división la juzgo desproporcionada y tendenciosa.

Las diferencias entre clicas, programas y liderazgos al interior de una estructura tan atomizada como la MS-13 salvadoreña son tan viejas como la propia pandilla. En San Miguel, por ejemplo, hubo una guerra fratricida entre emeeses que se prolongó entre 1998 y 2004 y que dejó docenas de asesinados a manos de homies que rifaban idéntico barrio; y a nadie se le ocurrió hablar de partición. Durante la Tregua, la pandilla tampoco fue una sola voz, con sectores importantes que nunca acompañaron esa apuesta; y a nadie se le ocurrió hablar de partición.

Las diferencias actuales entre la Fulton Locos y la ranfla nacional no creo que sean suficiente siquiera para abrir el debate sobre una división similar a la que tuvo la 18. Como sucedió en su día con la ‘Mara 503’, que hayamos empezado a oír de la ‘Mara Salvatrucha 503’ más parece el interés de una fuente –el gobierno en esta ocasión– de diseminar la idea del divisionismo-debilidad, sumado a la incapacidad del gremio periodístico y de la sociedad en general para detectar que se trata de un cohete soplado, un bulo.

Los homicidios han bajado. ¿Nos alegramos?

Sí. Debería alegrarnos. Sin lugar a dudas. Sería mezquino no hacerlo. Para la sociedad salvadoreña, la más violenta del mundo, toda reducción en sus aterradoras cifras de asesinatos –pronunciada y sostenida en el tiempo– debería ser motivo de satisfacción. Y la reducción es inapelable: desde abril, el país ha entrado en una etapa de estabilidad en torno a 11-13 homicidios diarios; una ruptura clara con los 21 homicidios diarios que promediamos durante los once meses precedentes.

Sin este abrupto descenso, habrían sido asesinados casi 1,500 salvadoreños más que los que las autoridades reportan hasta finales de agosto. Repito: casi mil quinientos más. Unos 300 salvadoreños están ‘salvando su vida’ cada mes.

Ahora bien, reconocer, alegrarse y hasta celebrar el bajón no tiene por qué estar reñido con hacer análisis que dimensionen ese descenso, que lo expliquen; mucho menos con tragarse el discurso tan triunfalista como cortoplacista y malicioso de los altos funcionarios del Estado.

La Administración Sánchez Cerén arrancó el primero de junio de 2014. Gestionó el tramo final de la Tregua –el de reactivación de la violencia– y la ‘guerra’ contra las maras, el período de la historia reciente de El Salvador en el que los homicidios más han aumentado. Si se tiene en cuenta que el Gabinete de Seguridad navegó 22 meses entre las estadísticas más sangrientas de este siglo, resulta hasta comprensible que el descenso haya derivado en triunfalismo, y en un discurso –el oficial– que pregona que las maras están siendo derrotadas. Pero la realidad es mucho más compleja, en especial en las comunidades controladas por las maras. Amerita detenerse en algunos ítems relevantes para tratar de comprender el calado del descenso.

Uno. ¿Dejará El Salvador de ser el país más violento del mundo? Improbable. Salvo que ocurra algo fuera del guion, 2016 será un año con menos homicidios que 2015, pero concluirá arriba de los 5,100 asesinatos, la segunda cifra más elevada del siglo XXI. Honduras, nuestro principal contendiente en el último lustro, mantiene su tendencia a la baja, así que solo Venezuela amenazaría que El Salvador siga siendo el país con la tasa de homicidios más disparada del mundo, con la excepción de territorios en guerra abierta. Incluso si en el último tercio del año promediáramos 11 asesinatos al día, terminaríamos con una tasa en torno a 80 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Dos. ¿Seguimos bajo ‘epidemia de violencia’? Sí. Indiscutiblemente. Según los parámetros que maneja Naciones Unidas, una sociedad sufre epidemia de violencia cuando se cometen arriba de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Con el volumen de población de El Salvador, con 54 asesinatos al mes ya seríamos, ante los ojos del mundo, una sociedad enferma de violencia. El descenso que se ha dado es de promediar 650 asesinatos mensuales a promediar 350.

Tres. ¿Qué ha provocado el bajón? Es quizá la pregunta con la respuesta más propensa al debate. El gobierno, parte interesada, aporta una única respuesta: medidas extraordinarias. No es muy aventurado afirmar que, ante el martilleo constante de esta idea de parte de los principales funcionarios del Gabinete de Seguridad, y sin que nadie se oponga con argumentos serios, que los hay, entre la población parece estar calando esa percepción. Las medidas extraordinarias se pueden resumir en tres ejes: uno, cortar la comunicación entre los palabreros de las cárceles y los de la libre; dos, abrir líneas de investigación con la Fiscalía para golpear el entramado financiero y generar disputas internas; y tres, dar carta blanca a las fuerzas de seguridad para disparar primero y preguntar después. Comenzaron a implementarse en el último fin de semana de marzo, y es justo cuando inicia el descenso en los homicidios. No resulta difícil vender la relación causa-efecto, como hace con éxito el gobierno. Pero al pasar la lupa, los últimos días de marzo también los usaron las tres grandes pandillas (Mara Salvatrucha, 18-Revolucionarios y 18-Sureños) para anunciar, vía comunicado conjunto, un cese de sus “acciones ofensivas”, aún vigente. Los pandilleros no han dejado de asesinar ni de agredir a la sociedad, creerse esa parte sería iluso; sin embargo, sí parecen haber metido en el congelador las diferencias entre las tres estructuras, y haber puesto en marcha pactos de no agresión, que no se están cumpliendo al cien por ciento por la naturaleza propia de las maras, pero sí lo suficiente como para suponer que una buena porción del descenso en los homicidios son los muertos que se generaban entre sí las tres pandillas, que han disminuido tras haber identificado un enemigo común: el Estado salvadoreño.

Cuatro. ¿Por qué el discurso triunfalista del gobierno? Mi opinión: por pura estrategia de marketing político y comunicacional. Más claro aún: para obtener rédito electoral, votos. Después de casi dos años de ‘guerra’, de que las fuerzas de seguridad hayan matado a más de 700 supuestos pandilleros en lo que nos venden como enfrentamientos, el Estado ha logrado, en el mejor de los casos, retomar el control territorial en zonas controladas por las pandillas a fuerza de meter a policías y soldados ennavaronados y armados con fusiles M-16 y AR-15, pero el control social de los mareros en sus canchas sigue, con alguna excepción, intacto. Control territorial y control social no son lo mismo. El discurso triunfalista es, pues, un discurso para engatusar a las clases media y alta, las que nunca han sufrido ni sufren de manera directa el acoso de las maras. En el bajomundo, los residentes en las colonias y cantones que más sufren a los pandilleros saben que el control social lo siguen ejerciendo ellos, aunque les hayan borrado los placazos y su presencia ahora sea más difusa, menos explícita, por la mayor presencia de policías y soldados.

Y cinco. ¿Qué nos espera hasta que finalice 2016? El gobierno navega con viento a favor. Ni en la Asamblea ni en los set de televisión hay voces sonoras cuestionando la ‘guerra’ contra las pandillas. La horquilla de 11-13 homicidios diarios permitirá al Gabinete de Seguridad seguir alardeando de descenso, porque la segunda mitad de 2015 fue terrorífica y, al comparar los mismos meses, el saldo será siempre favorable. Los excesos policiales –el pan de cada día en el bajomundo– e incluso las ejecuciones extrajudiciales no restan votos en la sociedad más violenta del mundo; al contrario. ¿La comunidad internacional? Tampoco parece muy dispuesta a alzar su voz contra la sistemática violación de los derechos humanos con la que la Administración Sánchez Cerén enfrenta a los pandilleros. ¿Y las pandillas? Mucho tienen con contener la embestida estatal y garantizar que no afecte en demasía a sus principales fuentes de financiamiento: las extorsiones y la renta. En definitiva, si yo tuviera que apostar plata, lo haría por un tramo final del año muy parecido en términos numéricos a lo vivido desde abril. Apostaría también por la reincidencia gubernamental en el discurso triunfalista, triunfalista y hueco, porque aunque Cotto, Ramírez Landaverde o Sánchez Cerén lo repitan una y mil veces, el guerrerismo como política pública no está debilitando, al menos con la intensidad que nos quieren vender, las estructuras de terror con las que las pandillas controlan sus canchas más firmes.

En este enlace puede consultar un gráfico interactivo de la Sala Negra de El Faro que detalla la evolución de los homicidios entre enero de 2002 y agosto de 2016.

Nunca me habían insultado tanto

Nunca me habían insultado tanto como en los días y semanas posteriores al 22 de julio de 2015. Y no solo fueron insultos; llovieron calumnias, ofensas de sabores y colores variados, difamaciones e incluso amenazas de muerte explícitas como bofetadas.

El torrente de improperios sobrevino después de la publicación de ‘La Policía masacró en la finca San Blas’, una sólida investigación periodística de la que yo soy primera firma y en la que se denunciaban, por un lado, ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía Nacional Civil (PNC); y, por otro lado –y en mi opinión lo más preocupante–, un obsceno encubrimiento de lo sucedido de parte de las autoridades e instituciones que deberían proteger a la ciudadanía contra los abusos de las fuerzas de seguridad.

Escribo estas líneas el día exacto en el que se cumple un año desde que publicamos la crónica. Doce meses que, admito mi extrañeza, sirvieron para que la masacre de la finca San Blas se haya convertido en el referente inequívoco de los abusos que la Administración Sánchez Cerén está cometiendo desde que en enero de 2015 apostó por el manodurismopara tratar de resolver el desarrollo desmedido del fenómeno de las maras.

La crónica acumula más de 104,000 visitas y fue retomada por prestigiosos medios de Estados Unidos, Europa y América Latina. La investigación se incluyó en el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado estadounidense, fue motivo de discusión en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington, y, a pesar de los recelos iniciales, incluso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República han validado la calidad de nuestro trabajo. Ahora mismo hay nueve agentes policiales procesados por lo ocurrido aquella madrugada.

No es poca cosa, en especial si se tiene en cuenta que la masacre de la finca San Blas estaba llamada a ser uno más en el listado de ‘enfrentamientos’ que consignan las versiones oficiales: ocho despreciables pandilleros muertos después de disparar a valerosos héroes azules. Pero no. El periodismo permitió conocer que hubo policías que dispararon en la cabeza a jóvenes rendidos, que ni siquiera eran mareros todos los fallecidos, y que los hechores alteraron de forma premeditada la escena, con la colocación de armas junto a los cadáveres, por ejemplo. Lo ocurrido, es una inferencia que cae por su propio peso, no fue la acción de un grupo de agentes descontrolados con pretensiones justicieras, sino un modus operandi avalado, planificado y que el gobierno quiso encubrir, al punto que desde las más altas instancias de la PNC y del Ministerio de Seguridad aún se defiende la versión oficial del operativo.

Y a pesar de que la investigación evidenció gravísimas violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, sobrevino el torrente de insultos, de difamaciones, de amenazas de muerte…

Somos la sociedad más violenta del mundo. Las maras son la expresión más cruel y refinada de esa violencia, con el agravante de que la ejercen sobre los sectores más desfavorecidos, pero el recurso habitual a la violencia para dirimir conflictos permea todo el cuerpo social.

Amarrando esta consideración a lo sucedido en la finca San Blas, el verdadero problema no es que haya unos policías exaltados que asesinen, o unos jefes policiales que lo toleren, o un sistema de control que silencie y encubra; ni siquiera que un gobierno que dice ser de izquierda haya asumido los valores que representa la finca San Blas como política pública. El verdadero problema, en mi opinión, es que como sociedad aún aplaudimos, enaltecemos o callamos ante los ya incontables sanblases, y preferimos insultar a los que desmontan versiones oficiales diseñadas para encubrir asesinatos cometidos con fusiles y balas que pagamos con nuestros impuestos. Esa permisividad es el combustible para todo lo demás.

Hoy se cumple un año desde ‘La Policía masacró en la finca San Blas’ y, a pesar de que la presión de la Embajada de Estados Unidos ha logrado que el caso se judicialice parcialmente, mi impresión es que apenas nada ha cambiado. Las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y demás violaciones a los derechos humanos cometidas desde el Estado con el pretexto de la guerra a las maras no han cesado en estos 12 meses; al contrario, seguramente sea el período en el que más funcionarios han manchado sus manos de sangre desde que arrancó el siglo. Me temo que el manodurismo es y será por años el motor de las políticas públicas, sin importar cuán estéril y contraproducente sea, y lo será porque esta sociedad, la sociedad más violenta del mundo, parece sentirse realmente cómoda embadurnada de ese manodurismo.

Ponga un Humvee en su comunidad

Foto Víctor Peña (El Faro)

¿Alguien en el gabinete de seguridad cree en serio que el fenómeno de las maras se combate con Humvees y helicópteros artillados? Y si no lo creen, ¿para qué montan espectáculos como el del martes en el reparto La Campanera de Soyapango? El Gobierno despejó el punto de buses de la Ruta 49, al final de la estigmatizada colonia, y lo cubrió con camiones de transporte militar, helicópteros artillados, Humvees ídem, cientos de uniformados, ennavaronados o maquillados para la guerra, fusiles de asalto… ¿Por qué? ¿Para dar gusto a camarógrafos, a escribientes y a sus audiencias?

La Fuerza de Intervención y Recuperación Territorial (FIRT) quieren vendérnosla como una nueva y –esta vez sí– eficaz solución, pero conviene recordar que no es la primera vez que el FMLN militariza el reparto La Campanera ni la primera que nos aseguran que después habrá un desembarco de balsámicos servicios sociales. A inicios de 2010, cientos de militares tomaron la colonia como base durante meses, 24/7, para tratar de aplastar manu militari el maléfico control de la pandilla 18. Lo recuerdo con cristalinidad porque en aquella época estuve subiendo al reparto para reportear durante semanas, reporteo que cuajó en una crónica titulada Vivir en La Campanera.

Entre lo mucho y bueno que me dejó aquella cobertura está haber conocido a Alejandro Gutman, presidente de la entonces Fundación Fútbol Forever, rebautizada después como Forever, sin fútbol.

Justo ahora, un miércoles de un abril de seis años después, viajo en carro con Gutman por una calle inhóspita del área rural de Panchimalco. El show de los Humvees en La Campanera fue ayer y, como él conoce la colonia como la palma de su mano, aprovecho.

—La represión –responde Gutman– es la estrategia que han usado todos los gobiernos desde que empecé a trabajar en el país, hace 12 años. 

—Ayer llevaron Humvees y helicópteros artillados.
—¿Qué te voy a decir? Yo preferiría que en lugar de tanques de guerra, llevaran a médicos, profesores, psicólogos, estudiantes universitarios, artistas, profesionales…
—¿La Campanera está abandonada?
—Absolutamente aislada. El Estado y la mitad de la sociedad que vive más o menos bien han abandonado las comunidades empobrecidas, pero dentro de ese abandono hay comunidades y comunidades. La Campanera está en el ostracismo; su escuela, por ejemplo. Hay que entender esa comunidad, conocerla, para darse cuenta de sus necesidades, pero también de la riqueza de su gente. Porque se necesita entereza, dignidad y sabiduría para vivir en un entorno así y salir a trabajar con una sonrisa cada día, después de tanto olvido y tanta dejadez. Conocer a esa gente enriquece. Yo el otro día llevé al presidente del Banco Agrícola para que conociera, habló con unos y otros, y quedó enamorado, transformado. Otro día llevó al presidente de la CEL y quedó entusiasmadísimo.
—Pobreza, exclusión y olvido. De acuerdo, pero también está la pandilla, Alejandro, que lo agrava todo. Un padre de La Campanera no puede enviar a su hijo a estudiar en Las Margaritas, porque ahí controla la MS-13.
—Los territorios están bien marcados, sí.
—Suena legítimo que el Estado quiera retomar el control. Suena urgente.
—Si no hay paz, es muy difícil construir... eso así es. Pero incluso en épocas como esta también se puede construir, y las demostraciones son clarísimas. Universidades, escuelas y empresa privada trabajan con nosotros por una cultura de la integración desde hace años. A Forever los pandilleros nos dejan trabajar, quizá porque saben que lo nuestro es transparente. No se entrometen. ¿Y por qué? Porque un pandillero, por más comprometido con su causa que esté, tiene hermanos, hermanas, hijos… Nosotros acabamos de inaugurar una casa de la integración en la colonia Santa Eduviges, un espacio para la comunidad. ¿Quién va a estar en contra de eso?
—Pero el punto de partida es anómalo. Que un grupo de pandilleros tenga que avalar...
—Es anómalo, sí, pero esa es la situación del país hoy. No se puede entrar en las comunidades sin avisar. Eso así es. Pero siendo así, reitero, siempre se puede trabajar por las comunidades, y casi nadie quiere hacerlo. Ojalá no existiera ese control de las pandillas en La Campanera, pero lo que no se vale es que unos y otros se agarren a eso para no hacer nada. No se puede llegar un día con las cámaras de televisión a pintar la escuela o a reglar pelotas y luego desaparecer. Así no se puede.

Hace una hora Gutman hablaba ante unos 200 estudiantes del Complejo Educativo Cantón San Isidro, de octavo y noveno grado, y de primer y segundo año de bachillerato. La escuela está a 45 minutos en 4x4 de la capital, pero el entorno es la ruralidad en estado puro; aquí hay menos señal de telefonía que en un penal. Números gruesos, ese centro habrá graduado a unos 600 bachilleres en la última década, y bastarían los dedos de las manos para enumerar los que han terminado una carrera universitaria. Los otros 590 estarán trabajando a cambio de un salario de subsistencia, o cultivando para comer y poco más, o habrán migrado al Norte, o se habrán brincado en una pandilla, que en Panchimalco hay mucha oferta.

—La carta de presentación del actual gobierno es el manodurismo puro y duro –digo.
—De cuestiones de seguridad pública no opino porque no sé; yo no sé si llevar tanques a La Campanera será bueno o no. Pero desde hace una década convivo en diferentes ámbitos de la sociedad, me he sentado a platicar con pandilleros, con empresarios y con ministros, y creo que esa experiencia acumulada me da el suficiente conocimiento como para decir que lo prioritario en las comunidades es reforzar las escuelas, los espacios públicos, las unidades de salud… porque en verdad están muy debilitadas. Y se puede… ¡claro que se puede entrar y construir! Pero hay que meterse a trabajar y no ir una mañana nomás, con demagogia, o ir solo con los tanques.
—¿Qué podemos o debemos exigir al Estado?
—Ojalá su papel fuera más importante, porque la presencia del Estado en las comunidades donde vive el 50 % más empobrecido de la sociedad es mínima. Por eso tenemos la situación que tenemos, porque el Estado piensa solo para una mitad. Yo aspiraría a que los gobernantes hagan lo que tienen que hacer, pero no le tengo mucha fe. Los políticos, aquí y en toda Latinoamérica, viven peleándose por cuotas de poder, y lo que menos les interesa es cómo vive el pueblo.
—Alejandro, ¿por qué la pandilla aún es una opción de vida atractiva para cientos de cientos salvadoreños?
—En una pared de la Santa Eduviges tenemos escrita una frase que dice algo así: un hombre invisibilizado es muy probable que termine creyéndoselo. Es algo terrible. Porque el ser humano al que la sociedad, el Estado y hasta su familia lo han hecho sentirse invisible puede que se lo crea y empiece a actuar sin límites. Si vos sentís que no sos ni de aquí ni de allá, si no has sentido amor ni entrega ni tenés objetivos en la vida, si la familia ni la escuela te pueden contener... la pandilla te ofrece ciertas tentaciones, da reconocimiento, estatus, te da una familia.

Helicópteros artillados, Humvees ídem, cientos de uniformados ennavaronados o maquillados para la guerra, fusiles de asalto… En el noticiero y en la portada del periódico todo eso luce, pero no parecen ser los instrumentos adecuados para que el niño de 12 o 13 años de la comunidad empobrecida quiera convertirse en el próximo pandillero.

—La implosión que ocurre en las familias es la explosión que ocurre en la sociedad –sentencia Gutman.

El ‘manodurismo’ (contado por un marero)

Hace poco tuve la oportunidad de platicar largo con un veterano pandillero al que llamaré Maicol. Cuarentón ya, Maicol durante más de una década fue el palabrero de una de las clicas más activas de su pandilla. Y lo fue desde la cárcel. Cayó preso recién comenzado el siglo y cumplió su condena en plena Tregua; es decir, vivió la evolución del fenómeno desde primera fila. Hoy es un peseta, alguien que ha renegado de su barrio, un traidor que tiene prendida –él y su familia– la luz verde. Una fuente privilegiada.

Hablamos sobre varios temas, pero en este artículo me ceñiré a sus reflexiones sobre el manodurismo, la receta que el finado Francisco Flores se sacó de la manga en el tramo final de su quinquenio.

—Los gobiernos siempre dicen que dan soluciones, pero esas soluciones solo sirvieron para hacer crecer todo –me dijo–. Comenzaron con lo de la Mano Dura...

A Maicol se le escapó una sonora sonrisa sarcástica.

—El Gobierno, según ellos, ¿va?, pensó: agarremos a estos hijosdeputa, ¿va? Agarremos a 20, a 50, 60, 200… metámoslos al tavo y hagamos un penal solo para ellos. ¿Y qué pasó? Nos unieron, crearon las ranflas, nos dieron un lugar para planear…

El Plan Mano Dura se lanzó el 23 de julio de 2003, con una hollywoodense puesta en escena en la colonia Dina de la capital, literalmente ocupada por el Ejército y la Policía para que el presidente Francisco Flores pudiera interpretar su papel de defensor de los ‘ciudadanos honrados’.

Foto Yuri Cortez (AFP).

Faltaba poco más de medio año para las elecciones presidenciales de marzo de 2004 y, apenas cuatro meses antes, en las legislativas de marzo, el FMLN se había convertido por primera vez en la fuerza más votada de El Salvador. Las maras eran ya un problema creciente de seguridad pública, con una guerra a muerte abierta entre ellas que generaba docenas de muertos cada año, pero nada que ver con lo que son en la actualidad, un problema de seguridad nacional, capaces de instaurar fronteras internas. Otro detalle importante: las cifras de asesinatos en 2002 y 2003 fueron las más bajas desde la firma de los Acuerdos de Paz, con tasas de homicidios incluso inferiores a las que el país tuvo durante la Tregua.

En ese contexto se apostó por el manodurismo y se vendió a la sociedad como la receta idónea. La improvisada y electorera apuesta se hizo con bombo y platillo, sobredosis de propaganda gubernamental, y la connivencia de una prensa narcotizada con los operativos tumbapuertas, los gorros navarone y los fusiles AR-15, y las presentaciones de picachadas de tatuados un día sí y otro también.

—El Gobierno solidificó las pandillas, ¿mentendés? –me dijo Maicol–. La Mano Dura, en vez de a acabar con el problema, sirvió para organizarnos.

La primera gran mutación del fenómeno de las maras (creación de estructuras de mando nacionales en las cárceles, apuesta por la renta como fuente de financiamiento, renuncia al tatuaje como elemento de jerarquía, férreo control de las canchas, ruptura paulatina con la idolatría al bajado de Estados Unidos,…) tiene lugar en los meses de apogeo delmanodurismo, entre 2003 y 2006.

—Y después, cuando ya estábamos organizados, nos hicieron políticos. Ellos nos hicieron políticos, ¿mentendés? –me dijo Maicol–. Ellos secretamente llegaban a los penales antes de cada elección y buscaban a nuestros líderes para decirles: cuando nosotros ganemos, van a cambiar ciertas cosas; no les vamos a dar todo, pero vamos a aflojar un poco la pita, y aquí y todo eso. Te estoy hablando que ciertos diputados tienen algo que ver en el crecimiento de las pandillas.

—¿Diputados de ARENA?

—¡De todos los partidos! Para la primera victoria del FMLN, nos reunieron en los tavos. Te estoy hablando de pláticas con diputados. Y nos pidieron que habláramos con nuestras familias para pedirles que votaran por el FMLN. Iba a haber beneficios, y nos los mencionaron y todo: que a la mayoría nos iban a dar las dos terceras partes o la media pena, para salir libres, o que iban a cerrar el penal de Zacatraz, o que si no lo cerraban, lo iban a dejar como los otros penales, que pudieras tocar a tu visita, tener contacto, íntima… Y se hizo: cada pandillero habló con su familia, y algunos hasta con civiles hablaron. Date cuenta de todos los presos a nivel nacional, y en todos los penales anduvieron; que cada quien tenga dos o tres familiares que votaron por el FMLN… esos votos hicieron ganar a Funes.

La entrevista con Maicol la mantuve algunos días antes de que El Faro publicara el video en el que se escucha a Ernesto Muyshondt –en nombre de ARENA– realizar para las presidenciales de 2014 ofrecimientos similares a voceros de la Mara Salvatrucha y de las dos facciones del Barrio 18.

—Te estoy hablando de que ellos, el Gobierno, siempre han tenido el poder para acabar con todo, pero nunca lo han querido hacer –me dijo Maicol.

El Salvador es un charco de sangre

Este 5 de enero se cumple un año desde que el Gobierno le apostó a la ‘guerra’ para afrontar el fenómeno de las maras. Acoto la palabra guerra con comillas simples por pudor, porque remite a un escenario de caos que quienes formamos parte de la mitad privilegiada de la sociedad todavía nos cuesta aceptar. Pudor, digo, porque según el diccionario de la Real Academia Española, guerra es la “lucha armada entre bandos de una misma nación”, acepción que incluso se queda corta para definir lo que se vive en las colonias y cantones sometidos por el terror de las pandillas, y por el terror de la represión desmedida desatada por el Estado.

Decía que este 5 de enero se cumple un año desde que el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, pronunció estas palabras: “No podemos volver al esquema de entendernos y de negociar con las pandillas, porque eso está al margen de la ley. Ellos se han puesto al margen de la ley, ellos se han vuelto violadores de la ley, y por lo tanto nuestra obligación es perseguirlos, castigarlos y que la justicia determine las penas que les corresponden”.

Con la opinión pública mayoritariamente en contra de la Tregua y presionado por Estados Unidos según distintas fuentes conocedoras del proceso, Sánchez Cerén finiquitó con esas dos frases la controvertida negociación iniciada en marzo de 2012 por el expresidente Mauricio Funes, que nos deparó un oasis estadístico de quince meses con un promedio de seis homicidios al día, pero que desde la segunda mitad de 2013 había comenzado a dar señales de naufragio.

Los periodistas de la Sala Negra de El Faro juzgamos el mensaje de Sánchez Cerén como el punto final de la Tregua. Fue un discurso calculado, que simbólicamente eligió pronunciar en el Castillo, la sede central de la Policía Nacional Civil. Lo hizo en los minutos previos a una reunión con lo más granado del Gabinete de Seguridad, robustecido para la ocasión con los comisionados policiales más influyentes. No fue una respuesta improvisada a una pregunta inesperada. Incluso el comunicado que Casa Presidencial hizo público minutos después subrayó la renuncia explícita al diálogo con los pandilleros.

Pero Sánchez Cerén dijo más aquel día:

Dijo que la Policía Comunitaria (que entonces se vendía como la milagrosa solución) estaba permitiendo un mayor acercamiento a la población. Y ya ven cómo estamos hoy.

Dijo que el Gobierno quería “construir es un ideal de vida de la población, un ideal de vida del buen vivir, de encontrar la felicidad, de encontrar que la comunidad de las personas pueda vivir en tranquilidad”. Y ya ven cómo estamos hoy.

Dijo que se iban a respetar los derechos humanos. Y ya ven cómo estamos hoy.

Dijo que el entonces novel Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia marcaría el camino hacia una sociedad menos violenta, más integrada. Y ya ven cómo estamos hoy.

Dijo que la seguridad es la antesala de la felicidad. Así lo dijo: “No puede existir un país que tenga felicidad si es inseguro”. Y ya ven cómo estamos hoy.

Un año después de que este Gobierno del FMLN optara por la guerra contra las pandillas, El Salvador es el país más violento del hemisferio, con una tasa atroz e inapelable de 102.9 homicidios por cada 100,000 habitantes. Hemos pasado de 2,499 asesinatos en 2013 a 6,657 en 2015, una inverosímil alza del 166 % en apenas dos años que hace que medios de comunicación de los cinco continentes nos estén ahora mismo tratando de retratar como lo que somos: la sociedad más violenta del mundo.

Porque otro país ultraviolento como lo es Honduras reporta 5,047 homicidios en 2015, una barbaridad, pero para igualar nuestra tasa de muerte tendrían que haber asesinado a 9,150 hondureños.

Porque en Colombia la cifra oficial de homicidios es 12,540, pero para equipararse con nosotros deberían haber enterrado a casi 51,000 colombianos.

Porque en Costa Rica están escandalizados al cerrar con unos 560 homicidios, pero para igualar la nefasta tasa salvadoreña tendrían que asesinar a 5,140 ticos en un año.

Porque en España asesinan a unas 300 personas al año, y para vivir lo que se vive en el país más violento del mundo tendrían que asesinar a 47,769 personas.

Después de un año de apostarle a la guerra, un tiempo razonable para medir si la apuesta funcionó o no, El Salvador se ha convertido en un país más violento e inseguro, sobre todo para la mitad más desfavorecida, que debería ser la prioridad para un Ejecutivo que dice ser de izquierda. Si siguiéramos el ingenuo razonamiento de Sánchez Cerén, somos hoy un país menos feliz que hace un año.

Las maras no han perdido el control de sus territorios ni se han reportado deserciones masivas por la presión del Gobierno. En los tradicionales centros de mando de las pandillas, las cárceles, aún entra y sale de todo. Entre las denuncias de violaciones a los derechos humanos que los salvadoreños interpusieron en la PDDH, las que señalan a policías y soldados pasaron de representar el 40 % en 2014 al 74 % en 2015. La guerra se ha llevado a más de un centenar de policías, militares, custodios y familiares de. El Plan El Salvador Seguro ha resultado ser el enésimo compendio de intenciones tan bondadosas como inaplicables. La institucionalidad y la sanidad democrática del Estado se han debilitado por las docenas de ejecuciones extrajudiciales cometidas y la falta de voluntad para investigarlas. Incluso la reversión de la polarización que se vislumbró en el Pacto de Ataco resultó ser un espejismo.

En definitiva, un año después de que se renunció al diálogo como herramienta para resolver el principal problema de convivencia, el país está en un atolladero. Por más comerciales de bellísima factura artística, por más canciones con niños bien nutridos y sonrientes, por más mensajes de Año Nuevo de inspiración escandinava con los que el Gobierno nos ha bombardeado en las últimas semanas, este 5 de enero, cuando se cumplen 365 días desde que Sánchez Cerén le apostó a la guerra, no se ve luz al final del túnel. Por no ver, algunos ni siquiera ven –ni siquiera quieren ver– el charco de sangre sobre el que estamos parados.

La PAES cuando se estudia entre mareros

A mediados de octubre pasé una mañana en el Complejo Educativo Cantón San Isidro, municipio de Panchimalco. Para los que vivimos en la capital, Panchimalco suena cercano, a pupusas domingueras, pero para llegar hasta el cantón San Isidro hay que bajar primero de los Planes de Renderos al pueblo, tomar una de las vías sin asfalto que desde el casco urbano se abren hacia el sur, y manejar otros 20 minutos, si la destartalada calle está de buenas.

En muchos aspectos, la escuela-instituto encarna el prototipo de centro educativo rural y público: para que el agua corra después de usar el baño dependen de las pipas, cuenta con reservas generosas del programa ‘Vaso de Leche’, los alumnos caminan uniformados desde caseríos y cantones cercanos, cuenta con una modesta sala de computación… Pero en San Isidro hay un factor que trastoca todo lo demás: está en una zona con fuerte presencia de pandillas, más de una.

—Yo trabajo acá desde hace 15 años, pero ni siquiera los compañeros saben dónde vivo. Es una forma de protegermos –dice Melvin Márquez, director desde hace dos años y docente durante más de una década.

La calle frente al centro educativo es la frontera: divide el caserío El Potrerito, dondecontrola la Mara Salvatrucha, de zonas como el cantón Las Crucitas, donde los placazos son del Barrio 18.

—Acá tenemos alumnos de las dos pandillas, pero jamás se van a los puños o se amenazan. Los podría poner a comer en la misma mesa, frente a frente, y no pasaría nada, quizá porque ellos mismos han hecho el pacto de no agredirse dentro de la escuela. Pero ya en noviembre y diciembre que no hay clases…

No suena muy aventurado suponer que el supuesto pacto al interior del centro educativo se deba a la continua presencia de la Policía Nacional Civil. Desde que en 2011 Panchimalco se convirtió en un habitual en los ránking de municipios más violentos de El Salvador, el Ministerio de Seguridad quiso tomar cartas en el asunto y, entre otras medidas, instaló fuera de la escuela-instituto un puesto fijo –uno de esos remolques pintados de azul y blanco– con uniformados armados para la guerra; la presencia de agentes es 24/7.

—Cuando inicia el año escolar, el día que presentamos la planta de docentes, se presenta también a los agentes –dice el director Márquez.

Todo parece indicar que en 2015 la cifra de asesinatos en Panchimalco será la más alta desde que se lleva un conteo confiable: arriba de 90 homicidios en un municipio que ronda los 47,000 habitantes, con el agravante de que la violencia castiga más las áreas rurales, como el cantón San Isidro, donde pandilleros de una y de la otra, fuerzas de seguridad y grupos de exterminio paraestatales están en plena temporada de gatillo fácil.

¿Cómo estudiar así? ¿Cómo superarse? ¿Qué es de aquellos jóvenes que son víctimas de todos los grupos que han optado por las armas? La violencia está marcando a fuego toda una generación en amplias zonas del país, aunque en los platós de televisión y en los despachos de los burócratas apenas se hable del tema.

En el Complejo Educativo Cantón San Isidro, la matrícula cayó de 936 alumnos en 2014 a 858 en 2015. Desplazamientos forzados, migración, la pandilla como un atractivo mayor… El segundo año de bachillerato, el más afectado por el fenómeno de las maras por razones obvias, renunció este año a tener dos grupos, por la significativa reducción en la matriculación que el director Márquez relaciona sin matices con la violencia.

Pero, ¿y los que pese a todo quieren superarse? ¿Qué futuro espera a la treintena de estudiantes de la San Isidro que, con obstáculos inimaginables para quien forma parte de la mitad privilegiada de la sociedad, se han convertido en bachilleres e hicieron la famosa PAES, la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media? Incluso sin las pandillas, saltar a cualquier universidad desde zonas empobrecidas es casi un imposible, reservado para el ramillete con notas impresionantes, y con una familia en una situación lo suficientemente desahogada como para mantener a un hijo universitario. La violencia ha vuelto más compleja la ecuación, y hoy en día jóvenes de El Potrerito no podrían cursar estudios superiores, ni aunque obtuvieran alguna de esas becas que universidades y oenegés elitistas reservan para captar a los más brillantes. ¿Por qué? Para llegar a la capital hay que pasar por territorio dieciochero, y uno de los códigos de la pandilla, acentuado desde que terminó la Tregua, dice que la mera pertenencia a un cantón o colonia controlada por la pandilla rival te convierte en enemigo.

En estos días, con la PAES fresca, raro es encender el televisor y no hallar en los programas de entrevistas a encorbatados y perfumadas pontificar sobre los resultados. Hablan sobre la diferencia entre la educación pública y privada, sobre los datos dispares de tal y cual departamentos, sobre centros rurales versus centros urbanos, sobre estudiantes de uno y otro género… pero apenas se dice nada sobre un elemento que desde hace al menos un lustro, a mi juicio, está convulsionando la calidad educativa en El Salvador: que el instituto esté o no en una zona controlada por pandillas.

—La batalla no está perdida –dice optimista el director Márquez–. Se está haciendo mucho, pero hasta donde nosotros alcanzamos. Si alguien nos tendiera la mano...

Vigésimo cuarto comunicado de las pandillas

Los voceros nacionales de las pandillas MS-X3, Barrio 18, Mao-Mao, Máquina, La Miarada Locos 13, privadas y privados de libertad de origen común, al pueblo salvadoreño y demás pueblos del mundo, hacemos saber:

1- El país atraviesa por una situación difícil, como es costumbre ya, es a las maras y pandillas a quienes se nos atribuye la gravedad de toda la situación, con el perverso propósito de encubrir y proteger a otras estructuras o personas que practican accionar delictivo, quienes ante la sociedad se presentan como personas de bien, ya sea como: funcionarios públicos, empresarios, ministros, fiscales, policías, militares, religiosos, ex-presidentes y tantos otros que con toda desfachatez dicen ser parte de los “buenos”, y en realidad, cuando son descubiertos y procesados – algo que sucede muy poco – resulta ser que son iguales o más criminales que nosotros, pero eso sí, a la hora de condenar a otros, no vacilan en ser los primeros en lanzar piedras.

2- Las maras y pandillas hemos tenido que recurrir a formas ilícitas para sobrellevar nuestras vidas, al ser nosotros y nuestras familias los históricamente olvidados y marginados por las gestiones gubernamentales, nuestro origen está en las comunidades más empobrecidas, en los hogares desarticulados por la emigración, la violencia y la irresponsabilidad paterna o materna, es a nosotros a quienes se nos niegan oportunidades de educación, salud, trabajo, recreación y lo único que se nos ofrece es represión, cárcel y muerte.

3- El gobierno habla mucho de paz últimamente, pero en las actuaciones lo que se alimenta es la guerra, si el propósito de paz que se pregona es genuino, debería de atacar causas y no solo efectos; la absurda represión y el manodurismo en lugar de resolver agrava la conflictividad. Las maras y pandillas aprendimos con el proceso de paz que se impulsó en 2012, que es dialogando como se es más eficaz para enfrentar la violencia y disminuirla, que es hablando de paz y haciendo gestos de buena voluntad y no de guerra como el conflicto se des escala y dirime con menos costos económicos y sociales.

4- Afortunadamente, en el ambiente de belicosidad que impera en los últimos días, las voces de la sensatez siguen abogando por soluciones racionales al conflicto, hay propuestas de paz que han circulado, no habíamos respondido a ellas porque esperábamos conocer la disposición gubernamental de buscar la paz por esa vía, pero en vista de que en privado se nos dice que sí y en lo público se niega, hemos decidido tomar la iniciativa de forma unilateral. 

5- Congruente con lo anterior, hemos tomado la decisión de responder afirmativamente al llamado público que en últimos días ha realizado uno de los luchadores más incansables por la paz en El Salvador: El señor Raúl Mijango, quien ha presentado al país una propuesta de agenda para la paz que contiene 26 puntos, 13 para ser abordados por nosotros y los otros trece por el Estado, gobierno y sociedad civil.

6- Reiteramos que asumimos todos los puntos que se nos proponen sin condiciones ni enmiendas, incluyendo los de respetar la vida de policías, soldados, militares, custodios, funcionarios públicos, jueces y políticos y por supuesto la vida de los más humildes a quienes afecta la violencia. También, sobre los delitos patrimoniales como el robo, hurto y extorsión. Pedimos al gobierno no obstruir ni sabotear este proceso, por el contrario que facilite condiciones que nos permitan avanzar más rápido en el tiempo y los compromisos que hemos de asumir ante la sociedad, este es el regalo que en su beatificación le queremos hacer a Monseñor Romero: Nuestro arrepentimiento y solicitud de perdón a la sociedad por todo el daño causado.

7- En consecuencia de lo anterior, anunciamos que desde ya estamos girando instrucciones de acuartelamiento a nuestras unidades, de almacenamiento de hierros y pertrechos y que todos, tanto adentro de las prisiones como fuera de ellas, se concentren en el estudio y la discusión de los 13 puntos que se nos han propuesto, afín de lograr consensos que permitan responder satisfactoriamente a lo que la sociedad espera de nosotros: menos homicidios, menos extorsiones; en definitiva: menos violencia. Según sean las condiciones con que contemos para esta reflexión, así iremos anunciando en su momento los compromisos que asumiremos con la sociedad sobre cada punto.

8- Como muestra de compromiso y buena voluntad, cesaremos desde ya todo tipo de ataques, es más, no haremos uso ni del elemental derecho a la defensa. Solo pedimos que paren los abusos de autoridad y las acciones de exterminio que en su mayor parte están siendo presentadas como riñas entre pandillas, cuando en realidad lo que sucede es que de sus casas sacan a nuestros miembros y luego los asesinan, simulan enfrentamientos y colocan armas a los muertos para justificar las masacres, etc. Muchos han lamentado el deceso de policías, pero han callado o se han alegrado por el exterminio de más de ciento cuarenta miembros de pandillas solo en el mes de marzo de este año.

9- Para dar confianza al desarrollo del proceso y evitar el que se crea que lo hacemos con propósitos mal sanos, pedimos que el debate privado que desarrollaremos en el interior de los Centros Penitenciarios sea monitoreado por una entidad de gran prestigio y reconocimiento internacional y que ya cuenta con una misión en El Salvador: El Comité Internacional de la Cruz Roja CICR y en la Libre, por los Obispos y Pastores coordinados por la Iniciativa Pastoral por la Vida y Por la Paz, IPAZ. Quienes puede solicitar apoyos técnicos a las instituciones tanto nacionales como internacionales con experiencia en la mediación y resolución de conflictos.

10- Como el problema de la violencia es un problema nacional, para saberla superar hay que sacarla del circulo vicioso y dañino de la confrontación política, en tal sentido proponemos se cree una Instancia Bipartidista, técnica y política en la que estén representados las dos principales fuerzas políticas del país: ARENA y FMLN y que sea en esta instancia que con sentido patriótico y sin intereses electoreros se consensúen las acciones y las iniciativas de ley que volverán sostenible e irreversible el proceso de paz que se vaya construyendo.

El Salvador, 20 de abril de 2015.

Foto Roberto Valencia

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Lea además:

• Vigésimo tercer comunicado de las pandillas
• Carta de Raúl Mijango a la Nación
• Vigésimo segundo comunicado de las pandillas
• Vigésimo primer comunicado de las pandillas
• Vigésimo comunicado de las pandillas
  
• Decimonoveno comunicado de las pandillas
  
• Decimoctavo comunicado de las pandillas
  
• Decimoséptimo comunicado de las pandillas
  
• Decimosexto comunicado de las pandillas
  
• Decimoquinto comunicado de las pandillas
  
• Decimocuarto comunicado de las pandillas
  
• Decimotercer comunicado de las pandillas
  
• Duodécimo comunicado de las pandillas
  
• Undécimo comunicado de las pandillas
  
• Décimo comunicado de las pandillas
  
• Noveno comunicado de las pandillas
  
• Octavo comunicado de las pandillas
  
• Séptimo comunicado de las pandillas
  
• Pronunciamiento a la nación de Raúl Mijango y Fabio Colindres
  
• Sexto comunicado de la MS-13 y el Barrio 18
  
• Quinto comunicado de la MS-13 y el Barrio 18
  
• Cuarto comunicado de la MS-13 y el Barrio 18
  
• Tercer comunicado de la MS-13 y el Barrio 18
  
• Segundo comunicado de la MS-13 y el Barrio 18