Este 5 de enero se cumple un año desde que el Gobierno le apostó a la ‘guerra’ para afrontar el fenómeno de las maras. Acoto la palabra guerra con comillas simples por pudor, porque remite a un escenario de caos que quienes formamos parte de la mitad privilegiada de la sociedad todavía nos cuesta aceptar. Pudor, digo, porque según el diccionario de la Real Academia Española, guerra es la “lucha armada entre bandos de una misma nación”, acepción que incluso se queda corta para definir lo que se vive en las colonias y cantones sometidos por el terror de las pandillas, y por el terror de la represión desmedida desatada por el Estado.
Decía que este 5 de enero se cumple un año desde que el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, pronunció estas palabras: “No podemos volver al esquema de entendernos y de negociar con las pandillas, porque eso está al margen de la ley. Ellos se han puesto al margen de la ley, ellos se han vuelto violadores de la ley, y por lo tanto nuestra obligación es perseguirlos, castigarlos y que la justicia determine las penas que les corresponden”.
Con la opinión pública mayoritariamente en contra de la Tregua y presionado por Estados Unidos según distintas fuentes conocedoras del proceso, Sánchez Cerén finiquitó con esas dos frases la controvertida negociación iniciada en marzo de 2012 por el expresidente Mauricio Funes, que nos deparó un oasis estadístico de quince meses con un promedio de seis homicidios al día, pero que desde la segunda mitad de 2013 había comenzado a dar señales de naufragio.
Los periodistas de la Sala Negra de El Faro juzgamos el mensaje de Sánchez Cerén como el punto final de la Tregua. Fue un discurso calculado, que simbólicamente eligió pronunciar en el Castillo, la sede central de la Policía Nacional Civil. Lo hizo en los minutos previos a una reunión con lo más granado del Gabinete de Seguridad, robustecido para la ocasión con los comisionados policiales más influyentes. No fue una respuesta improvisada a una pregunta inesperada. Incluso el comunicado que Casa Presidencial hizo público minutos después subrayó la renuncia explícita al diálogo con los pandilleros.
Pero Sánchez Cerén dijo más aquel día:
Dijo que la Policía Comunitaria (que entonces se vendía como la milagrosa solución) estaba permitiendo un mayor acercamiento a la población. Y ya ven cómo estamos hoy.
Dijo que el Gobierno quería “construir es un ideal de vida de la población, un ideal de vida del buen vivir, de encontrar la felicidad, de encontrar que la comunidad de las personas pueda vivir en tranquilidad”. Y ya ven cómo estamos hoy.
Dijo que se iban a respetar los derechos humanos. Y ya ven cómo estamos hoy.
Dijo que el entonces novel Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia marcaría el camino hacia una sociedad menos violenta, más integrada. Y ya ven cómo estamos hoy.
Dijo que la seguridad es la antesala de la felicidad. Así lo dijo: “No puede existir un país que tenga felicidad si es inseguro”. Y ya ven cómo estamos hoy.
Un año después de que este Gobierno del FMLN optara por la guerra contra las pandillas, El Salvador es el país más violento del hemisferio, con una tasa atroz e inapelable de 102.9 homicidios por cada 100,000 habitantes. Hemos pasado de 2,499 asesinatos en 2013 a 6,657 en 2015, una inverosímil alza del 166 % en apenas dos años que hace que medios de comunicación de los cinco continentes nos estén ahora mismo tratando de retratar como lo que somos: la sociedad más violenta del mundo.
Porque otro país ultraviolento como lo es Honduras reporta 5,047 homicidios en 2015, una barbaridad, pero para igualar nuestra tasa de muerte tendrían que haber asesinado a 9,150 hondureños.
Porque en Colombia la cifra oficial de homicidios es 12,540, pero para equipararse con nosotros deberían haber enterrado a casi 51,000 colombianos.
Porque en Costa Rica están escandalizados al cerrar con unos 560 homicidios, pero para igualar la nefasta tasa salvadoreña tendrían que asesinar a 5,140 ticos en un año.
Porque en España asesinan a unas 300 personas al año, y para vivir lo que se vive en el país más violento del mundo tendrían que asesinar a 47,769 personas.
Después de un año de apostarle a la guerra, un tiempo razonable para medir si la apuesta funcionó o no, El Salvador se ha convertido en un país más violento e inseguro, sobre todo para la mitad más desfavorecida, que debería ser la prioridad para un Ejecutivo que dice ser de izquierda. Si siguiéramos el ingenuo razonamiento de Sánchez Cerén, somos hoy un país menos feliz que hace un año.
Las maras no han perdido el control de sus territorios ni se han reportado deserciones masivas por la presión del Gobierno. En los tradicionales centros de mando de las pandillas, las cárceles, aún entra y sale de todo. Entre las denuncias de violaciones a los derechos humanos que los salvadoreños interpusieron en la PDDH, las que señalan a policías y soldados pasaron de representar el 40 % en 2014 al 74 % en 2015. La guerra se ha llevado a más de un centenar de policías, militares, custodios y familiares de. El Plan El Salvador Seguro ha resultado ser el enésimo compendio de intenciones tan bondadosas como inaplicables. La institucionalidad y la sanidad democrática del Estado se han debilitado por las docenas de ejecuciones extrajudiciales cometidas y la falta de voluntad para investigarlas. Incluso la reversión de la polarización que se vislumbró en el Pacto de Ataco resultó ser un espejismo.
En definitiva, un año después de que se renunció al diálogo como herramienta para resolver el principal problema de convivencia, el país está en un atolladero. Por más comerciales de bellísima factura artística, por más canciones con niños bien nutridos y sonrientes, por más mensajes de Año Nuevo de inspiración escandinava con los que el Gobierno nos ha bombardeado en las últimas semanas, este 5 de enero, cuando se cumplen 365 días desde que Sánchez Cerén le apostó a la guerra, no se ve luz al final del túnel. Por no ver, algunos ni siquiera ven –ni siquiera quieren ver– el charco de sangre sobre el que estamos parados.
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