Déjà vu sobre la legítima defensa

Foto Roberto Valencia

‘Reformarán figura de la legítima defensa’, destacaba el titular, y el artículo decía así:

Reformas a la figura de la legítima defensa para que cuando una persona actúe contra un delincuente no sea llevada a la cárcel, aprobará la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa. El presidente de la referida comisión, Walter Araujo, informó que se están estudiando modificaciones al Código Procesal Penal para proteger a los ciudadanos que, en defensa propia, de sus bienes o de su familia, se ven involucrados en actos considerados por la legislación como delitos culposos. (…) Sin embargo, debido al incremento de la delincuencia y casos de personas que son detenidas por defenderse contra los ladrones, el diputado Araujo indicó que no se puede esperar a que entre en vigencia la nueva legislación penal, por lo que es necesario reformar el código vigente. (…). Los abogados Alfredo Clará y Miriam Mixco presentaron al Congreso un proyecto de reformas al Código Procesal Penal para que el juez pueda sustituir la detención provisional por un arresto domiciliario en caso de legítima defensa. (…). Existen suficientes casos para demostrar que es imprescindible enviar un mensaje claro a los delincuentes y proteger a los ciudadanos honestos, para lo cual es indispensable regular la defensa propia.

Esta nota es de hace casi veinte años. Se publicó el jueves 25 de mayo de 1995 en El Diario de Hoy, pero bien podría haberse escrito el 23 de julio de 2014, un día antes de que 48 diputados de derecha aprobaran una reforma que –aunque no lo planteen así– busca que los hombres y las mujeres que tienen un arma se sientan en mayor libertad de utilizarla contra los “delincuentes” sin que siquiera sean llevados a una delegación policial por ello. Se apela a que solo beneficiará a los ciudadanos honestos y honrados, pero estamos en El Salvador y no en Suiza, y los jueces con demasiada frecuencia miden la ‘honradez’ y la ‘honestidad’ en función de las influencias ante el Poder Judicial del procesado o del dinero que tiene para pagar un buen abogado.

La reforma es un claro retroceso si este país tiene como objetivo convertirse algún día en un pleno Estado de derecho, pero el ambiente está caldeado y la han envuelto con nobles ropajes: ‘ciudadanos honrados versus delincuentes’, ‘legítima defensa’, ‘protegerse de los mareros’… Oponerse, con la que está cayendo, suena pecaminoso, y quizá hasta con eso están jugando algunos, pero yo espero que el presidente de la República ejerza su capacidad de veto.

Seguro que no ganaré el premio al bloguero más popular de El Salvador, pero no quiero que mis hijas crezcan en una sociedad en la que el Estado tolera que un hombre armado responda con tres balazos en la cabeza a una persona que navaja en mano roba celulares en un autobús, por censurable que sea el acto de robar (y conste que yo seguido viajo en bus). No quiero una sociedad en la que el hijo de papi –o el propio papi– se sienta con las manos libres para vaciar su cargador contra otro porque sabe que lo respalda un bufete jurídico al que poco le costará fabricar la “legítima defensa”.

Quien me late que sí está satisfecho con la reforma aprobada al Código Procesal Penal, y más que lo estará si Salvador Sánchez Cerén no impide que entre en vigor, será el editorialista de El Diario de Hoy. Lleva dos décadas esperándolo.