La ciudad más violenta del mundo

Ya hicieron público el “Listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2015”, y en esta ocasión el muerto le cayó a Caracas. Para el mundo entero, la capital venezolana es y será, al menos hasta enero del próximo año, la ciudad más violenta del mundo… aunque seguramente no lo sea.

El cacareado listado lo elabora una oenegé mexicana llamada Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., que desde hace años ha ganado notoriedad internacional (prestigio, incluso) precisamente por confeccionar este ranking.

Desde que hace un lustro nació la Sala Negra de El Faro, soy el periodista que trata de estar pendiente de los indicadores de violencia en El Salvador, y me gusta cotejarlos con lo que sucede en los países de la región. Pues bien, el listado de esta oenegé mexicana, que agencias internacionales de prensa y prestigiosos medios de referencia elevan a categoría de verdad absoluta, lo descartamos como fuente confiable hace dos o tres años, y lo hicimos por una sencilla razón: los errores y las ligerezas detectados son, en mi opinión, demasiado graves.

La gran virtud del listado es que detalla la metodología para sus cálculos. Por ejemplo, la tasa afinada hasta las centésimas de “119.87 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes” de Caracas no tiene fundamento alguno en cifras oficiales; es una construcción sobre cuestionables reportes periodísticos que citan cifras de la morgue que atiende Caracas y alrededores, luego guadañan un porcentaje como estimación de accidentes y homicidios no dolosos, y por último descartan municipios del Gran Caracas que también hacen uso de esa morgue. El resultado final es, en mi opinión, una cifra basada en demasiadas inferencias, estimaciones y reglas de tres como para ser confiable.

Otro ejemplo. El año pasado, la campeona resultó San Pedro Sula, en Honduras. Le atribuyeron 1,317 homicidios y una tasa de 171.20 homicidios por cada 100,000 habitantes. Así se publicó y se republicó. Este año la ubican en el segundo escalón del pódium, pero si se lee la ‘letra pequeña’ sobre la metodología, aparece esto: “En primer término, quepa señalar que nuestra estimación de 1,317 homicidios en 2014 fue 14.29 % por debajo de la que reporta Sistema Estadístico Policial, que fue de 1,152”. ¡Sobrestimaron 165 asesinatos!

Pero no me animé a escribir este desahogo por lo que sucede en Caracas o en San Pedro, sino por lo que conozco tantito mejor: San Salvador. Nuestra ciudad capital salta este año del decimotercer al tercer lugar, y le atribuyen una tasa de 108.54 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Aunque más de uno se sorprenderá por esto que va a leer, El Salvador tiene uno de los sistemas de conteo de homicidios más confiables y transparentes de todo el hemisferio, además de difusión casi inmediata. Ante esta realidad, las diferencias numéricas no son tan relevantes, pero sí –en mi opinión, reitero– las ligerezas metodológicas distorsionadoras.

Uno. La oenegé atribuye 1,918 homicidios a “San Salvador”, cuando el dato oficial y público desde la primera semana de enero es 1,932. La diferencia, por lo explicado en el párrafo anterior, no es significativa, y la tasa apenas se elevaría a 109.3 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Dos, y empezamos con las discrepancias de corte metodológico. La única ciudad que existe en El Salvador, según el criterio utilizado por la oenegé, es “San Salvador”. Ni Santa Ana ni San Miguel ni Soyapango son ciudades.

Tres. Lo que ellos llaman “San Salvador” es en realidad el Área Metropolitana de San Salvador, una entidad que aglutina a 14 municipios y que goza de respaldo jurídico, pero en mi opinión obsoleta si se tiene en cuenta el desarrollo urbano en las últimas dos décadas. Así, el cantón Tutultepeque de Nejapa es “San Salvador”, pero no lo es la residencial Vía del Mar, ubicada en el arranque de la carretera al puerto.

Cuatro. Dentro del Área Metropolitana de San Salvador oficial existen, en mi opinión, realidades lo suficientemente diferenciadas como para que no sean metidas en el mismo saco. La situación de seguridad en los dos municipios ‘metropolitanos’ del departamento de La Libertad (Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán) muy poco tiene que ver con el gran manchón urbano de San Salvador-Ciudad Delgado-Mejicanos-Ayutuxtepeque-Cuscatancingo-Apopa-Soyapango-Ilopango, pero esas realidades dispares, incluso separadas físicamente, se meten en el mismo huacal, y se extrae un promedio.

Entre las ciudades más violentas del mundo, “a San Salvador le correspondió la tercera posición”, dice concluyente la oenegé mexicana en su informe. Pero los factores enumerados distorsionan en mi opinión los números de “San Salvador” y todas las consecuentes afirmaciones que se hacen sobre nuestra capital.

Nuestra realidad es más cruel: en el municipio de San Salvador, donde según la Digestyc en 2015 residían 257,754 personas, se cometieron 514 asesinatos. La tasa de la ciudad capital es de 199.3 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Si se tienen en cuenta las implicaciones para el turismo y la inversión extranjera que podrían derivarse de ser presentados como la ciudad más violenta del mundo, no nos podemos quejar. Las –en mi opinión– ligerezas con las que la oenegé mexicana elabora el listado nos han ayudado. Nos salió barato. 

Lo repiten con sonoros titulares en la BBC, El Mundo o La Nación: Caracas es la ciudad más violenta del mundo, no San Salvador. Un respetado informe lo dice. ¿A quién le importa en Londres, Madrid o Buenos Aires lo que esté ocurriendo en el Centro Histórico de San Salvador?

El Salvador es un charco de sangre

Este 5 de enero se cumple un año desde que el Gobierno le apostó a la ‘guerra’ para afrontar el fenómeno de las maras. Acoto la palabra guerra con comillas simples por pudor, porque remite a un escenario de caos que quienes formamos parte de la mitad privilegiada de la sociedad todavía nos cuesta aceptar. Pudor, digo, porque según el diccionario de la Real Academia Española, guerra es la “lucha armada entre bandos de una misma nación”, acepción que incluso se queda corta para definir lo que se vive en las colonias y cantones sometidos por el terror de las pandillas, y por el terror de la represión desmedida desatada por el Estado.

Decía que este 5 de enero se cumple un año desde que el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, pronunció estas palabras: “No podemos volver al esquema de entendernos y de negociar con las pandillas, porque eso está al margen de la ley. Ellos se han puesto al margen de la ley, ellos se han vuelto violadores de la ley, y por lo tanto nuestra obligación es perseguirlos, castigarlos y que la justicia determine las penas que les corresponden”.

Con la opinión pública mayoritariamente en contra de la Tregua y presionado por Estados Unidos según distintas fuentes conocedoras del proceso, Sánchez Cerén finiquitó con esas dos frases la controvertida negociación iniciada en marzo de 2012 por el expresidente Mauricio Funes, que nos deparó un oasis estadístico de quince meses con un promedio de seis homicidios al día, pero que desde la segunda mitad de 2013 había comenzado a dar señales de naufragio.

Los periodistas de la Sala Negra de El Faro juzgamos el mensaje de Sánchez Cerén como el punto final de la Tregua. Fue un discurso calculado, que simbólicamente eligió pronunciar en el Castillo, la sede central de la Policía Nacional Civil. Lo hizo en los minutos previos a una reunión con lo más granado del Gabinete de Seguridad, robustecido para la ocasión con los comisionados policiales más influyentes. No fue una respuesta improvisada a una pregunta inesperada. Incluso el comunicado que Casa Presidencial hizo público minutos después subrayó la renuncia explícita al diálogo con los pandilleros.

Pero Sánchez Cerén dijo más aquel día:

Dijo que la Policía Comunitaria (que entonces se vendía como la milagrosa solución) estaba permitiendo un mayor acercamiento a la población. Y ya ven cómo estamos hoy.

Dijo que el Gobierno quería “construir es un ideal de vida de la población, un ideal de vida del buen vivir, de encontrar la felicidad, de encontrar que la comunidad de las personas pueda vivir en tranquilidad”. Y ya ven cómo estamos hoy.

Dijo que se iban a respetar los derechos humanos. Y ya ven cómo estamos hoy.

Dijo que el entonces novel Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia marcaría el camino hacia una sociedad menos violenta, más integrada. Y ya ven cómo estamos hoy.

Dijo que la seguridad es la antesala de la felicidad. Así lo dijo: “No puede existir un país que tenga felicidad si es inseguro”. Y ya ven cómo estamos hoy.

Un año después de que este Gobierno del FMLN optara por la guerra contra las pandillas, El Salvador es el país más violento del hemisferio, con una tasa atroz e inapelable de 102.9 homicidios por cada 100,000 habitantes. Hemos pasado de 2,499 asesinatos en 2013 a 6,657 en 2015, una inverosímil alza del 166 % en apenas dos años que hace que medios de comunicación de los cinco continentes nos estén ahora mismo tratando de retratar como lo que somos: la sociedad más violenta del mundo.

Porque otro país ultraviolento como lo es Honduras reporta 5,047 homicidios en 2015, una barbaridad, pero para igualar nuestra tasa de muerte tendrían que haber asesinado a 9,150 hondureños.

Porque en Colombia la cifra oficial de homicidios es 12,540, pero para equipararse con nosotros deberían haber enterrado a casi 51,000 colombianos.

Porque en Costa Rica están escandalizados al cerrar con unos 560 homicidios, pero para igualar la nefasta tasa salvadoreña tendrían que asesinar a 5,140 ticos en un año.

Porque en España asesinan a unas 300 personas al año, y para vivir lo que se vive en el país más violento del mundo tendrían que asesinar a 47,769 personas.

Después de un año de apostarle a la guerra, un tiempo razonable para medir si la apuesta funcionó o no, El Salvador se ha convertido en un país más violento e inseguro, sobre todo para la mitad más desfavorecida, que debería ser la prioridad para un Ejecutivo que dice ser de izquierda. Si siguiéramos el ingenuo razonamiento de Sánchez Cerén, somos hoy un país menos feliz que hace un año.

Las maras no han perdido el control de sus territorios ni se han reportado deserciones masivas por la presión del Gobierno. En los tradicionales centros de mando de las pandillas, las cárceles, aún entra y sale de todo. Entre las denuncias de violaciones a los derechos humanos que los salvadoreños interpusieron en la PDDH, las que señalan a policías y soldados pasaron de representar el 40 % en 2014 al 74 % en 2015. La guerra se ha llevado a más de un centenar de policías, militares, custodios y familiares de. El Plan El Salvador Seguro ha resultado ser el enésimo compendio de intenciones tan bondadosas como inaplicables. La institucionalidad y la sanidad democrática del Estado se han debilitado por las docenas de ejecuciones extrajudiciales cometidas y la falta de voluntad para investigarlas. Incluso la reversión de la polarización que se vislumbró en el Pacto de Ataco resultó ser un espejismo.

En definitiva, un año después de que se renunció al diálogo como herramienta para resolver el principal problema de convivencia, el país está en un atolladero. Por más comerciales de bellísima factura artística, por más canciones con niños bien nutridos y sonrientes, por más mensajes de Año Nuevo de inspiración escandinava con los que el Gobierno nos ha bombardeado en las últimas semanas, este 5 de enero, cuando se cumplen 365 días desde que Sánchez Cerén le apostó a la guerra, no se ve luz al final del túnel. Por no ver, algunos ni siquiera ven –ni siquiera quieren ver– el charco de sangre sobre el que estamos parados.

Offside maralover

El otro día, haciendo limpieza digital (entiéndase revisión, ordenamiento y respaldo o descarte de archivos varios y de CD y DVD acumulados durante años), hallé un dividí promocional con un sugerente título: Entender la violencia para poder prevenirla. Estoy casi seguro, casi, de que lo traje de un encuentro que en octubre de 2010 se celebró en Ciudad de Panamá bajo el no menos atractivo anzuelo de Compromiso Centroamérica, un espacio para construir una región segura, uno de esos en los que en pocos días se derrochan cientos de miles de dólares de la cooperación internacional para que políticos, académicos, policías, oenegeros y periodistas pasen unos días de distensión en hoteles de muchas estrellas, supuestamente reflexionando y compartiendo experiencias sobre algún tema en particular; en aquella ocasión, sobre la violencia.

El dividí, muy bien realizado técnicamente por el departamento de Audiovisuales de la Universidad Centroamericana (UCA), lo firma Poljuve El Salvador, un programa coordinado por la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y por el Servicio Social Pasionista (SSPAS, presidido por el sacerdote católico Antonio Rodríguez), y le metieron dólares la cooperación española, la holandesa y la canadiense. Se trata de un compendio de opiniones de distintos actores de la sociedad salvadoreña, cohesionados por una voz en off explicativa-opinativa, que en su conjunto tratan de convencernos de que las maras son un fenómeno sobredimensionado por los medios de comunicación, apenas una expresión más de una sociedad histórica y transversalmente violenta. Dura casi veinte minutos, acabo de verlo, y he de reconocer que, en la actual coyuntura de abrupta reducción de los homicidios como consecuencia de las negociaciones entre el Gobierno y las pandillas, me ha movido el piso.

Está en Youtube y pueden verlo aquí, aquí y aquí, pero transcribo, en estricto orden de aparición y con la edición mínima e imprescindible, algunas de las frases que me han resultado más sonoras, atribuidas a sus propietarios:

• Carlos Ayala, director de YSUCA: “Hay una violencia que generan las pandillas pero, a mi juicio, no es necesariamente la más grave ni la más fundamental”.
• Lorena Cuerno, antropóloga: “De los homicidios que se cometen en el país, un porcentaje realmente mínimo es el que cometen los pandilleros. Y los pandilleros por lo general no matan civiles”.
• Voz en off: “La mayoría de los hechos de violencia que ocurren a diario en el país son cometidos por personas ajenas a las pandillas”.
• Francisco Valencia, director del diario CoLatino: “Yo he leído un estudio de hace un año que señalaba que, del 100% de asesinatos, solo el 20% realmente han sido cometidos por pandilleros”.
• Voz en off: “Poljuve busca que la población tenga una comprensión mucho más integral del problema de la violencia, para entenderlo mejor, a través de un proceso de investigación, acción, participación, para llegar a la construcción de políticas públicas, a nivel nacional y centroamericano”.
• Voz en off: “Para el programa Poljuve, es importante que todos los actores de la sociedad nos sentemos a discutir sobre las causas y manifestaciones del violencia juvenil”.
• El Thunder, supuestamente un pandillero: “Nos humillan, nos golpean, nos tratan mal pues. En vez de ayudarnos…”
• Padre Antonio Rodríguez (padre Toño), de SSPAS: “Para mí es muy importante saber que los jóvenes, antes de ser violentos, han sido violentados”.
• “El Mentiroso”, supuestamente otro pandillero: “Nosotros no tenemos mentalidad tan basura, sino que también tenemos mentalidad productiva, para cambiar esta violencia que se está viviendo ahorita, ¿va?”.

Este dividí en particular, repito, lo suscriben las oenegés Fespad y Servicio Social Pasionista, pero a mi juicio representa la columna vertebral del pensar de todo un conglomerado de organizaciones, fundaciones, asociaciones y coaliciones que hasta ayer mismo mantenían un discurso muy en la línea de las frases seleccionadas, es decir, un discurso tendente a minimizar el impacto de la violencia de las pandillas en la sociedad.

El descenso abrupto del 60% en los homicidios como consecuencia directa del pacto entre la Mara Salvatrucha (MS-13) y el Barrio 18 no ha dado la razón al general David Munguía Payés –ministro de Justicia y Seguridad Pública, quien asegura que el 90% de los asesinatos que se cometían en El Salvador estaban relacionados con las maras–, pero sí parece habérsela quitado a quienes por años se empeñaron en convencernos de que a los pandilleros apenas se les podía achacar una fracción mínima de la actividad delictiva.

Quizá sea esta la razón de algunos silencios desde que inició el proceso…

(San Salvador, El Salvador. Junio de 2012)

Fotografía: mundodeportivo.com

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(Este relato fue publicado el 22 de junio de 2012 en la sección Bitácora del proyecto de cobertura periodística de la violencia Sala Negra, de elfaro.net)

La Pirraya

Hace unas horas todo era diferente. Ahora el agua ha sustituido al asfalto; hay lanchas y cayucos donde antes había autobuses y carros; manglar en vez de cemento; verde en lugar de gris; quietud y no zozobra. El hace apenas unas horas eran las agresivas calles de San Salvador. Y el ahora es un lugar llamado bahía de Jiquilisco, reducto de exuberante naturaleza situado a poco más de 100 kilómetros de la capital de El Salvador. Tan cerca y tan lejos.

Esta bahía es paradisíaca pero pocos lo saben.

—¿Y el turismo lo ven como oportunidad o como amenaza?
—Para nosotros sería una oportunidad todo y cuando el turista venga a observar nuestros recursos, no a dañar. La apuesta aquí es el turismo sostenible, el ecoturismo –dice Cristabel Flores, directora de Codepa, una ONG que trabaja en y por la bahía desde hace 11 años.

Turismo sostenible, dice.

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(Este es el inicio de una crónica publicada en la edición de octubre de 2009 de Panorama de las Américas, la revista de Copa Airlines.)