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domingo, 1 de septiembre de 2013

Pláticas con pandilleros (VIII)

  • Temas generales de la conversación: nomenclatura de clicas y pandillas 
  • Fecha de la plática : 13 de septiembre de 2012  
  • Estatus de los pandilleros: El pandillero se llama Gustavo Adolfo Parada Morales y es un exintegrante de la Mara Salvatrucha-13, integrado en la actualidad en la pandilla La Mirada Locos 13  
  • Otros datos relevantes: Al momento de la entrevista está preso en el Centro de Internamiento de Seguridad Zacatecoluca
Basta guglear “Mara 18” para comprobar que hay infinidad de artículos periodísticos ‒académicos también‒ que yerran en algo en apariencia tan sencillo como llamar por su nombre a uno de las principales pandillas que operan en América. La pandilla 18, la 18, el Barrio 18 o Eighteen street gang no puede llamarse 'Mara 18', por más que así la sigan llamando comisionados, ministros, periodistas, analistas, investigadores... Y no se trata de fobias o filias, sino de pura corrección, lo mismo que las FARC son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y sería un error llamarlas 'FACR' o 'Fuerzas Arbitrarias Revolucionarias de Colombia'.

Sobre el nombre de las pandillas y de algunas clicas trata este fragmento de una larguísima entrevista que mantuve en septiembre de 2012 en Zacatraz con un pandillero de los veteranos, treintañero él.

―...
―Por ejemplo ‒dije yo‒, NLS representa a la clica Normandie Locos Salvatruchos...
―No, no, no... Normandie Locos, solo Locos, pero sí lleva la 'S'.
―¿Y cuándo al nombre de una clica se le añade el 'Salvatruchos'?
―Es que eso va antes, va en la MS de Mara Salvatrucha. No hay que repetirlo en el nombre de la clica. La 'S' no es por 'Salvatruchos'.
―A ver, a ver... ¿TLS no significa Teclas Locos Salvatruchos?
―No, la clica se llama Teclas Locos, solo que son salvatruchos.
―Pero entonces la mayoría de policías, periodistas y académicos lo estamos escribiendo mal, porque 'TLS' se explica como 'Teclas Locos Salvatruchos', y tú dices que no.
―'TLS' está bien escrito, pero la 'S' no es de 'Salvatruchos'; es por el plural o por lo de Sur, ahora no estoy seguro, pero no es por lo de 'Salvatruchos'. Es como lo de llamar 'Mara' a cualquier pandilla, cuando la verdad es que en El Salvador solo hay dos maras: la Mara Salvatrucha y la Mara Máquina; todas las demás son pandillas.
―¿Por qué una pandilla es 'Mara' y otra no?
―Pues porque... ese es el nombre que se pusieron y ya. La Mao Mao no es Mara Mao Mao, ni la 18 es Mara 18; las dos son pandillas, no maras. 

Fotografía: Roberto Valencia
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sábado, 31 de marzo de 2012

Pláticas con pandilleros (IV)


  • Temas generales de la conversación: condiciones en el penal de Zacatecoluca, Zacatraz
  • Fecha de la plática: 28 de septiembre de 2009
  • Estatus del pandillero: se presenta como alguien calmado dentro del Barrio 18, pero en realidad seguía activo en la facción de los Sureños; al momento de la entrevista está preso en el centro penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, y condenado a 16 años por homicidio simple
  • Otros datos relevantes: es uno de los “viejos”, nació en 1967

Transcurrido un mes desde la toma de posesión de Mauricio Funes, con las nuevas autoridades recién asentadas, la Dirección General de Centros Penales tomó la polémica decisión de trasladar a uno de los líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) desde el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca hasta el penal de Ciudad Barrios. Su nombre: Dionisio Arístides Umanzor, (a) Sirra, condenado a 30 años por secuestro y a otros 30 por homicidio agravado. Ese único movimiento saltó a la agenda mediática nacional e hizo que se pidieran las cabezas del ministro de Seguridad Pública y del director de Centros Penales. Una de las personas que arremetió con más dureza contra la medida fue el analista Paolo Luers, quien paradójicamente dos años y medio después ha tenido un papel clave en la estrategia gubernamental para legitimar el traslado no solo del Sirra, sino de toda la estructura de mando de la MS-13 y de las dos facciones del Barrio 18. Esta plática es con uno de los líderes ahora trasladados, y tuvo lugar el día después del regreso –como consecuencia del revuelo originado– del Sirra a Zacatraz. 

—Ha habido mucha polémica con el traslado del Sirra, de las dos letras…
—Sí, y ayer vino, je, je, je.
—Una de las justificaciones que dio el Gobierno para el traslado fue que ya había cumplido más del 10% de su pena en Zacatecoluca.
—¡Exactamente! Es que esa es la ley, pero no la aplican… Mire, yo tengo una condena de 16 años. Oíme bien: ¡16 años! Y ya llevo aquí más de tres años y tres meses. O sea, el 10% de mi sentencia, ¿cuánto sería? ¡Serían menos de dos años! Pongámosle tres años… ¡Ya me pasé igual!
—¿Cuánto dice que lleva acá?
—Tres años y tres meses (en efecto, llegó a Zacatraz el 20 de julio de 2006, por lo que el día de la entrevista ya llevaba tres años, dos meses y ocho días). Y escuchame, este penal fue creado para gente con delitos fuertes, y a mí me detuvieron por un delito simple, ¡un delito simple!
—Por homicidio, ¿no?
—Sí, pero homicidio simple. Me condenaron por homicidio simple. Y te voy a decir otra cosa: yo ya he metido una casación, porque no hay pruebas…
—¿Cómo es la vida aquí adentro?
—La visita aquí es cada 15 días, y te regalan 25 minutos a través de un teléfono, a través de un vidrio. O sea, no podés tocar ni a tus hijos ni a tu madre ni a tu señora. Me toca repartir 25 minutos entre tres personas: mi hijo de 9 años, mi señora y mi madre.
—¿Visita íntima tienen?
—No hay aquí. No hay nada de eso.
—¿Y la comida?
—Es una comida que te mantiene vivo, solamente, ¿me entiendes? Yo he perdido 60 libras. No te voy a decir que es mala o buena, pero es solo para pasarla.
—¿Hay tienda institucional?
—No hay nada de eso, no hay nada de eso.
—¿Pueden hacer llamadas?
—Hay un teléfono público que te dejan usarlo cada 15 días. A ver… sí, cada 15 días, porque un fin de semana tenés la visita y al otro tenés el teléfono. Y cada quien tiene que cancelar esa llamada. Y esa es otra, si no tenés tarjeta, si tu familia no te ha traído, te quedás sin poder llamar. 


Fotografía: Roberto Valencia
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domingo, 28 de noviembre de 2010

Desconfianza y corrupción en Zacatraz

La vida de Óscar está marcada por la desconfianza. En su trabajo nadie sabe dónde vive, y en su cantón muy pocos saben dónde trabaja. Habla lo justo, cambia constantemente las rutas de los buses que lo llevan a casa, sus días libres los pasa enclaustrado en familia, y su número de celular lo guarda como si en ello le fuera la vida. Óscar tiene una profesión que en El Salvador es de altísimo riesgo. Óscar es custodio en el sistema de Centros Penales.

Óscar en realidad no se llama Óscar, por razones obvias, y hablar con periodistas es un riesgo que nunca correría, pero a veces el azar brinda situaciones extrañas que salvan la desconfianza, y esta es una de esas. Estamos en el área rural, en un cantón ubicado a unos 45 minutos en carro de la capital, entre sacos de mazorcas de maíz sin desgranar. La pobreza se respira. Dentro de dos horas me iré con la sensación de que aceptó platicar sobre lo que ocurre en las cárceles sin más pretensión que diluir las culpas que ahora recaen solo sobre su gremio, señalado como el principal responsable de que entre todo tipo de ilícitos.

Que el sistema penitenciario salvadoreño es una bomba de tiempo es una frase tan trillada como indiscutida. Las cifras asustan: los 19 centros penales tienen capacidad para poco más de 8.000 personas y albergan a más de 24.000. Al hacinamiento se le suma la corrupción, que ayuda a que haya poderosas redes de distribución de drogas, de armas, de teléfonos. El resultado de este caos, está comprobado, es que desde las cárceles se planean y se ejecutan delitos. Aplica a todo tipo de crimen organizado, pero el caso más significativo es el de las maras: los palabreros (tomadores de decisión) de la Mara Salvatrucha y del Barrio 18 están encerrados, pero desde adentro mueven a sus soldados en el exterior para extorsionar y asesinar... (Este artículo puede leerlo completo pulsando aquí)

Fotografía: Roberto Valencia

miércoles, 15 de septiembre de 2010

¿Malinchismo o sentido común?

El edificio principal de la escuela del caserío El Pichiche luce recio como un castillo. Extraña encontrar una construcción así en El Salvador profundo, en lugares como este, donde no llega el asfalto, rodeada como está además de enclenques y alineadas viviendas levantadas con bahareque o ladrillos de esos anaranjados en el mejor de los casos. Se llama Centro Escolar Coronel Jaime M. Guzmán, y está pintado de azul y blanco, como manda la tradición. Estamos en la parte baja del departamento de La Paz, muy cerca de la desembocadura del río Jiboa, un área especialmente susceptible a las inundaciones. El edificio que alberga las aulas es cuadrado como una caja de zapatos, está hecho de bloques de cemento y tiene un tejado de lámina a dos vertientes, pero lo que lo singulariza y le da el aspecto de fortaleza está en la parte baja. La escuela se asienta sobre bloques de piedra tallada que la elevan un metro sobre el suelo. Un niño podría pasar arrodillado por debajo.

—¿Esto ayuda para las inundaciones? –pregunto a José Luis, un anciano de 74 años seco y arrugado, pero con los ojos invictos, que vive en esta comunidad desde que se creó, poco antes de finalizar la guerra civil.
—Acá no pasa nada –responde orgulloso–, el agua pasa parallá o paracá, pero la escuela no se inunda. Es que la vinieron a hacer los gringos, y las bases las trajeron, esas bases pesan siete toneladas cada una, y el avión las trajo. Allá las estaban haciendo, y de allá las trajeron y las pusieron aquí.

Una placa da la razón al viejo. La escuela la levantó el Ejército estadounidense en 1993.

—¿Y es la única escuela de la zona?
—N’ombre, también en Los Marranitos y en Las Isletas tienen.

Los dos son caseríos del área rural del municipio de Zacatecoluca, donde también se ubica El Pichiche.

—¿También los gringos se las hicieron a ellos?
—No, esas escuelas son más feas, son hechas por salvadoreños.


viernes, 27 de agosto de 2010

La llegada del halcón negro

José Luis Clímaco se despertó esta mañana con el mismo dolor intenso que desde hace dos semanas le martillea la garganta. Desayunó huevo picado y tortillas de maíz recalentadas. Clímaco tiene 74 años y es un anciano ofensivamente delgado, de nariz ancha y con la piel requemada por el sol, como todo agricultor que se precie. Vive viudo y, desde que sus hijos se fueron a Acajutla en tiempos de la guerra, solo, sin ningún tipo de pensión. Tras el desayuno, medio se bañó, se puso unos pantalones, una camisa de cuadros que es al menos tres tallas mayor, sus dos viejas y desgastadas botas y la cachucha sin la que se siente desnudo, y salió de casa rumbo a la escuela, a una cuadra de donde él vive. Pocas veces cae ayuda del cielo, y cuando ocurre, hay que aprovecharlo.

Desde primerísima hora, dos helicópteros tipo Black Hawk de la Fuerza Aérea estadounidense cargados con doctores y equipo médico han estado aterrizando y despegando en la cancha de fútbol de la comunidad El Pichiche, en el área rural de Zacatecoluca, La Paz. La atípica y ruidosa visita forma parte de una campaña con la que Estados Unidos trata de llevar atención médica de calidad a lugares de Centroamérica donde la salud, más que un derecho, es un privilegio.

—Aquí no hay trabajo ahorita, y todos estamos chotiando –me dice Clímaco resignado, mientras espera de pie su turno en la cola.

En unas semanas podrá cosechar el maíz que sembró a finales de mayo, vender una parte, y disponer de unos dólares que le darán algo de cintura. Pero ahora es tiempo de estrecheces. Solo cuando cangrejea en el manglar, no muy lejos del estero de Jaltepeque, reúne lo suficiente para poder comprar huevos o arroz. En una economía así no caben gastos para salud. Por eso cuando le comenzó el martilleo en la garganta prefirió esperar. Desde hace un mes sabía que hoy llegarían los doctores gringos. La alternativa, el sistema de salud pública salvadoreña, le hubiera supuesto pagar $1.50 para ir y regresar de Zacatecoluca, caminar hasta el surrealista Hospital Nacional Santa Teresa, perder el día entero y, casi con total seguridad, tener que comprar la medicina recetada con un dinero que no tiene.

Pero en El Pichiche todo es distinto hoy. Clímaco se sienta frente a un joven y preparado doctor vestido con pantalón de camuflaje y con un estetoscopio al cuello. Un soldado salvadoreño que hace las veces de traductor permite la comunicación entre el médico y el paciente. Le cuenta sobre su problema en la garganta, y al poco lo remite a un especialista, en el edificio principal del centro escolar, una sólida estructura construida en 1993 hoy convertida en un improvisado hospital de campaña. En las puertas de las aulas cuelgan carteles que dicen Vacunación, Odontología, Entrega de medicinas, Pediatría, Salud mental. Clímaco se pierde en una de las salas.

Después de los himnos y los discursos, cerca ya de las 11 de la mañana, Clímaco se me acerca y, aunque el dolor en la garganta no le ha desaparecido, tiene mejor cara. Mete su mano derecha en el bolsillo de la camisa y saca dos bolsitas transparentes llenas de pastillas, blancas unas, amarillas las otras. Una generosa sonrisa delata su satisfacción. Hoy es un gran día, parece decirme con la mirada. Pero los doctores gringos y sus consultas y sus medicinas buenas y gratuitas y sus Black Hawk se irán en unas horas de El Pichiche. Quizá para no regresar jamás.



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Este relato es una versión de la crónica publicada el 25 de agosto de 2010 en www.elmundo.es bajo el titular de Cuando la ayuda cae del cielo.

sábado, 29 de mayo de 2010

Miedo al Barrio

Hay aire acondicionado pero José Heriberto Henríquez no ha dejado de sudar desde que comenzó esta conversación. La tensión se dispara casi al final. Sucede cuando el periodista le pregunta si cree posible que podrá entrevistar también a los pandilleros que sobrevivieron al documental.

—¿Sobrevivieron? Perate, perate; explicame eso. ¿Qué sucede? ¿Están matando también a otros de la película?

José Heriberto Henríquez –42 años, fornido, bigote generoso, cabeza rapada– es Erick Boy, uno de los personajes de La vida loca, el documental sobre maras rodado en el reparto La Campanera que le costó la vida al fotoperiodista francoespañol Christian Poveda. Desde que supo del asesinato del que llama “un amigo”, teme por su propia vida y por la de su familia. Por un momento cree que están ajusticiando –esa es la palabra que utiliza– a todos los que participaron. Se tranquiliza solo cuando el periodista le explica que se refería a los pandilleros que sobrevivieron a los 16 meses de filmación, de febrero de 2006 a mayo de 2007.

Erick Boy no ha podido ver La vida loca. Está encarcelado desde hace más de tres años en un penal de máxima seguridad al que llaman Zacatraz.

—Se dice que en el Barrio 18 creyeron que estaba lucrándose a costa del Barrio.
—Sí, eso es lo que he oído yo también.
—¿Y le das credibilidad?
—Mira, es lógico que él iba a ganar por su trabajo. Todos los periodistas ganan por su trabajo, eso es normal. Ahora, ¿a qué iba enfocado su trabajo? Yo se lo planteé al Barrio como él me lo planteó a mí. Que lo que quería es ver cómo es que la pandilla vivía, cómo sobrevivían y hasta qué punto en realidad la pandilla solo era violencia.

Hasta qué punto solo era violencia, dice.



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(Este relato es una versión modificada de una parte de la entrevista con Erick Boy publicada el 29 de septiembre de 2009 en la web Soitu.es)

lunes, 21 de diciembre de 2009

Zacatraz

25 de septiembre de 2009, viernes. Falta aún un cuarto de hora para la 1 de la tarde, la hora a la que me dijeron que podría ingresar, pero ya estoy acá, en el portón principal del Centro Penitenciario de Seguridad Zacatecoluca; “Zacatraz” en el argot popular. Situado a una hora en carro desde San Salvador, muy cerca de la carretera de El Litoral, esta cárcel es -debería ser- el novamás en cuanto a medidas de seguridad, el sitio en el que están confinados los reos más problemáticos y mejor organizados. Eso cacareó en su día el Ministerio de Seguridad y Justicia, pero ahora que lo tengo delante más parece una fábrica grande que un penal. Solo las torres de vigilancia sin vigilantes y el letrero carcomido junto a la carretera permiten suponer que al otro lado del murito gris no se dedican a empacar tamales para exportación, por poner un ejemplo.

Después de unos largos minutos, el portón negro se abre. Entramos mi carrito y yo, y vuelve a cerrarse. Al otro lado del portón negro hay otro portón negro. Se acerca un custodio con cara de pocos amigos. Viste camisa gris de botones, pantalones azul marino y botas negras. En su hombro carga un fusil de asalto M-16 y en la mano lleva un artilugio para mirar los bajos del vehículo. Es algo así como el espejito que usan los dentistas, pero de dos metros de largo.

Da la vuelta y no encuentra nada anormal, se acerca a mi ventanilla bajada, me pide que salga y que abra el maletero, mira y remira; luego me ordena abrir las puertas de atrás, mira y remira; me sugiere que me siente de nuevo y que le abra la bolsa en la que llevo la cámara de fotos, mira y remira. Cuando parece que todo está en orden, el custodio se aproxima de nuevo a mi ventanilla, mira y remira una vez más dentro del carro y al fin clava sus ojos en algo que cree inaceptable.

—Se me quita los aretes, por favor.
—¿Cómo?
—Los aretes –y señala mi oreja izquierda, de donde desde hace 17 años cuelgan dos pequeñas argollas plateadas–, no puede entrar con aretes.

El interno que he venido a entrevistar espera, y este no parece el momento idóneo para una discusión con alguien que se cree más y que tiene un M-16. Me los quito. Con un movimiento de cabeza da a otro compañero la orden de abrir el segundo portón negro. Adentro, habrá más controles, con aparatos de esos que se alteran cuando detectan algo metálico. Y en todo momento tendré a la par algún custodio.

A la salida, más de tres horas después, pondré mis aretes en su sitio, y durante el viaje de regreso me preguntaré cómo es que siguen entrando celulares en este penal con revisiones en apariencia tan exhaustivas.
Fotografía: Roberto Valencia
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