Gracias, Laura

Gracias, Laura. Te agradezco con honestidad absoluta que juzgaras necesario y urgente corregir el texto que publiqué el 20 de noviembre en mi blog. Te lo agradezco porque me permitirá explicar mejor cuestiones que, por lo visto, no supe explicar bien.

Tenés razón, Laura. Lo digo sin ironías. Tenés razón cuando decís que la violencia de género es un problema de toda la sociedad. Tenés razón cuando afirmás que denunciar las violencias no debería ser competencia de cifras. También tenés razón, Laura, cuando exigís visibilizar los distintos niveles de violencia del hombre contra la mujer. Y por supuesto que tenés razón cuando escribís que es necesario entender cada muerte desde su especificidad.

Lo que no termino de comprender, Laura, es cómo concluiste que yo opino lo contrario. Creo que el machismo está detrás de la mayoría de las violencias que se ejercen en El Salvador y en el mundo, contra las mujeres y contra los hombres. Y creo de corazón que el feminismo es una fuerza clave para construir sociedades más armoniosas. Lo creo y me esfuerzo por ser consecuente, tanto en mi vida personal como en la profesional.

Tus razones tendrás para tu reacción. Quizá creíste que mi reflexión había provocado un pequeño incendio y, como militante de la causa de la que sos una activista, te viste en la necesidad de salir a apagarlo. Eso está bien, Laura. El problema es que no había fuego alguno, no al menos donde vos creíste verlo. Reitero: creo en el feminismo como fuerza positiva de cambio.

La idea central que quise transmitir en mi columna era una: buena parte de las lecturas sobre el fenómeno de la violencia que en clave de género se están haciendo en El Salvador –repito: en El Salvador– presentan en mi opinión flaquezas; la más grave, sacar de la ecuación el clasismo y la estratificación social, tan definitorias en nuestra sociedad. Más conciso: el grueso de los análisis en clave feminista preponderan el género sobre la clase social. Cuando vos, Laura, en tu cuenta de Facebook recomendás con efusividad la lectura de ‘Una esclava de la MS-13 cuenta cómo escapó’, artículo del colega Óscar Martínez, lo hacés con este enunciado: “Enterémonos de lo que significa ser mujer en nuestro país”. Yo me atrevo a levantar la mano y decir que no es tan así, que dramas humanos infinitos como el que Óscar nos contó, o parecidos, es muy difícil que le sucedan a mujeres de clase media para arriba, y sin embargo es muy probable que le ocurran a hombres de clase media para abajo –y a mujeres, obvio, pero prefiero explicitarlo en esta ocasión.

Es un matiz que yo juzgo importante y sobre el que estoy convencido de que no se ha debatido lo suficiente.

Hay otras ideas secundarias en la columna que tanto te incomodó, Laura, ideas sobre las que en mi opinión no se habla lo suficiente, como que la represión del Estado salvadoreño es implacable contra los hombres, o como que el control territorial de las maras hoy por hoy es tal que el hecho de ser hombre es, per se, una razón para ser asesinado en este país. Sobre esta última idea elegí el titular, ‘Violentados por tener pene’, que admito que no es el titular más afortunado.

Todas esas ideas las planteé no como tótem inamovibles, pero sí posturas firmes y meditadas, basadas en años de investigación de la violencia, investigación sobre el terreno, interactuando con víctimas y victimarios –hombres y mujeres en ambos grupos– que viven en comunidades empobrecidas y estigmatizadas en las que la presencia de la academia, de las oenegés y del periodismo responsable es nula o testimonial.

Arranqué diciendo que agradecía tu columna, Laura. De hecho, un artículo tuyo fue el que, sumado a otras ideas que se maceraban en mi cabeza, me animó a escribir sobre este tema. Hace un par de meses firmaste una reflexión titulada ‘El alivio de tener un hijo’, en la que mencionabas las ventajas que, en tu opinión, tu pequeño hijo tiene sobre la mitad de la humanidad. Desde el primer párrafo condensabas tu planteamiento: “Mi hijo, por el simple hecho de nacer con un pene, nunca tendrá que librar las luchas que desde pequeñas enfrentamos las que nacimos con una vulva”.

Tu artículo en ningún momento planteaba que tu hijo –afortunadamente– está creciendo en un hogar de ingresos altos, muy altos. Si vivieras en El Salvador, podrías inscribirlo en la Escuela Americana o en el Liceo Francés. Nadie discute –yo no, al menos– que falta equidad y sobra violencia de género incluso en esa franja social privilegiada, pero sí me atrevo a cuestionar, en una sociedad estratificada como la nuestra, que los análisis con un estricto corte de género sean la mejor herramienta para comprender las violencias que nos afectan. Tu artículo sobre tu hijo tiene, en mi opinión, esa limitante.

Yo tengo dos hijas, Laura. Las conocés. No sobra el dinero en mi familia, pero en un país en el que el 82% de los salarios (que cotizan en el ISSS) están abajo de 914 dólares, me sé un privilegiado por tener capacidad para enviarlas a un colegio bilingüe modesto y de procurarles sanidad menos indigna si fuera necesario. Pues bien, Laura, contrario a lo que vos planteás, yo estoy convencido de que mis hijas tienen poderosas ventajas sobre los niños de las cientos de miles de familias salvadoreñas que viven con el salario mínimo o poco más... aunque mis hijas tengan vulva.

¿Resulta ofensivo plantear algo así? ¿Por qué? Te invito, Laura, a que conozcás qué tipo de violencias sufre un joven de 16 o 18 años que vive en comunidades afectadas por el fenómeno de las maras. Violencias ya estructurales.

Hay en mi columna un párrafo que, en la disección que hice a posteriori, creo que se presta a interpretaciones equivocadas. Escribí: “En una sociedad como la salvadoreña, con un problema de violencia tan enraizado y desbordado, establecer políticas públicas atinadas pasa por analizar, conocer y ponderar las distintas violencias desde todas las variables posibles: edad, ingresos económicos, ubicación geográfica, grado educativo y género, por supuesto”. Y de género, por supuesto. “Pero no creo que las lecturas parciales, sesgadas o interesadas sean lo más conveniente, sobre todo cuando son enfoques que se utilizan para soslayar o minimizar determinadas realidades”.

¿Hay lecturas parciales, sesgadas o interesadas en los análisis de género sobre la sociedad salvadoreña? ¿Soslayan determinadas realidades? Sí y sí, Laura. La columna sobre tu hijo es, en mi opinión, un claro ejemplo.

No es, ni mucho menos, el único elemento distorsionador. Oenegés, mujeres y hombres feministas presentan con frecuencia las cifras de mujeres asesinadas como si fueran feminicidios, cuando saben mejor que yo que son cuentas diferentes. También he detectado que desde el activismo se replican con ligereza informaciones falsas, como una campaña que se viralizó en redes sociales en la que se afirmaba que en El Salvador si un hombre violaba a una niña, la embarazaba y abortaba, ella se exponía a penas de cárcel de entre 30 y 50 años, cuando la Ley Penal Juvenil establece un techo de 15 años de internamiento para cualquier menor de edad. ¿Por qué mentir o distorsionar?

Por buena que sea la causa, y el feminismo lo es, son tergiversaciones que uno puede llegar a entender en un activista que prepondera su causa sobre la verdad, pero en el periodismo, al menos en el periodismo tal cual yo lo entiendo, no tiene cabida la mentira ni, en la medida que uno pueda detectarlas, las visiones sesgadas o parcializadas.

Nomás lo plantearé porque da para otro debate, pero juzgo preocupante que ciertos sectores radicalizados del feminismo estén ejerciendo y promoviendo actitudes que en otros ámbitos nadie dudaría en etiquetar como filofascistas. En El Salvador aún no hemos visto escenas como las ya vividas en México, en las que mujeres exaltadas agreden y expulsan a periodistas que cubren marchas feministas en la vía pública, por el simple hecho de ser hombres. ¿Imaginan que en una marcha para denunciar el racismo sacaran violentamente a los periodistas por ser blancos? Aún no se ha visto en El Salvador, Laura, pero ya hay autoproclamadas voceras del feminismo que pregonan a los cuatro vientos quiénes pueden y quiénes no escribir sobre violencia de género, y cómo debe hacerse: a su gusto, claro.

Voy terminando. Ojalá el clasismo se tuviera más en cuenta a la hora de hacer lecturas en clave feminista o en cualquier otra clave. Por el bien de toda la sociedad. Intuyo lo complicado que resultará. Tan claro como vos tenés que el patriarcado está presente en la estructura mental de la inmensa mayoría de los hombres y en algunas mujeres, igual de claro veo yo que el clasismo se cuela con frecuencia preocupante en los análisis en clave de género. Por una razón muy simple: muy pocas de las voces más activas del movimiento feminista salvadoreño provienen de esas familias en las que cuatro o cinco miembros pasan el mes con uno o dos salarios mínimos.

Conocí de primerísima mano el caso de una activista feminista –consultora, vecina de la colonia más exclusiva de la capital, española– que contrataba a otra mujer para que le limpiara la casa un día a la semana. Le pagaba 12 dólares por una jornada de trabajo, no le dejaba almuerzo y, lo más doloroso, le brindaba un trato personal infame. La mujer que le ayudaba era madre soltera de dos niñas y un varón, menores los tres.

Justo a eso me refiero, Laura, cuando me atrevo a plantear que las luchas contra el machismo y contra el clasismo deben, en esta sociedad en particular, ir cuanto menos de la mano. Y me refiero sobre todo a los hechos, no sólo a discursos y postureos. Es debatible, por supuesto, pero yo estoy convencido de que la sociedad salvadoreña en su conjunto –y el movimiento feminista como parte de esa sociedad– está en deuda en este punto.

Lamento no haber sabido expresarme con inequívoca claridad en un tema tan sensible en la columna ‘Violentados por tener pene’. Pido disculpas a las personas que interpretaron que yo estaba menospreciando la violencia de género, en especial si la leyeron completa y si lo hicieron sin animadversiones previas hacia mí o mi trabajo. Nada más lejos de mis intenciones.

Y a vos, Laura, lo dicho: gracias por darme pie para esta aclaración.

Foto archivo El Faro.

Violentados por tener pene

En El Salvador, de cada 1,000 personas que son asesinadas, 874 son hombres, 111 son mujeres y 15 presentan tal grado de descomposición que no puede determinarse su sexo. Si sos niño u hombre, las posibilidades de morir asesinado son nueve veces más altas que si sos niña o mujer.

En El Salvador, la violencia homicida se ceba con los jóvenes que tienen entre 15 y 24 años; en esa franja de edad, que abarca a adolescentes y a jóvenes, la probabilidad de ser asesinado juega once a uno contra los varones. Once a uno.

En El Salvador, la relación de personas muertas en las balaceras que la Policía Nacional Civil (PNC) cataloga como “enfrentamientos” contra fuerzas de seguridad es de 1 mujer por cada 99 hombres.

En El Salvador, por cada 10,000 mujeres arriba de los 14 años de edad, 11 son detenidas en un año por la Policía. Entre los hombres, el número sube hasta 136.

En un municipio como Panchimalco, de 48,000 habitantes, en todo 2016 la PNC detuvo a 8 mujeres y a 163 hombres.

En El Salvador, y en sintonía con el tema de las detenciones, el número de hombres encarcelados en alguno de los recintos del sistema penitenciario es nueve veces superior al número de mujeres.

En El Salvador, el 14 % de las mujeres condenadas están en Fase de Confianza o en Fase de Semilibertad, las más benévolas con los privados de libertad. Entre los hombres, el porcentaje de los que gozan de esos beneficios es inferior al 4 %.

Y así.

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Este aluvión de datos fríos proviene de informes del Instituto de Medicina Legal, de la Policía Nacional Civil y de la Dirección General de Centros Penales. Cifras todas oficiales y recientes, cifras todas referidas a los años 2016 y 2017.

Por si alguien tiene dudas a pesar de los seis ‘En El Salvador’, se refieren a una sociedad muy concreta: la salvadoreña, una de las más violentas del mundo. Y en lo personal, no creo que sean extrapolables a sociedades de otras latitudes.

Estos números ya parecen dibujar una realidad en la que la condición de ser hombre predispone a ser víctima de la violencia, al menos en cuanto a la violencia homicida y a la acción represiva del Estado salvadoreño. No obstante, estos números –oficiales, verificables– nada dicen sobre un ámbito que resulta más complicado de medir: cómo las maras y el control territorial que ejercen afectan sobremanera a los hombres, en especial a los adolescentes y a los jóvenes.

En El Salvador, hoy, tener 15, 17 o 22 años de edad y pene te convierten en alguien sospechoso en cualquier colonia de clase media para abajo que no sea la propia. Aunque un joven varón no tenga absolutamente nada que ver con las pandillas, se juega la vida –y no es licencia literaria– por algo tan simple como entrar en un barrio ajeno. El hecho de ser hombre es clave en los ‘juicios’ que todas las pandillas realizan a las personas extrañas que ingresan en sus territorios. No hay ni habrá cifras verificables, pero cualquiera que viva en un lugar con presencia de pandilleros sabe a qué me refiero.

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En El Salvador, la violencia homicida y la represión se ensañan contra el hombre, y un indeterminable pero significativo porcentaje de los asesinatos suceden por el hecho de ser hombres. Lo afirma alguien que, además de escrutar reportes oficiales, lleva casi una década estudiando y analizando el fenómeno de la violencia con la lupa puesta en las comunidades empobrecidas.

Y los datos ahí están. Rocosos, contundentes. Darían para montar una campaña de victimización de los hombres. Pero si algo así sucediera, si a alguien se le ocurriera que unas víctimas merecen mayor consideración por ser hombres, y de manera velada se la negara a las mujeres por no estar tan expuestas a la violencia homicida, yo mostraría mi rotunda disconformidad.

Me explico: creo de corazón que en una sociedad como la salvadoreña, con un problema de violencia tan enraizado y desbordado, establecer políticas públicas atinadas pasa por analizar, conocer y ponderar las distintas violencias desde todas las variables posibles: edad, ingresos económicos, ubicación geográfica, grado educativo y género, por supuesto. Pero no creo que las lecturas parciales, sesgadas o interesadas sean lo más conveniente, sobre todo cuando son enfoques que se utilizan para soslayar o minimizar determinadas realidades.

Ya se apuntó arriba: los varones de entre 14 y 25 años son los más afectados por la violencia homicida. Los datos son rotundos, casi inapelables, pero reducir todo a una lectura en clave de género, sin siquiera incluir las variables del clasismo y de la estratificación social tan determinantes en una sociedad como la salvadoreña, conduce a interpretaciones que lindan con la estupidez. A ese alguien que quisiera montar una campaña para sobrevictimizar a los hombres bastaría recordarle que ni la violencia homicida ni la represión estatal afectan parejo a los alumnos varones del Instituto Nacional de Soyapango, a los del Externado San José o a los de la Escuela Americana... aunque todos ellos tengan pene.

Foto archivo El Faro.

Mijango tenía razón

En lo sustancial, tenía razón Mijango, el mediador in chief, en su análisis sobre lo que se le venía encima a El Salvador.

Tenía razón el denostado Raúl Mijango cuando, hace ya dos años y finiquitado el controversial proceso que convenimos en llamar la Tregua, nos concedió una larga entrevista –una más, esta vez on the record– con la vaga pretensión de que sus respuestas, las de un testigo privilegiado, sirvieran como colofón a una de las políticas públicas que más incidencia ha tenido en la evolución de las maras y de los mareros.

Tenía razón Mijango cuando dijo: “Las posibilidades de construir paz en el país se han agotado, y ahora toca esperar a que los sedientos de muerte y de sangre, tanto en las pandillas como en el gobierno, se sacien y vuelvan a considerar que es necesario trabajar por la paz”.

Foto Víctor Peña (El Faro).

Aquella entrevista tuvo lugar el 1º de octubre de 2015, meses después de que el gobierno de Salvador Sánchez Cerén abortara sus negociaciones con los pandilleros y le apostara todo a la versión más sangrienta y brutal del manodurismo de todas las ensayadas tras la firma de los Acuerdos de Paz. Para entonces, los “sedientos de muerte y de sangre” de uno y otro lado ya estaban desatados. De un lado, las pandillas asesinaron a más de 60 policías en ese año, muertes brutales y cobardes en su inmensa mayoría, y también se atrevieron a desafiar a la sociedad entera con un paro del transporte público; del otro lado, se había consumado ya la masacre de la finca San Blas e incontables samblases más que la Policía Nacional Civil, con la anuencia de la Fiscalía y de la sociedad en general, encubre y tolera bajo la etiqueta de “enfrentamientos”. Poco ha cambiado en dos años.

Tenía razón Mijango cuando dijo: “¿Cuánto tiempo va a durar [la guerra]? No sé pero, en la experiencia que conocí y viví en el conflicto armado de los ochenta, fueron diez años y más de 50,000 muertos. En 1982 se hizo la primera propuesta de búsqueda de soluciones negociadas, pero en aquel momento las dos partes creyeron en la victoria militar. Es igual que ahora, que el gobierno está tratando de buscar una victoria militar, mientras que una vía negociada permitiría ahorrar tiempo, ahorrar muertos y ahorrar sufrimientos, y resolver el problema de una forma eficaz”.

Han pasado dos años y 9,000 asesinatos desde aquellas palabras, y no se atisban todavía señales inequívocas de que las maras estén perdiendo el control en sus canchas, o de que el diálogo pueda emerger como solución a un problema tan desbordado que solo los más miopes entusiastas del manodurismo creen que se puede resolver por la vía represiva.

Tenía razón Mijango cuando dijo: “Cientos de grupos [clicas] antes respondían a las directrices de las ranflas nacionales, pero ahora han caído en la anarquía, operan de forma autónoma, unidas solo por la idea de practicar la violencia”.

El gobierno presenta como uno de los grandes logros de las Medidas Extraordinarias haber dificultado como nunca antes la comunicación entre las ranflas encarceladas y los pandilleros en la libre. Y seguramente sea cierto, seguramente hoy sea más difícil que nunca que escapen órdenes o consignas de las cárceles, pero ¿nos hemos preguntado si eso per se ayuda o entorpece para buscar una solución a este conflicto tan enraizado y complejo?

Por último, creo también que tenía razón Mijango cuando dijo: “Yo llegué al convencimiento de que ya no hay capacidad nacional, con actores nacionales, de encontrar una salida a este problema. Siento que nos hemos polarizado demasiado, y que de alguna manera nos hemos satanizado entre nosotros mismos, y que el mismo Consejo [el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia] terminó siendo un fantoche que para lo único que ha servido es para justificar y legitimar la acción represiva del gobierno”.

La sociedad salvadoreña, a pesar de lo que asegura la propaganda gubernamental, está muy lejos –muy lejos– de dar con la fórmula para rehabilitar y reinsertar a más de 60,000 pandilleros activos y no menos de 400,000 personas entre familiares condescendientes, novias, simpatizantes, aspirantes, colaboradoras… Y, lo más preocupante, de dar con la fórmula para que cientos, quizá miles de niños y adolescentes salvadoreños no sigan queriendo –más que nada en este mundo– integrarse en la pandilla de su colonia o de su cantón, como lo quieren hoy.

Mijango fue el mediador por excelencia. Un tipo rupestre, malcae, franco, hábil, campechano, descuidado, el perro flaco al que se le pegan todas las pulgas. La persona que más se involucró en la Tregua, un proceso con luces y sombras que esta sociedad hizo descarrilar. Pero ese denostado Mijango es, sin duda, una de las personas en este mundo que más y mejor conoce el fenómeno de las maras y a sus líderes más influyentes. Alguien que podría asesorar, aconsejar, tender puentes, pero que esta sociedad prefiere verlo encarcelado, haya o no motivos.

Me temo que en lo esencial tenía razón Mijango: tal cual van las cosas, tendrán que pasar años de muerte y sangre, décadas quizá, hasta los que los sedientos se sacien, hasta que en la sociedad salvadoreña vuelvan a surgir voces valientes y de peso que juzguen necesario trabajar en serio por la paz.

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Si alguien quiere leer completa aquella entrevista, puede hacerlo en este enlace.

“No permitan que nadie les diga que ustedes no son inteligentes”

—En mi familia nunca nadie había ido a la universidad –dice Alejandra.

Ir a la universidad en El Salvador es privilegio, uno de esos zanjones que dividen la sociedad entre los que pueden –aunque opten por no hacerlo– y los que no; sí, es cierto que la Constitución dice que el derecho a la educación es inherente a la persona humana, pero también es cierto que del dicho al hecho hay un trecho, y la sociedad que los salvadoreños hemos moldeado tras casi dos siglos de independencia es excluyente y desigual y clasista, una sociedad en la que la universidad es opción real solo para los hijos de determinados estratos sociales, y no lo es para los hijos de los estratos desfavorecidos; claro que hay excepciones y algunas becas para los bachilleres pobres sobresalientes, pero solo un estúpido defendería que tienen las mismas posibilidades de ir a la universidad un niño criado en la residencial Vía del Mar o en la colonia Escalón que una niña criada en el cantón Azacualpa, como es el caso de María Alejandra Martínez, la Alejandra que dice que es la primera de su árbol genealógico, nacida en 1998, en octubre, y que ahora cursa tercer ciclo de la Licenciatura en Gerencia Informática de la Universidad Pedagógica, siendo ella de Panchimalco, del área rural de Panchimalco, de un lugar que está a apenas 17 kilómetros en línea recta de Catedral metropolitana, pero tan olvidado y aislado y abandonado que Alejandra necesita tres horas y tres buses para salir, y otros tres y tres para regresar.

—A veces no me dan ganas de levantarme, pero mi abue me dice: “Hija, tenés que ir a estudiar”. Otras veces son mis hermanos los que me animan: “Tenés que hacer la tareas”. Y todo eso como que me da más fuerzas, más ganas –dice Alejandra.

El año pasado era peor la madrugadera, pero en este ciclo las clases comienzan a las 8, y a Alejandra le basta con poner el despertador a las 4 para llegar a tiempo; cuando se es pobre, juntar dinero y tiempo y ganas para superarse es complicado si se vive en el bajomundo de Mejicanos o de San Miguel o de Lourdes, pero todo se complica cuando se vive en lugares como el cantón Azacualpa, porque Alejandra tiene que salir de la casa a las 4:40 a.m. para agarrar el bus que a cambio de $0.60 y una hora por una calle infernal la deja en el casco urbano de Panchimalco, luego tiene que tomar una Coaster de la Ruta 17 que por $0.35 la lleva en media hora hasta el Centro Histórico de San Salvador, y más luego toma, por otros $0.20, cualquier bus de las rutas 11 o 9 o 3, que la acercan hasta la Universidad Pedagógica, por la colonia Médica de San Salvador; un viaje que con los tiempos perdidos entre bus y bus le supone casi las tres horas y $1.15, y otro tanto para regresar al cantón, y así cada día.

—Cuando me desanimo, pienso en mi abue, en mis hermanos, en mi mamá… en todo el esfuerzo que ellos están haciendo, y eso como que me da fuerzas para seguir –dice Alejandra.

Alejandra estudió en Azacualpa hasta que el cantón se le quedó pequeño, en noveno grado, y luego se fue al cantón San Isidro, el único centro de la zona donde se estudia bachillerato; ahí tuvo la tercera mejor nota de su grado, pero el Complejo Educativo Cantón San Isidro es público y es rural, y año tras año la Prueba de Aprendizaje y Aptitudes para Egresados de Educación Media (PAES) evidencia la desigualdad del sistema educativo salvadoreño, y los centros públicos y rurales promedian notas notablemente inferiores a las de los privados y urbanos; Alejandra no llegó al seis en la PAES cuando era una joven de ochos y nueves, y eso la desanimó a presentarse a las pruebas de ingreso en la Universidad de El Salvador, la pública, pero no a seguir estudiando, gracias primero al decidido apoyo de su abue y de sus hermanos y de su madre –apoyo familiar entusiasta muy poco habitual–, y gracias también a una beca gestionada por la Fundación Forever, una oenegé que canaliza sinergias y aportes económicos de distintos sectores para que jóvenes como Alejandra, nacida y criada en un contexto asfixiante, tenga una oportunidad real –real– de superarse, para beneficio de ella y para beneficio de la sociedad de la que forma parte.

—No permitan que nadie, absolutamente nadie, les diga que ustedes no son inteligentes –dice Alejandra a los jóvenes que este año se graduarán de bachiller en San Isidro.

En ese centro ignoto del área rural salvadoreña se han multiplicado –y no es licencia literaria– los que quieren seguir los pasos de Alejandra.

Ni Mara 503 ni MS-503

Hace dos años, ocurrió algo parecido.

A mediados de 2015, poco después de que la administración Sánchez Cerén le apostara a la versión más brutal del manodurismo para hacer frente a las maras, se comenzó a regar la idea de que las tres pandillas mayoritarias se fusionarían para crear una única estructura en El Salvador, llamada ‘Mara 503’.

Aquella idea se aireó desde sectores interesados en agigantar la amenaza que suponían la Mara Salvatrucha (MS-13) y las dos facciones del Barrio 18 (18-Revolucionarios y 18-Sureños). Raúl Mijango, mediador durante la Tregua –el proceso que marcó la agenda nacional entre marzo de 2012 y enero de 2015–, fue quien más habló sobre el tema. Pero Mijango era nomás una fuente, parcializada. Que durante semanas se diera por sentado la existencia de la ‘Mara 503’ se debió sobre todo a dos factores: por un lado, a la irresponsabilidad de los medios de comunicación (locales y extranjeros) que, cegados por el breaking news, se olvidaron de algo tan elemental como contrastar la información; y por otro, al hecho de que, a pesar de que las maras son el principal problema de la sociedad salvadoreña, los dedos de una mano bastan para contar a las personas que pueden hablar con conocimiento sobre el tema, tanto dentro del Estado salvadoreño como en ámbitos académicos o periodísticos.

Foto Yuri Cortez (AFP)

Aquella ‘Mara 503’, aquella cacareada fusión operativa entre emeeses y dieciocheros para hacer frente a la Policía Nacional Civil, resultó un cohete soplado, un bulo.

Sospecho que está ocurriendo algo parecido ahora.

Desde hace varias semanas, el Estado (la Fiscalía y el gabinete de seguridad, sobre todo) se está esforzando en dar mayor empaque a la idea de que la MS-13 se ha partido en dos facciones, y que el grupo disidente responde al nombre de ‘Mara Salvatrucha 503’, ‘MS-503’ o ‘MS-Revolucionarios’.

En julio de 2016 se destapó la ‘Operación Jaque’, que desde el inicio se quiso vender como un golpe cuasi mortal a la Mara Salvatrucha. Ya entonces, voceros del gabinete de seguridad dejaron caer que la MS-13 tenía una fuerte fractura interna, animados seguramente por la convicción de que la división es síntoma inequívoco de debilidad. ‘Divide et impera’, decían en Roma. Divide y vencerás.

Desde entonces se ha venido dando forma a la posibilidad de que al interior de la Mara Salvatrucha salvadoreña esté sucediendo algo similar a lo que sucedió a finales de la década pasada con el Barrio 18: la ruptura entre Sureños y Revolucionarios. La idea, reitero, llevaba algunos meses en el ambiente, comentada ocasionalmente –pero sin pruebas– por distintos funcionarios y analistas. Pero hace un par de semanas, la ‘Mara Salvatrucha 503’ se coló de lleno en la agenda nacional e internacional, cuando un artículo de El Diario de Hoy titulado ‘La Mara Salvatrucha se divide en MS-13 y en MS-503 y ordenan purga de cabecillas’ suscribió a ciegas y perifoneó la versión del Estado.

El gobierno ‘sustenta’ el que en mi opinión es un nuevo bulo –la partición de la Mara Salvatrucha– en un puñado de homicidios y de homicidios tentados ocurridos en su mayoría dentro de las cárceles controladas por la MS-13, con un triple asesinato de tres mareros como detonante, fechado el 6 de enero de 2016, en la cárcel de Izalco.

Es cierto que dentro de la Mara Salvatrucha hay desde hace un par de años una herida abierta entre el programa de la Fulton Locos y la ranfla nacional, herida que explica la mayor parte de las muertes sobre las que el gobierno sustenta la existencia de la ‘MS-503’. Pero dentro de la MS-13 son unos 50 programas diferentes y, aunque la Fulton es por historia y por territorialidad uno de los importantes, e incluso suponiendo que haya logrado atraer a algún que otro programa disidente, la idea de la división la juzgo desproporcionada y tendenciosa.

Las diferencias entre clicas, programas y liderazgos al interior de una estructura tan atomizada como la MS-13 salvadoreña son tan viejas como la propia pandilla. En San Miguel, por ejemplo, hubo una guerra fratricida entre emeeses que se prolongó entre 1998 y 2004 y que dejó docenas de asesinados a manos de homies que rifaban idéntico barrio; y a nadie se le ocurrió hablar de partición. Durante la Tregua, la pandilla tampoco fue una sola voz, con sectores importantes que nunca acompañaron esa apuesta; y a nadie se le ocurrió hablar de partición.

Las diferencias actuales entre la Fulton Locos y la ranfla nacional no creo que sean suficiente siquiera para abrir el debate sobre una división similar a la que tuvo la 18. Como sucedió en su día con la ‘Mara 503’, que hayamos empezado a oír de la ‘Mara Salvatrucha 503’ más parece el interés de una fuente –el gobierno en esta ocasión– de diseminar la idea del divisionismo-debilidad, sumado a la incapacidad del gremio periodístico y de la sociedad en general para detectar que se trata de un cohete soplado, un bulo.

Cimientos podridos

Algunos ya sabrán: el joven Miguel Ángel Deras, Miguelito, fue sobreseído definitivamente el pasado 22 de febrero por el Juzgado Especializado de Instrucción ‘B’ de San Salvador.

Pido disculpas para los que ya saben pero, para los que no, trataré de condensar su caso en un párrafo: a Miguelito lo detuvieron en la casa de sus padres el 17 de mayo de 2016, lo presentaron encadenado, nos dijeron que era un terrorista de la 18-Revolucionarios llamado el Slipy de la Santa María, y lo involucraron en la peor masacre cometida en El Salvador en el último lustro. El 25 de mayo publicamos en El Faro una investigación que demostraba que Miguelito ni siquiera era marero, pero la Fiscalía igual pidió que lo encarcelaran por más de 300 años, la Policía Nacional Civil lo tuvo 59 días encerrado en condiciones infrahumanas, y pasó otros siete meses con medidas sustitutivas, antes del sobreseimiento definitivo.

Hoy es un joven sin deudas con la justicia. ¿Y ahora qué? ¿Un triunfo del bien sobre el mal? ¿Somos hoy una mejor sociedad que ayer? ¿Periodismo justiciero? ¿Misión cumplida? ¿...?Nada que ver. Como el periodista que destapó y dio seguimiento al caso, no negaré que haber contribuido a su libertad genera cierta satisfacción profesional y personal, pero muy limitada –créanme– tras conocer los pormenores y las posibles consecuencias ante la opinión pública.

Miguelito ha tenido que irse de su Quezaltepeque natal por miedo a represalias de los mismos policías que lo detuvieron. Su familia vendió el puesto del mercado y se endeudó para pagar los desorbitados honorarios del abogado. Ni fiscales ni policías ni jueces ni funcionario gubernamental alguno le han pedido perdón, ni qué decir sobre indemnizaciones, reparaciones o similares. El Estado salvadoreño le aplicó la dosis completa de manodurismo; incluso le colocaron un revólver cuando lo detuvieron, pero chucho no come chucho, y nadie va a abrir una investigación por estos delitos y negligencias que cometen los empleados públicos que forman parte de un sistema de justicia arbitrario, corrupto y que se ensaña contra los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Claro que me alegro por Miguelito y su familia, pero me resisto a identificar su historia como una con final feliz por dos razones fundamentales: la primera, porque me niego a rimar con la palabra felicidad nada que suponga haber pasado un solo día en cualquiera de las mazmorras en las que el Estado mantiene a los privados de libertad, y Miguelito se comió dos meses en unas bartolinas policiales hacinadas y fétidas, entre verdaderos mareros.

Pero la razón más importante por la que el Caso Miguelito me ha dejado un sabor más agri que dulce es porque el Estado lo puede terminar usando, de manera más o menos premeditada, para darse baños de pureza, para presentarse como un sistema justo y garantista, un sistema en el que cuando se comete un error, este termina subsanado de una u otra forma.

No hay sistema en el mundo que esté exento de abusos de autoridad y de errores judiciales; ni siquiera los Estados de derecho que admiramos por su sólida institucionalidad y su pedigrí democrático.

Cuando casos como el de Miguelito suceden en países que funcionan, el periodismo se torna fundamental para señalar y corregir los yerros. Pero en El Salvador los errores no son la excepción dentro de un modelo potable. Los abusos, los encubrimientos y las desidias protagonizadas por policías, soldados, fiscales, abogados, peritos y jueces son pan de cada día. Se fabrican pruebas incriminatorias, se moldean los testimonios de los testigos criteriados, se prevarica, se violan los derechos humanos, se ejecuta extrajudicialmente con total impunidad…

Este ‘sistema de justicia’ se aplica con especial dureza contra los sectores más desfavorecidos, aquellos a los que Monseñor Romero llamó los ‘sinvoz’. No es algo nuevo ni mucho menos, pero la guerra contra las maras iniciada en enero de 2015 y sobre todo las medidas extraordinarias que se aplican desde marzo de 2016 han intensificado estas prácticas hasta niveles quizá no vistos desde la guerra civil.

No es una excepción Miguelito. No es una excepción la masacre de San Blas. No es una excepción Wendy Morales. No son una excepción los esposos Mejía Hernández. No es una excepción Daniel Alemán. No es una excepción que en dos años la Policía Nacional Civil haya matado a mil salvadoreños en ‘enfrentamientos’. No es una excepción…

Los atropellos que comete el Estado salvadoreño van desde los registros violentos y vejatorios hasta las ejecuciones extrajudiciales, pasando por las detenciones arbitrarias y los juicios viciados. Eso sí: tratan de no afectar a todos los estratos sociales por igual. Si eres pobre, joven, varón y vives en una comunidad controlada para las maras, se multiplican las posibilidades de ser víctima de la maquinaria estatal.

Como ocurre con los iceberg, los casos que trascienden son apenas una fracción de los que están ocurriendo, y por lo general se airean más las injusticias cometidas contra personas de estratos clasemedieros. Por eso el sinsabor con Miguelito. Bien por él, reitero, pero ante los ojos de una sociedad violenta y clasista y anestesiada como la salvadoreña me temo que el ‘final feliz’ puede tener un efecto contraproducente: dar la sensación de que el sistema corrige sus errores, y que estos son excepción.

Dudo que resulte nada bueno de la represión miope y brutal y desproporcionada que abandera un gobierno que dice ser de izquierdas, apoyado por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, por una mayoría social, y con la complicidad de las instituciones estatales que deberían ser un contrapeso. Esta estrategia genera votos, pero está llenando el país de ‘víctimas colaterales’ y de personas resentidas contra el Estado por haber sufrido en carne propia abusos, o ser familiar de o amigo de. Por otro lado, se está incubando en un grupo de policías, soldados y fiscales la idea de que se puede actuar al margen de la ley, de que “cuando la patria está en peligro, todo está permitido”, como se tuiteó en septiembre pasado desde la cuenta oficial de Twitter de la Policía Nacional Civil.

Resentimiento creciente en el bajomundo, funcionarios armados que creen estar por encima de la ley, y una ciudadanía que –salvo los casos que le afectan de cerca– aplaude o tolera la violación sistemática de los derechos humanos. No parecen los mejores cimientos para la sociedad en la que uno quiere que crezcan sus hijos.

Quijote en El Salvador

Este texto es un fragmento de un perfil de más de 7,000 palabras de Alejandro Gutman, presidente de la Fundación Forever, oenegé que desde el año 2004 trabaja en comunidades empobrecidas de El Salvador. La semblanza, que lleva por título ‘Quijote Gutman’ forma parte del libro digital ‘ Pequeñas batallas, grandes historias’, publicado en abril de 2016.

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Alejandro Gutman eligió El Salvador.

No fue así nomás. Cuando en el año 2003 se animó a crear Fútbol Forever –oenegé que con los años fue rebautizada como Forever–, su reputación y sus contactos le valieron el patrocinio de la FIFA, y el programa se implementó primero en Zambia y en Sudáfrica. Fueron los años de la ambición, cuando Gutman quizá creyó que podía cambiar el mundo entero. El aterrizaje de la fundación en El Salvador también fue a lo grande, con proyectos en municipios repartidos por todo el territorio, con pláticas muy maduras para exportarlo a Honduras. Pero aquello duró pocos años. 

Cuando el chorro de la FIFA se cortó, Fútbol Forever se centró en El Salvador; y cuando sucedió lo mismo con el apoyo inicial del Gobierno salvadoreño, la fundación adelgazó hasta el raquitismo, con una plantilla decreciente hasta que bastó una mano para enumerar a los empleados, el voluntariado como sostén principal, y con un sector del municipio de Soyapango –en el área metropolitana de la capital– como único ámbito geográfico de acción.

Pero fue en esas circunstancias cuando Gutman más se aferró a la idea de transformar una sociedad. Y no cualquier sociedad.

Con una tasa de 49 homicidios por cada 100.000 habitantes –la ONU establece que a partir de 10 un territorio sufre una “epidemia de violencia”–, El Salvador ya era en 2004 un país pobre, desigual y violento. La violencia impregna de forma transversal toda la sociedad, pero su expresión más visible y cruel son las pandillas o maras, un fenómeno que afecta sobremanera a la mitad más empobrecida, y que por su repercusión internacional se ha convertido casi en una seña de identidad nacional.

Por las zonas en las que comenzó a trabajar, y por su manifiesto deseo de conocer en primera persona la problemática que trata de corregir, a Gutman le tocó conocer el nacimiento de las políticas gubernamentales represivas –el manodurismo– y la consecuente radicalización del fenómeno de las maras.

“Hoy está de moda la violencia de las pandillas, como si fuera la única violencia que existe en el país; pero ayer fue la guerra; y mañana, ¿quién sabe? La violencia en El Salvador no es casualidad. Y si hoy acabaran con las maras, surgiría otra forma de violencia”, dice Gutman en un discurso que no le ayuda a hacer amigos en El Salvador.

El Salvador, según los datos oficiales presentados en 2015, es esto: analfabetismo del 11 %; escolaridad promedio inferior a los siete años; salario promedio de 298 dólares; 16 % de viviendas sin energía eléctrica; 23 % sin agua potable por cañería; la recogida de la basura es un privilegio reservado para el 51 % de la población; 32 % de hogares en pobreza; 8 % en pobreza extrema; 26 % de jóvenes entre 15 y 24 años que ni estudia ni trabaja.

Pero ninguna cifra tan perturbadora como la de la violencia. En 2015, un promedio de 18 personas asesinadas cada día en un país de 6.4 millones. La tasa de homicidios se disparó a 103 por cada 100.000 habitantes. Una comparación fulminante: para que España, por ejemplo, tuviera la misma tasa que El Salvador, tendrían que cometerse más de 47.000 asesinatos, cuando raro es que en un año se alcancen los 350.

Gutman eligió para su quijotada al país más violento del mundo.

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Conchagua es un pueblo de 45.000 habitantes, y en 2014 se cometieron más asesinatos que en Noruega. Aun así, no es uno de los lugares más afectados por la violencia en El Salvador.

En Conchagua solo existen dos centros públicos en los que se imparte educación secundaria. El Complejo Educativo Mario Gómez es el céntrico; un recinto digno, con un poderoso portón metálico por entrada, un muro de tres metros pintado de azul y blanco y coronado con vidrios rotos, y un patio amplio cubierto por una gran estructura de láminas para resguardarse del sol y de las tormentas del Trópico. A un costado se erige una tarima, cubierta también, en la que Gutman está tratando, desde hace una media hora, de sintetizar qué es y cómo funciona la Fundación Forever.  Salpica sus palabras con chistes, analogías y arranques de espontaneidad, ante cientos de alumnos uniformados, un par de docenas de profesores y algún que otro burócrata regional del ministerio.

Gutman aparece con cierta asiduidad en la televisión, y una visita a Conchagua de alguien así resulta todo un acontecimiento. Muy a su pesar, el evento ha devenido protocolario y lleno de discursos y gestos tan bienintencionados como estériles. Incluso imprimieron un gran cartel con el detalle de sus muñecas recubiertas con pulseras: ‘Bienvenido a Conchagua, don Alejandro Gutman’.

“Nosotros –dice, micrófono en mano– no somos la típica fundación que reparte tres becas a los tres que se sacan diez, porque ¿saben qué sucede? Si se gradúan 150 y damos tres becas, ¿qué hacemos con los otros 147?”

La receta Gutman para transformar la sociedad pasa por el ingreso de miles de estudiantes de comunidades empobrecidas en las universidades. Miles. Cada año.

“Transitar por las universidades –dice a los jóvenes de Conchagua– abre muchas puertas, y abre una que es la más importante: la puerta de la cabeza, la de los sentimientos, que ustedes conozcan y reconozcan todos esos ámbitos, y que esos ámbitos y esas empresas los reconozcan a ustedes. Es un ida y vuelta”.

La salvadoreña es una sociedad no solo desigual y empobrecida, también clasista. Si la propuesta de Gutman sería revolucionaria, utópica, quijotesca en cualquier latitud, lo es más en un país como El Salvador.

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El libro ‘Pequeñas batallas, grandes historias’, del que forma parte el perfil de Alejandro Gutman puede adquirirse en este enlace de la plataforma Amazon. De momento, solo está disponible en formato digital.

Los homicidios han bajado. ¿Nos alegramos?

Sí. Debería alegrarnos. Sin lugar a dudas. Sería mezquino no hacerlo. Para la sociedad salvadoreña, la más violenta del mundo, toda reducción en sus aterradoras cifras de asesinatos –pronunciada y sostenida en el tiempo– debería ser motivo de satisfacción. Y la reducción es inapelable: desde abril, el país ha entrado en una etapa de estabilidad en torno a 11-13 homicidios diarios; una ruptura clara con los 21 homicidios diarios que promediamos durante los once meses precedentes.

Sin este abrupto descenso, habrían sido asesinados casi 1,500 salvadoreños más que los que las autoridades reportan hasta finales de agosto. Repito: casi mil quinientos más. Unos 300 salvadoreños están ‘salvando su vida’ cada mes.

Ahora bien, reconocer, alegrarse y hasta celebrar el bajón no tiene por qué estar reñido con hacer análisis que dimensionen ese descenso, que lo expliquen; mucho menos con tragarse el discurso tan triunfalista como cortoplacista y malicioso de los altos funcionarios del Estado.

La Administración Sánchez Cerén arrancó el primero de junio de 2014. Gestionó el tramo final de la Tregua –el de reactivación de la violencia– y la ‘guerra’ contra las maras, el período de la historia reciente de El Salvador en el que los homicidios más han aumentado. Si se tiene en cuenta que el Gabinete de Seguridad navegó 22 meses entre las estadísticas más sangrientas de este siglo, resulta hasta comprensible que el descenso haya derivado en triunfalismo, y en un discurso –el oficial– que pregona que las maras están siendo derrotadas. Pero la realidad es mucho más compleja, en especial en las comunidades controladas por las maras. Amerita detenerse en algunos ítems relevantes para tratar de comprender el calado del descenso.

Uno. ¿Dejará El Salvador de ser el país más violento del mundo? Improbable. Salvo que ocurra algo fuera del guion, 2016 será un año con menos homicidios que 2015, pero concluirá arriba de los 5,100 asesinatos, la segunda cifra más elevada del siglo XXI. Honduras, nuestro principal contendiente en el último lustro, mantiene su tendencia a la baja, así que solo Venezuela amenazaría que El Salvador siga siendo el país con la tasa de homicidios más disparada del mundo, con la excepción de territorios en guerra abierta. Incluso si en el último tercio del año promediáramos 11 asesinatos al día, terminaríamos con una tasa en torno a 80 homicidios por cada 100,000 habitantes.

Dos. ¿Seguimos bajo ‘epidemia de violencia’? Sí. Indiscutiblemente. Según los parámetros que maneja Naciones Unidas, una sociedad sufre epidemia de violencia cuando se cometen arriba de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes. Con el volumen de población de El Salvador, con 54 asesinatos al mes ya seríamos, ante los ojos del mundo, una sociedad enferma de violencia. El descenso que se ha dado es de promediar 650 asesinatos mensuales a promediar 350.

Tres. ¿Qué ha provocado el bajón? Es quizá la pregunta con la respuesta más propensa al debate. El gobierno, parte interesada, aporta una única respuesta: medidas extraordinarias. No es muy aventurado afirmar que, ante el martilleo constante de esta idea de parte de los principales funcionarios del Gabinete de Seguridad, y sin que nadie se oponga con argumentos serios, que los hay, entre la población parece estar calando esa percepción. Las medidas extraordinarias se pueden resumir en tres ejes: uno, cortar la comunicación entre los palabreros de las cárceles y los de la libre; dos, abrir líneas de investigación con la Fiscalía para golpear el entramado financiero y generar disputas internas; y tres, dar carta blanca a las fuerzas de seguridad para disparar primero y preguntar después. Comenzaron a implementarse en el último fin de semana de marzo, y es justo cuando inicia el descenso en los homicidios. No resulta difícil vender la relación causa-efecto, como hace con éxito el gobierno. Pero al pasar la lupa, los últimos días de marzo también los usaron las tres grandes pandillas (Mara Salvatrucha, 18-Revolucionarios y 18-Sureños) para anunciar, vía comunicado conjunto, un cese de sus “acciones ofensivas”, aún vigente. Los pandilleros no han dejado de asesinar ni de agredir a la sociedad, creerse esa parte sería iluso; sin embargo, sí parecen haber metido en el congelador las diferencias entre las tres estructuras, y haber puesto en marcha pactos de no agresión, que no se están cumpliendo al cien por ciento por la naturaleza propia de las maras, pero sí lo suficiente como para suponer que una buena porción del descenso en los homicidios son los muertos que se generaban entre sí las tres pandillas, que han disminuido tras haber identificado un enemigo común: el Estado salvadoreño.

Cuatro. ¿Por qué el discurso triunfalista del gobierno? Mi opinión: por pura estrategia de marketing político y comunicacional. Más claro aún: para obtener rédito electoral, votos. Después de casi dos años de ‘guerra’, de que las fuerzas de seguridad hayan matado a más de 700 supuestos pandilleros en lo que nos venden como enfrentamientos, el Estado ha logrado, en el mejor de los casos, retomar el control territorial en zonas controladas por las pandillas a fuerza de meter a policías y soldados ennavaronados y armados con fusiles M-16 y AR-15, pero el control social de los mareros en sus canchas sigue, con alguna excepción, intacto. Control territorial y control social no son lo mismo. El discurso triunfalista es, pues, un discurso para engatusar a las clases media y alta, las que nunca han sufrido ni sufren de manera directa el acoso de las maras. En el bajomundo, los residentes en las colonias y cantones que más sufren a los pandilleros saben que el control social lo siguen ejerciendo ellos, aunque les hayan borrado los placazos y su presencia ahora sea más difusa, menos explícita, por la mayor presencia de policías y soldados.

Y cinco. ¿Qué nos espera hasta que finalice 2016? El gobierno navega con viento a favor. Ni en la Asamblea ni en los set de televisión hay voces sonoras cuestionando la ‘guerra’ contra las pandillas. La horquilla de 11-13 homicidios diarios permitirá al Gabinete de Seguridad seguir alardeando de descenso, porque la segunda mitad de 2015 fue terrorífica y, al comparar los mismos meses, el saldo será siempre favorable. Los excesos policiales –el pan de cada día en el bajomundo– e incluso las ejecuciones extrajudiciales no restan votos en la sociedad más violenta del mundo; al contrario. ¿La comunidad internacional? Tampoco parece muy dispuesta a alzar su voz contra la sistemática violación de los derechos humanos con la que la Administración Sánchez Cerén enfrenta a los pandilleros. ¿Y las pandillas? Mucho tienen con contener la embestida estatal y garantizar que no afecte en demasía a sus principales fuentes de financiamiento: las extorsiones y la renta. En definitiva, si yo tuviera que apostar plata, lo haría por un tramo final del año muy parecido en términos numéricos a lo vivido desde abril. Apostaría también por la reincidencia gubernamental en el discurso triunfalista, triunfalista y hueco, porque aunque Cotto, Ramírez Landaverde o Sánchez Cerén lo repitan una y mil veces, el guerrerismo como política pública no está debilitando, al menos con la intensidad que nos quieren vender, las estructuras de terror con las que las pandillas controlan sus canchas más firmes.

En este enlace puede consultar un gráfico interactivo de la Sala Negra de El Faro que detalla la evolución de los homicidios entre enero de 2002 y agosto de 2016.

Nunca me habían insultado tanto

Nunca me habían insultado tanto como en los días y semanas posteriores al 22 de julio de 2015. Y no solo fueron insultos; llovieron calumnias, ofensas de sabores y colores variados, difamaciones e incluso amenazas de muerte explícitas como bofetadas.

El torrente de improperios sobrevino después de la publicación de ‘La Policía masacró en la finca San Blas’, una sólida investigación periodística de la que yo soy primera firma y en la que se denunciaban, por un lado, ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía Nacional Civil (PNC); y, por otro lado –y en mi opinión lo más preocupante–, un obsceno encubrimiento de lo sucedido de parte de las autoridades e instituciones que deberían proteger a la ciudadanía contra los abusos de las fuerzas de seguridad.

Escribo estas líneas el día exacto en el que se cumple un año desde que publicamos la crónica. Doce meses que, admito mi extrañeza, sirvieron para que la masacre de la finca San Blas se haya convertido en el referente inequívoco de los abusos que la Administración Sánchez Cerén está cometiendo desde que en enero de 2015 apostó por el manodurismopara tratar de resolver el desarrollo desmedido del fenómeno de las maras.

La crónica acumula más de 104,000 visitas y fue retomada por prestigiosos medios de Estados Unidos, Europa y América Latina. La investigación se incluyó en el informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado estadounidense, fue motivo de discusión en una audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Washington, y, a pesar de los recelos iniciales, incluso la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República han validado la calidad de nuestro trabajo. Ahora mismo hay nueve agentes policiales procesados por lo ocurrido aquella madrugada.

No es poca cosa, en especial si se tiene en cuenta que la masacre de la finca San Blas estaba llamada a ser uno más en el listado de ‘enfrentamientos’ que consignan las versiones oficiales: ocho despreciables pandilleros muertos después de disparar a valerosos héroes azules. Pero no. El periodismo permitió conocer que hubo policías que dispararon en la cabeza a jóvenes rendidos, que ni siquiera eran mareros todos los fallecidos, y que los hechores alteraron de forma premeditada la escena, con la colocación de armas junto a los cadáveres, por ejemplo. Lo ocurrido, es una inferencia que cae por su propio peso, no fue la acción de un grupo de agentes descontrolados con pretensiones justicieras, sino un modus operandi avalado, planificado y que el gobierno quiso encubrir, al punto que desde las más altas instancias de la PNC y del Ministerio de Seguridad aún se defiende la versión oficial del operativo.

Y a pesar de que la investigación evidenció gravísimas violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad, sobrevino el torrente de insultos, de difamaciones, de amenazas de muerte…

Somos la sociedad más violenta del mundo. Las maras son la expresión más cruel y refinada de esa violencia, con el agravante de que la ejercen sobre los sectores más desfavorecidos, pero el recurso habitual a la violencia para dirimir conflictos permea todo el cuerpo social.

Amarrando esta consideración a lo sucedido en la finca San Blas, el verdadero problema no es que haya unos policías exaltados que asesinen, o unos jefes policiales que lo toleren, o un sistema de control que silencie y encubra; ni siquiera que un gobierno que dice ser de izquierda haya asumido los valores que representa la finca San Blas como política pública. El verdadero problema, en mi opinión, es que como sociedad aún aplaudimos, enaltecemos o callamos ante los ya incontables sanblases, y preferimos insultar a los que desmontan versiones oficiales diseñadas para encubrir asesinatos cometidos con fusiles y balas que pagamos con nuestros impuestos. Esa permisividad es el combustible para todo lo demás.

Hoy se cumple un año desde ‘La Policía masacró en la finca San Blas’ y, a pesar de que la presión de la Embajada de Estados Unidos ha logrado que el caso se judicialice parcialmente, mi impresión es que apenas nada ha cambiado. Las ejecuciones extrajudiciales, las torturas y demás violaciones a los derechos humanos cometidas desde el Estado con el pretexto de la guerra a las maras no han cesado en estos 12 meses; al contrario, seguramente sea el período en el que más funcionarios han manchado sus manos de sangre desde que arrancó el siglo. Me temo que el manodurismo es y será por años el motor de las políticas públicas, sin importar cuán estéril y contraproducente sea, y lo será porque esta sociedad, la sociedad más violenta del mundo, parece sentirse realmente cómoda embadurnada de ese manodurismo.