Nelson Rauda Portillo fue el director general de Centros Penales entre el 7 de febrero de 2012 y el 30 de mayo de 2013, casi 16 meses que calzan con la primera fase de la Tregua. Rauda fue el relevo de Douglas Moreno, quien asumió cuando el expresidente Mauricio Funes tomó las riendas del Ejecutivo en junio de 2009. Y a Rauda lo sucedió Rodil Hernández, quien se mantiene hasta la actualidad como director general.
El triunvirato Moreno-Rauda-Rodil merecería un extenso reportaje, pero ahora me limitaré a consignar que fueron buenos amigos de juventud y que, antes de desembarcar asidos de la mano en el gobierno de Funes, trabajaron codo con codo en el Departamento de Prueba y Libertad Asistida (DPLA) de la Corte Suprema de Justicia. En los primeros años del FMLN, el trío Moreno-Rauda-Rodil fue el uno-dos-tres del organigrama de la Dirección General de Centros Penales.
De los tres amigos –hoy examigos–, Rauda es el único que enfrenta un proceso penal por el llamado ‘Caso Tregua’, quizá el proceso más mediático de la gestión del fiscal Douglas Meléndez. Cuando uno analiza el organigrama fiscal de la dizque estructura criminal que operó en las cárceles durante la primera fase de la Tregua, aparece en la cúspide, por encima incluso de Raúl Mijango. Pero a mí, que en mi condición de reportero que tenía asignada la cobertura de cárceles llegué a conocer a Rauda profesionalmente, me resulta difícil imaginarlo como el cerebro de nada.
Nelson Rauda, exdirector de Centros Penales (2012-2013). Foto cortesía PNC.
Uno de los ‘hallazgos’ que la Fiscalía presenta en el ‘Caso Tregua’ es una especie de red tóxica conformada por empleados de equipo técnico del Centro Penal de Seguridad Zacatecoluca y del Consejo Criminológico de la Región Paracentral, todo bajo la supervisión de Rauda. Esta estructura es, según el requerimiento fiscal, la que redactó y firmó los informes que permitieron sacar los días 8 y 9 de marzo de 2012 a una treintena de líderes de las pandillas Mara Salvatrucha, 18-Revolucionarios y 18-Sureños hacia cárceles ordinarias, el detonante de la Tregua y la primera de las concesiones de la Administración Funes en su negociación con las maras.
Nada más lejos de mis intenciones defender a Rauda, que siempre me pareció un funcionario gris, pero adivino oportunismo e incluso dolo en la acusación fiscal. ¿Que desde Centros Penales se hizo un uso arbitrario de los informes que elaboran los equipos técnicos de cada cárcel y los consejos criminológicos? Sí, pero es práctica habitual desde que a mediados de los noventa se aprobó la Ley Penitenciaria vigente. ¿Que los líderes de las tres pandillas salieron de Zacatraz gracias a esa arbitrariedad? Sí, pero es la misma arbitrariedad que los regresó en febrero de 2015. ¿Han necesitado cuatro años para concluir que son arbitrarios los informes favorables de los consejos criminológicos? Me resulta extraño que la Fiscalía salte ahora por una ilegalidad en particular y que la amarre a la Tregua, cuando una investigación periodística que firmé en noviembre de 2012, titulada ‘La cárcel es más humana si tu cuñado es el director de Centros Penales’, demostró que Rauda había usado idénticas mañas para favorecer a su cuñado, encarcelado por posesión y tenencia de drogas. Entonces, la Fiscalía ni siquiera parpadeó.
Rauda, me temo, es el fuego de artificio del momento, el hombre caído en desgracia, el paria, la persona que el Sistema sacrifica para que el Sistema sobreviva.
La última vez que coincidí con Rauda fue en Bogotá, Colombia, en septiembre de 2015. Lo invitaron –gastos pagos– como representante de la Secretaria General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el exilio dorado que le procuró la Administración Funes después de dejar la dirección general de Centro Penales, quizá la manera de comprar su silencio. El mismo Rauda que se hospedaba en el Hilton pasó, en un chasquido, a convertirse en chivo expiatorio de una práctica tan ilegal como arraigada en la institución que dirigía.
La evaluación de reos dependiente de equipos técnicos en cárceles y de consejos criminológicos –sumisos todos en la práctica a la dirección de turno de Centros Penales– permite que un director general alivie la condena de su cuñado, permite también que peligrosos mareros obtengan de un día para otro informes benévolos para su salida de Zacatraz, y permite también que un reo con dinero o influencias suficientes compre su Fase de Confianza o su Libertad condicional, regímenes codiciados cuando se está privado de libertad.
Nada de eso se ha puesto en entredicho y me temo –y ojalá me equivoque– que tampoco se pondrá. La Fiscalía ha agarrado con pinzas los traslados desde Zacatraz, los ha criminalizado en el ‘Caso Tregua’ y se ha querido anotar un punto al perseguir la que seguramente sea la política pública más impopular de la última década. Sin padrinos políticos, Rauda cae como mango maduro, del cielo al infierno sin escalas. Pero el Sistema se mantiene pútrido y firme, ni siquiera levemente cuestionado.
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