Carta de Raúl Mijango a la nación

Foto Roberto Valencia

[Es la primera vez que Rául Mijango, exguerrillero y exdiputado por el FMLN (1997-2000) recoge sus impresiones sobre el proceso iniciado en marzo de 2012 en un comunicado que firma a título personal.]

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En especial: al Estado y Gobierno salvadoreños, miembros de pandillas, privados/as de libertad de origen común y a todos los miembros que integran el nuevo ‘Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia’.

“El mal solo perdura cuando los hombres buenos no hacen nada”

Albert Einstein

Atendiendo el sentir y clamor desesperado de la ciudadanía y con el propósito de contribuir a responder a las expectativas de paz de todos los salvadoreños/as, y para evitar que aquellos que hoy se expresan en pro de ella vayan a caer en situación de desgaste predicando solo buenas intenciones pero carentes de propuestas y acciones concretas mientras la situación de violencia sigue igual o peor, quiero, desde la humildad de mi condición de ciudadano, sugerir a todos los que pueden contribuir en la solución de este conflicto, el inicio cuanto antes de un diálogo sincero, valiente, constructivo e incluyente que considere también a las pandillas. Es hora de deponer posiciones principistas como la de que “no se puede hablar con criminales”, cuando en este caso, ellos pueden contribuir a la solución del problema. De hecho, el mismo Estado ya lo hace por medio de la Fiscalía desde hace tiempo, al ofrecer beneficios penales a los delincuentes por su colaboración. No debemos olvidar que posiciones anacrónicas como estas son las que en el pasado provocaron que el conflicto armado de los ochenta se prolongara por tanto tiempo y cobrara la pérdida de miles de vidas y más y mayor destrucción del país. Fue hasta que se dialogó con los “delincuentes terroristas o terengos”, como nos llamaban, que se logró la paz.

A fin de volver proactivo y productivo el diálogo sugerido, separado de toda burocracia que produce libras de papel para llenar bolsones, propongo un mecanismo de abordaje real y concreto de la problemática. El mecanismo consiste en desarrollar una “agenda trenzada, de desarrollo simultáneo de manera unilateral”, que posibilite construir propuestas que se puedan convertir en entendimientos o acuerdos –porque un diálogo sin entendimientos no tiene ninguna validez– que permitan ir superando de manera gradual y progresiva la situación de violencia que afecta a todos los salvadoreños/as, para irle devolviendo a nuestro querido país la paz y la tranquilidad que tanto anhelamos.

Por la necesidad de actuar con el mayor sentido de responsabilidad, dado el valor estratégico de la propuesta, no voy a incluir en esta carta los contenidos de la agenda que propondré. De manera privada, la haré llegar al Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, así como a las pandillas, para que la analicen y se pronuncien sobre su contenido, en cualquiera de las formas: si la aceptan, la modifican o la rechazan; solo así se podrá medir el grado de genuinidad del espíritu de paz con el cual dicen actuar. Pido a los medios de comunicación su comprensión y respeto al derecho a la privacidad que un asunto tan delicado como este requiere; dejo a los destinatarios de la misma la opción de hacer, o no, público su contenido.

No se puede seguir ocultando o minimizando la realidad: la violencia, la inseguridad y la criminalidad representan desde hace varios años el principal problema que aqueja a los salvadoreños; y no es para menos, la vida de un poco más de 53,000 compatriotas se ha perdido en los últimos 20 años por estas causas. Según algunos estudios, $2,000 millones se pierden por año en el país por efecto de la violencia. Por la misma situación de inseguridad, nuestra economía se constriñe y su crecimiento anual no sobrepasa el 2%. La población –principalmente la que vive en los barrios y colonias menos favorecidas– vive angustiada, presa del temor y con la zozobra permanente de ser víctima –ella o sus hijos– de algún acto delictivo en su casa, la colonia, la calle, en el bus, la escuela, la cancha deportiva, en el centro de trabajo, hasta en la iglesia a la que asiste, inclusive.

Desde que el fenómeno de violencia –principalmente la juvenil– comenzó a golpear con mayor fuerza a la nación, en miles se pueden contabilizar las cuartillas que se han emborronado con estudios, análisis y diagnósticos tratando de caracterizar el fenómeno. Decenas de miles de dólares se han pagado a expertos para que “analicen” la situación y sugieran soluciones. Estamos pues, ante un fenómeno que está sobreestudiado y diagnosticado. Pero nada de eso ha dado resultado, la violencia ha crecido de manera indetenible; tanto, que hemos alcanzado en años anteriores los 70 homicidios por cada 100,000 habitantes; más de 4,000 asesinatos por año, y una tasa de entre 12 y 14 homicidios diarios, lo cual nos ha colocado como el segundo país más violento de toda la Tierra.

La cooperación externa, de acuerdo a estudios que han circulado en últimos días, estima haber invertido en El Salvador en los 12 años anteriores en programas de prevención de violencia cerca de $700 millones (un promedio de $58 millones por año). La empresa privada ha revelado recientemente que su inversión anual en programas de responsabilidad social empresarial, sobrepasa los $600 millones por año, monto del cual invierte buena parte en programas de reducción de vulnerabilidades y prevención de violencia. Las municipalidades reciben el 8% anual del presupuesto general de la República, $350 millones aproximadamente, del cual se supone invierten una parte en desarrollo y prevención de violencia. El presupuesto del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública sobrepasó los $350 millones en el año 2014. Toda esta inversión y qué resultados se han obtenido. Solo más violencia.

La falta de eficacia en la acción para prevenir, contener y disminuir violencia se debe a que todos los que hasta hoy han intervenido en el tema para encontrar soluciones han estado orinando fuera de la bacinica. Han pretendido resolver problemas nuevos con viejas recetas y, en muchos casos, no han tenido la voluntad genuina de querer resolverlos, o les ha faltado la suficiente valentía moral para desarrollar acciones que podrían ser “mal vistas”. Con pocos recursos y en poco tiempo, el proceso de pacificación derivado de la tregua experimentó resultados exitosos. Hizo posible reducir la tasa de homicidios de 14 a 5 diarios en cuestión de días y, a lo largo de 15 meses, ha impedido que se perdiera la vida de alrededor de 6,080 salvadoreños.

Con la llegada del nuevo Gobierno –surgido de elecciones en segunda vuelta en marzo de 2014– al fenómeno de la violencia se le ha dado mayor énfasis en su tratamiento si se le compara con el que le dio el Gobierno anterior. El mismo presidente Salvador Sánchez Cerén, en su discurso inicial, ofreció ponerse al frente de un programa contra la violencia.

En pantallas de televisión, micrófonos de radios y en periódicos escritos y digitales se puede ver, escuchar o leer las constantes declaraciones del ministro de Justicia y Seguridad, Benito Lara, sobre el tema de seguridad. Nadie puede hoy aducir que éste esté siendo ignorado, además, dicho sea de paso, con un buen manejo mediático, cargado de buenas voluntades y deseos. No obstante el rimbombante manejo que se ha hecho del despliegue de la ‘Policía Comunitaria’, la cual se ha pretendido vender como “la pastilla que cura todos los males”, la situación operativa no parece cambiar. Las acciones de ‘Mano dura’ continúan dominando el accionar policial, siguen con los grandes operativos y capturas masivas y más pandilleros continúan falleciendo en los supuestos ataques a la Policía.

Las pandillas y los privados/as de libertad de origen común también han mantenido la retórica de expresar buenas voluntades y de querer contribuir en la solución del grave problema de violencia; de la cual no solo se consideran victimarios, sino, víctimas también. No obstante, la situación de seguridad en las calles y colonias se sigue deteriorando cada día desde que hubo cambio de ministro en mayo de 2013. La tasa de homicidios se ha recuperado de 5 diarios en 2012 y 2013 a un promedio de 12 en la actualidad. Solo en lo que va de este año han sido asesinados 33 policías y 18 soldados. Ha resurgido con fuerza el homicidio de motoristas, cobradores y comerciantes. Según fuentes policiales, en este año los fallecidos por causas de la violencia sobrepasan los 3,000. Los centros escolares sufren nuevamente del acecho y el asedio a los estudiantes y maestros. El reclutamiento, la adquisición de armas, la disputa y expansión de territorios se han recrudecido en los últimos días y, muy a menudo, se conoce de la quema o ametrallamientos de unidades del transporte público.

Entre más policías y soldados fallezcan en acciones donde hay clara participación de pandillas y entre más pandilleros y mareros mueran en acciones donde ha participado la Policía, más se obligan ambos a mutar y a elevar la escalada de la confrontación bélica, favoreciendo así únicamente a los que están en contra de la paz y a favor de la guerra, porque se lucran de ella. Con otros actores, ese camino ya fue recorrido en el siglo pasado en El Salvador con nefastas consecuencias, no volvamos a cometer los mismos errores. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Ya está de sobra probado: dialogando y concertando. No dejemos que la maldad, la cobardía, el cálculo político y lo emocional, nos obligue a repetir una historia que nadie quiere volver a vivir.

El 29 de septiembre de 2014, emulando experiencias de otros países, y de anteriores administraciones, donde esta modalidad solo ha producido modestos resultados, se le dio partida de nacimiento a un nuevo ‘Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia’, para que trabaje alternativas contra la violencia. Por la necesidad urgente de contar con alternativas a este flagelo, debemos de trabajar para que en El Salvador este Consejo no fracase y, para ello, es necesario otorgarle el beneficio de la duda y brindarle todo el apoyo que sea posible y necesario.

No obstante, este Consejo debe entender que lo que todos esperamos de él son propuestas realistas de solución, y no que sus voceros pierdan el tiempo en cuestionar, descalificar y desmarcarse del proceso que fue iniciado en 2012. Criticar ahora la tregua y el proceso de pacificación derivado de ella, con sus aciertos y desaciertos, sin proponer alternativa, es caer en condiciones de miseria humana. Más bien, el Consejo debe emprender cuanto antes, acciones que den resultados en el menor tiempo posible. La población espera con impaciencia para ya, no para dentro de dos, tres, cuatro o cinco años, resultados que se traduzcan en más seguridad, menos homicidios, menos extorsiones, menos robos, menos hurtos, menos desapariciones. En cuestiones de seguridad pública, el tiempo que se pierde no es oro, sino vidas humanas.

El Salvador, 30 de octubre de 2014.

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