Su fecha de caducidad estaba fijada para el miércoles 7 de abril, pero los fabricantes de leyes le añadieron suficiente conservante como para que su vida se prolongue tres meses más. La Ley para el Combate de las Actividades Delincuenciales de Grupos o Asociaciones Ilícitas Especiales, conocida como ley antimaras, sigue siendo el arma con la que el Ejecutivo, sin importar que la Corte Suprema de Justicia la haya declarado inconstitucional, pretende que el país no muera ahogado en sus alarmantes tasas de criminalidad. Poco o nada falta por decir sobre esta normativa, por lo que estas líneas se limitarán a ser una pequeña reflexión sobre su efectividad.Un pensamiento en voz alta: ¿vieron el dato de los 6 muertos diarios? Era lo que El Salvador promediaba antes del manodurismo, exactamente la misma cifra de asesinatos que se registra desde que la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 acordaron una tregua acuerpada por el Gobierno. Lo que hace ocho años nos parecía una crisis de convivencia que ameritaba mano dura hoy supone un motivo de satisfacción porque hasta ayer teníamos 14 muertos diarios.
Punto uno. Esta ley ha conseguido enturbiar las relaciones entre los tres poderes del Estado hasta niveles que pocas veces se habían alcanzado en la historia democrática de El Salvador. Los 56 vetos presidenciales dan fe de que la confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo es su estado natural, pero la normativa logró empañar las relaciones con el Judicial, algo mucho menos habitual.
Punto dos. Estos desajustes institucionales quedarían en un segundo plano si se hubiera logrado el objetivo que se presentó como único de la ley: “Liberarnos del flagelo de las maras”, según auguró Francisco Flores en la presentación estelar del plan Mano Dura, realizada el 23 de julio en la colonia Dina de San Salvador. Pero con la polémica ley en vigencia, la PNC reportó 381 personas asesinadas en los meses de enero y febrero de este año. El promedio supera los seis muertos diarios, cifra que nos aleja del sueño de tener un país seguro.
Seis meses de ley antimaras, por lo tanto, no han hecho que se reduzca de forma sustancial la criminalidad y, además, han generado un ambiente de crispación entre los tres poderes estatales.
A pesar de estas realidades tan concluyentes, estoy seguro de que sus promotores no dudan de la efectividad de la normativa. Garantizar “un país seguro” fue uno de los pilares de la exitosa campaña electoral de ARENA y de Elías Antonio Saca, y entre buena parte de la población aún existe la creencia de que con la ley se logrará.
Mareros había en las calles y, después de seis meses, sigue habiéndolos; sin embargo, las cabezas pensantes del partido oficial supieron jugar mejor que sus adversarios con el temor de la ciudadanía. La ley que promovió el Ejecutivo ha cumplido su objetivo, y cinco años de gobierno son una muy buena recompensa.
Y lo peor es que quienes tomaron aquellas decisiones que han generado tanto dolor, incluso quienes se han lucrado del escenario de terror diseñado, siguen tan campantes, la sangre de sus manos limpiada con telas importadas.
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