lunes, 6 de junio de 2016

El chivo Nelson Rauda

Nelson Rauda Portillo fue el director general de Centros Penales entre el 7 de febrero de 2012 y el 30 de mayo de 2013, casi 16 meses que calzan con la primera fase de la Tregua. Rauda fue el relevo de Douglas Moreno, quien asumió cuando el expresidente Mauricio Funes tomó las riendas del Ejecutivo en junio de 2009. Y a Rauda lo sucedió Rodil Hernández, quien se mantiene hasta la actualidad como director general.
El triunvirato Moreno-Rauda-Rodil merecería un extenso reportaje, pero ahora me limitaré a consignar que fueron buenos amigos de juventud y que, antes de desembarcar asidos de la mano en el gobierno de Funes, trabajaron codo con codo en el Departamento de Prueba y Libertad Asistida (DPLA) de la Corte Suprema de Justicia. En los primeros años del FMLN, el trío Moreno-Rauda-Rodil fue el uno-dos-tres del organigrama de la Dirección General de Centros Penales.
De los tres amigos –hoy examigos–, Rauda es el único que enfrenta un proceso penal por el llamado ‘Caso Tregua’, quizá el proceso más mediático de la gestión del fiscal Douglas Meléndez. Cuando uno analiza el organigrama fiscal de la dizque estructura criminal que operó en las cárceles durante la primera fase de la Tregua, aparece en la cúspide, por encima incluso de Raúl Mijango. Pero a mí, que en mi condición de reportero que tenía asignada la cobertura de cárceles llegué a conocer a Rauda profesionalmente, me resulta difícil imaginarlo como el cerebro de nada.
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Nelson Rauda, exdirector de Centros Penales (2012-2013). Foto cortesía PNC.
Uno de los ‘hallazgos’ que la Fiscalía presenta en el ‘Caso Tregua’ es una especie de red tóxica conformada por empleados de equipo técnico del Centro Penal de Seguridad Zacatecoluca y del Consejo Criminológico de la Región Paracentral, todo bajo la supervisión de Rauda. Esta estructura es, según el requerimiento fiscal, la que redactó y firmó los informes que permitieron sacar los días 8 y 9 de marzo de 2012 a una treintena de líderes de las pandillas Mara Salvatrucha, 18-Revolucionarios y 18-Sureños hacia cárceles ordinarias, el detonante de la Tregua y la primera de las concesiones de la Administración Funes en su negociación con las maras.
Nada más lejos de mis intenciones defender a Rauda, que siempre me pareció un funcionario gris, pero adivino oportunismo e incluso dolo en la acusación fiscal. ¿Que desde Centros Penales se hizo un uso arbitrario de los informes que elaboran los equipos técnicos de cada cárcel y los consejos criminológicos? Sí, pero es práctica habitual desde que a mediados de los noventa se aprobó la Ley Penitenciaria vigente. ¿Que los líderes de las tres pandillas salieron de Zacatraz gracias a esa arbitrariedad? Sí, pero es la misma arbitrariedad que los regresó en febrero de 2015. ¿Han necesitado cuatro años para concluir que son arbitrarios los informes favorables de los consejos criminológicos? Me resulta extraño que la Fiscalía salte ahora por una ilegalidad en particular y que la amarre a la Tregua, cuando una investigación periodística que firmé en noviembre de 2012, titulada ‘La cárcel es más humana si tu cuñado es el director de Centros Penales’, demostró que Rauda había usado idénticas mañas para favorecer a su cuñado, encarcelado por posesión y tenencia de drogas. Entonces, la Fiscalía ni siquiera parpadeó.
Rauda, me temo, es el fuego de artificio del momento, el hombre caído en desgracia, el paria, la persona que el Sistema sacrifica para que el Sistema sobreviva.
La última vez que coincidí con Rauda fue en Bogotá, Colombia, en septiembre de 2015. Lo invitaron –gastos pagos– como representante de la Secretaria General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), el exilio dorado que le procuró la Administración Funes después de dejar la dirección general de Centro Penales, quizá la manera de comprar su silencio. El mismo Rauda que se hospedaba en el Hilton pasó, en un chasquido, a convertirse en chivo expiatorio de una práctica tan ilegal como arraigada en la institución que dirigía.
La evaluación de reos dependiente de equipos técnicos en cárceles y de consejos criminológicos –sumisos todos en la práctica a la dirección de turno de Centros Penales– permite que un director general alivie la condena de su cuñado, permite también que peligrosos mareros obtengan de un día para otro informes benévolos para su salida de Zacatraz, y permite también que un reo con dinero o influencias suficientes compre su Fase de Confianza o su Libertad condicional, regímenes codiciados cuando se está privado de libertad.
Nada de eso se ha puesto en entredicho y me temo –y ojalá me equivoque– que tampoco se pondrá. La Fiscalía ha agarrado con pinzas los traslados desde Zacatraz, los ha criminalizado en el ‘Caso Tregua’ y se ha querido anotar un punto al perseguir la que seguramente sea la política pública más impopular de la última década. Sin padrinos políticos, Rauda cae como mango maduro, del cielo al infierno sin escalas. Pero el Sistema se mantiene pútrido y firme, ni siquiera levemente cuestionado.

viernes, 29 de abril de 2016

Ponga un Humvee en su comunidad


Foto Víctor Peña (El Faro)
¿Alguien en el gabinete de seguridad cree en serio que el fenómeno de las maras se combate con Humvees y helicópteros artillados? Y si no lo creen, ¿para qué montan espectáculos como el del martes en el reparto La Campanera de Soyapango? El Gobierno despejó el punto de buses de la Ruta 49, al final de la estigmatizada colonia, y lo cubrió con camiones de transporte militar, helicópteros artillados, Humvees ídem, cientos de uniformados, ennavaronados o maquillados para la guerra, fusiles de asalto… ¿Por qué? ¿Para dar gusto a camarógrafos, a escribientes y a sus audiencias?

La Fuerza de Intervención y Recuperación Territorial (FIRT) quieren vendérnosla como una nueva y –esta vez sí– eficaz solución, pero conviene recordar que no es la primera vez que el FMLN militariza el reparto La Campanera ni la primera que nos aseguran que después habrá un desembarco de balsámicos servicios sociales. A inicios de 2010, cientos de militares tomaron la colonia como base durante meses, 24/7, para tratar de aplastar manu militari el maléfico control de la pandilla 18. Lo recuerdo con cristalinidad porque en aquella época estuve subiendo al reparto para reportear durante semanas, reporteo que cuajó en una crónica titulada Vivir en La Campanera.

Entre lo mucho y bueno que me dejó aquella cobertura está haber conocido a Alejandro Gutman, presidente de la entonces Fundación Fútbol Forever, rebautizada después como Forever, sin fútbol.

Justo ahora, un miércoles de un abril de seis años después, viajo en carro con Gutman por una calle inhóspita del área rural de Panchimalco. El show de los Humvees en La Campanera fue ayer y, como él conoce la colonia como la palma de su mano, aprovecho.

—La represión –responde Gutman– es la estrategia que han usado todos los gobiernos desde que empecé a trabajar en el país, hace 12 años. 
—Ayer llevaron Humvees y helicópteros artillados.
—¿Qué te voy a decir? Yo preferiría que en lugar de tanques de guerra, llevaran a médicos, profesores, psicólogos, estudiantes universitarios, artistas, profesionales…
—¿La Campanera está abandonada?
—Absolutamente aislada. El Estado y la mitad de la sociedad que vive más o menos bien han abandonado las comunidades empobrecidas, pero dentro de ese abandono hay comunidades y comunidades. La Campanera está en el ostracismo; su escuela, por ejemplo. Hay que entender esa comunidad, conocerla, para darse cuenta de sus necesidades, pero también de la riqueza de su gente. Porque se necesita entereza, dignidad y sabiduría para vivir en un entorno así y salir a trabajar con una sonrisa cada día, después de tanto olvido y tanta dejadez. Conocer a esa gente enriquece. Yo el otro día llevé al presidente del Banco Agrícola para que conociera, habló con unos y otros, y quedó enamorado, transformado. Otro día llevó al presidente de la CEL y quedó entusiasmadísimo.
—Pobreza, exclusión y olvido. De acuerdo, pero también está la pandilla, Alejandro, que lo agrava todo. Un padre de La Campanera no puede enviar a su hijo a estudiar en Las Margaritas, porque ahí controla la MS-13.
—Los territorios están bien marcados, sí.
—Suena legítimo que el Estado quiera retomar el control. Suena urgente.
—Si no hay paz, es muy difícil construir... eso así es. Pero incluso en épocas como esta también se puede construir, y las demostraciones son clarísimas. Universidades, escuelas y empresa privada trabajan con nosotros por una cultura de la integración desde hace años. A Forever los pandilleros nos dejan trabajar, quizá porque saben que lo nuestro es transparente. No se entrometen. ¿Y por qué? Porque un pandillero, por más comprometido con su causa que esté, tiene hermanos, hermanas, hijos… Nosotros acabamos de inaugurar una casa de la integración en la colonia Santa Eduviges, un espacio para la comunidad. ¿Quién va a estar en contra de eso?
—Pero el punto de partida es anómalo. Que un grupo de pandilleros tenga que avalar...
—Es anómalo, sí, pero esa es la situación del país hoy. No se puede entrar en las comunidades sin avisar. Eso así es. Pero siendo así, reitero, siempre se puede trabajar por las comunidades, y casi nadie quiere hacerlo. Ojalá no existiera ese control de las pandillas en La Campanera, pero lo que no se vale es que unos y otros se agarren a eso para no hacer nada. No se puede llegar un día con las cámaras de televisión a pintar la escuela o a reglar pelotas y luego desaparecer. Así no se puede.

Hace una hora Gutman hablaba ante unos 200 estudiantes del Complejo Educativo Cantón San Isidro, de octavo y noveno grado, y de primer y segundo año de bachillerato. La escuela está a 45 minutos en 4x4 de la capital, pero el entorno es la ruralidad en estado puro; aquí hay menos señal de telefonía que en un penal. Números gruesos, ese centro habrá graduado a unos 600 bachilleres en la última década, y bastarían los dedos de las manos para enumerar los que han terminado una carrera universitaria. Los otros 590 estarán trabajando a cambio de un salario de subsistencia, o cultivando para comer y poco más, o habrán migrado al Norte, o se habrán brincado en una pandilla, que en Panchimalco hay mucha oferta.

—La carta de presentación del actual gobierno es el manodurismo puro y duro –digo.
—De cuestiones de seguridad pública no opino porque no sé; yo no sé si llevar tanques a La Campanera será bueno o no. Pero desde hace una década convivo en diferentes ámbitos de la sociedad, me he sentado a platicar con pandilleros, con empresarios y con ministros, y creo que esa experiencia acumulada me da el suficiente conocimiento como para decir que lo prioritario en las comunidades es reforzar las escuelas, los espacios públicos, las unidades de salud… porque en verdad están muy debilitadas. Y se puede… ¡claro que se puede entrar y construir! Pero hay que meterse a trabajar y no ir una mañana nomás, con demagogia, o ir solo con los tanques.
—¿Qué podemos o debemos exigir al Estado?
—Ojalá su papel fuera más importante, porque la presencia del Estado en las comunidades donde vive el 50 % más empobrecido de la sociedad es mínima. Por eso tenemos la situación que tenemos, porque el Estado piensa solo para una mitad. Yo aspiraría a que los gobernantes hagan lo que tienen que hacer, pero no le tengo mucha fe. Los políticos, aquí y en toda Latinoamérica, viven peleándose por cuotas de poder, y lo que menos les interesa es cómo vive el pueblo.
—Alejandro, ¿por qué la pandilla aún es una opción de vida atractiva para cientos de cientos salvadoreños?
—En una pared de la Santa Eduviges tenemos escrita una frase que dice algo así: un hombre invisibilizado es muy probable que termine creyéndoselo. Es algo terrible. Porque el ser humano al que la sociedad, el Estado y hasta su familia lo han hecho sentirse invisible puede que se lo crea y empiece a actuar sin límites. Si vos sentís que no sos ni de aquí ni de allá, si no has sentido amor ni entrega ni tenés objetivos en la vida, si la familia ni la escuela te pueden contener... la pandilla te ofrece ciertas tentaciones, da reconocimiento, estatus, te da una familia.


Helicópteros artillados, Humvees ídem, cientos de uniformados ennavaronados o maquillados para la guerra, fusiles de asalto… En el noticiero y en la portada del periódico todo eso luce, pero no parecen ser los instrumentos adecuados para que el niño de 12 o 13 años de la comunidad empobrecida quiera convertirse en el próximo pandillero.

—La implosión que ocurre en las familias es la explosión que ocurre en la sociedad –sentencia Gutman.

sábado, 23 de abril de 2016

El ‘manodurismo’ (contado por un marero)

Hace poco tuve la oportunidad de platicar largo con un veterano pandillero al que llamaré Maicol. Cuarentón ya, Maicol durante más de una década fue el palabrero de una de lasclicas más activas de su pandilla. Y lo fue desde la cárcel. Cayó preso recién comenzado el siglo y cumplió su condena en plena Tregua; es decir, vivió la evolución del fenómeno desde primera fila. Hoy es un peseta, alguien que ha renegado de su barrio, un traidor que tiene prendida –él y su familia– la luz verde. Una fuente privilegiada.
Hablamos sobre varios temas, pero en este artículo me ceñiré a sus reflexiones sobre elmanodurismo, la receta que el finado Francisco Flores se sacó de la manga en el tramo final de su quinquenio.
—Los gobiernos siempre dicen que dan soluciones, pero esas soluciones solo sirvieron para hacer crecer todo –me dijo–. Comenzaron con lo de la Mano Dura...
A Maicol se le escapó una sonora sonrisa sarcástica.
—El Gobierno, según ellos, ¿va?, pensó: agarremos a estos hijosdeputa, ¿va? Agarremos a 20, a 50, 60, 200… metámoslos al tavo y hagamos un penal solo para ellos. ¿Y qué pasó? Nos unieron, crearon las ranflas, nos dieron un lugar para planear…
El Plan Mano Dura se lanzó el 23 de julio de 2003, con una hollywoodense puesta en escena en la colonia Dina de la capital, literalmente ocupada por el Ejército y la Policía para que el presidente Francisco Flores pudiera interpretar su papel de defensor de los ‘ciudadanos honrados’.
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Foto Yuri Cortez (AFP).
Faltaba poco más de medio año para las elecciones presidenciales de marzo de 2004 y, apenas cuatro meses antes, en las legislativas de marzo, el FMLN se había convertido por primera vez en la fuerza más votada de El Salvador. Las maras eran ya un problema creciente de seguridad pública, con una guerra a muerte abierta entre ellas que generaba docenas de muertos cada año, pero nada que ver con lo que son en la actualidad, un problema de seguridad nacional, capaces de instaurar fronteras internas. Otro detalle importante: las cifras de asesinatos en 2002 y 2003 fueron las más bajas desde la firma de los Acuerdos de Paz, con tasas de homicidios incluso inferiores a las que el país tuvo durante la Tregua.
En ese contexto se apostó por el manodurismo y se vendió a la sociedad como la receta idónea. La improvisada y electorera apuesta se hizo con bombo y platillo, sobredosis de propaganda gubernamental, y la connivencia de una prensa narcotizada con los operativos tumbapuertas, los gorros navarone y los fusiles AR-15, y las presentaciones de picachadas de tatuados un día sí y otro también.
—El Gobierno solidificó las pandillas, ¿mentendés? –me dijo Maicol–. La Mano Dura, en vez de a acabar con el problema, sirvió para organizarnos.
La primera gran mutación del fenómeno de las maras (creación de estructuras de mando nacionales en las cárceles, apuesta por la renta como fuente de financiamiento, renuncia al tatuaje como elemento de jerarquía, férreo control de las canchas, ruptura paulatina con la idolatría al bajado de Estados Unidos,…) tiene lugar en los meses de apogeo delmanodurismo, entre 2003 y 2006.
—Y después, cuando ya estábamos organizados, nos hicieron políticos. Ellos nos hicieron políticos, ¿mentendés? –me dijo Maicol–. Ellos secretamente llegaban a los penales antes de cada elección y buscaban a nuestros líderes para decirles: cuando nosotros ganemos, van a cambiar ciertas cosas; no les vamos a dar todo, pero vamos a aflojar un poco la pita, y aquí y todo eso. Te estoy hablando que ciertos diputados tienen algo que ver en el crecimiento de las pandillas.
—¿Diputados de ARENA?
—¡De todos los partidos! Para la primera victoria del FMLN, nos reunieron en los tavos. Te estoy hablando de pláticas con diputados. Y nos pidieron que habláramos con nuestras familias para pedirles que votaran por el FMLN. Iba a haber beneficios, y nos los mencionaron y todo: que a la mayoría nos iban a dar las dos terceras partes o la media pena, para salir libres, o que iban a cerrar el penal de Zacatraz, o que si no lo cerraban, lo iban a dejar como los otros penales, que pudieras tocar a tu visita, tener contacto, íntima… Y se hizo: cada pandillero habló con su familia, y algunos hasta con civiles hablaron. Date cuenta de todos los presos a nivel nacional, y en todos los penales anduvieron; que cada quien tenga dos o tres familiares que votaron por el FMLN… esos votos hicieron ganar a Funes.
La entrevista con Maicol la mantuve algunos días antes de que El Faro publicara el video en el que se escucha a Ernesto Muyshondt –en nombre de ARENA– realizar para las presidenciales de 2014 ofrecimientos similares a voceros de la Mara Salvatrucha y de las dos facciones del Barrio 18.
—Te estoy hablando de que ellos, el Gobierno, siempre han tenido el poder para acabar con todo, pero nunca lo han querido hacer –me dijo Maicol.

viernes, 19 de febrero de 2016

El país que desprecia los derechos humanos



Dice David Morales, el procurador de Derechos Humanos de El Salvador:
—Recordemos que cuando el presidente Flores lanzó el manodurismo, dijo que había que trazar una línea: a un lado ubicó al Gobierno y a los ciudadanos honrados; y al otro lado, colocó a pandilleros, a jueces y a los defensores de derechos humanos.
Nunca ha sido fácil ser el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Ni en la primera posguerra ni durante la Administración Flores ni hoy, en el marco de la ‘guerra’ contra las pandillas. La institución, fruto de los Acuerdos de Paz y presentada en inicio como uno de los logros más tangibles de los años de lucha revolucionaria, cayó en desgracia demasiado pronto, en una sociedad obscenamente desigual, polarizada a límites enfermizos, con una institucionalidad raquítica, y que es la más violenta del mundo.
Transcurrido casi un cuarto de siglo, no suena muy aventurado afirmar que los salvadoreños –en términos generales– desprecian el concepto ‘derechos humanos’ y, por extensión, la institución que tiene la misión constitucional de que se respeten.
—¿Por qué las palabras derechos humanos están tan mal vistas? –pregunto al procurador Morales.
—Se ha generado un estigma, es cierto. La sociedad en ese sentido se ha atrofiado por los planteamientos de los políticos, que presentan los derechos humanos como derechos únicamente de los delincuentes. Estos discursos los retoman luego los grandes medios de comunicación, y refuerzan la percepción de que benefician exclusivamente a los delincuentes, y refuerzan la idea de que para ser efectivos en seguridad, hay que disminuirlos. Pero esas ideas son falsas.
En las redes sociales salvadoreñas ser tachado como defensor de derechos humanos es un menosprecio, un insulto. Y la institución estatal y su titular devienen con frecuencia blanco de iras inquisitoriales. En la encuesta anual de evaluación de país que realiza la UCA, el 66 % de los salvadoreños dijo en diciembre de 2014 que tenían nula o poca confianza en la PDDH. Un año después, el porcentaje había subido al 72 %.
Paradójicamente, el desprecio al concepto ‘derechos humanos’ convive con la percepción –siempre según la referida encuesta– de que durante 2015 el respeto a los derechos humanos ha empeorado o seguido igual; así lo expresaron nueve de cada diez consultados.
*****
“La izquierda se ha vuelto más represiva que las represiones que estaba denunciando antes”. La frase es de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y la pronunció el 16 de noviembre de 1979, después de recibir en el arzobispado a un grupo de personas a las que en su diario personal definió como “damnificadas por actos violentos de grupos extremistas de izquierda”. Apenas había transcurrido un mes desde el golpe de Estado del 15 de octubre, que Romero respaldó de forma explícita, casi entusiasta, lo que le supuso abiertas críticas, acusaciones y ataques de los grupos que un año después conformarían el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Aunque el contexto sea otro, la frase tiene hoy vigencia plena.
El conjunto de actores socio-políticos salvadoreños que se arrogan representar las esencias de la izquierda –con el partido FMLN como estandarte– cuestionó con dureza y desde distintos frentes el manodurismo como estrategia de seguridad, cuando Arena se lo sacó de la manga a mediados de la década pasada para patear el avispero de las maras, en el que quizá sea el más torpe de sus errores.
Pero desde enero de 2015, el manodurismo es la carta de presentación del Gobierno en materia de seguridad pública, elevado a niveles que lindan con el terrorismo de Estado, conincontables masacres y ejecuciones extrajudiciales protagonizadas por las fuerzas de seguridad, que ni siquiera están siendo investigadas a pesar de los trabajos periodísticos que se han publicado.
Por activa o por pasiva, el responsable de los abusos policiales es el Gobierno del FMLN, con la complicidad explícita de la Fiscalía General de la República, y velada de la inmensa mayoría de oenegés e instituciones ligadas históricamente a planteamientos de izquierda. Entidades como FESPAD, UCA o el Servicio Social Pasionista han bajado el volumen de sus denuncias por violaciones de los derechos humanos –estruendosas cuando gobernaba la derecha– hasta volverlas casi inaudibles, bien sea por afinidad ideológica con el partido de gobierno, bien por el creciente rechazo social que genera exigir el respeto a los derechos humanos.
Así, una de las consecuencias de la ‘guerra’ contra las pandillas ha sido la de profundizar el desprecio hacia el concepto ‘derechos humanos’, y con ello alimentar el círculo perverso de la violencia.
De la misma sociedad ultraviolenta que parió y nutre el fenómeno de las maras emanan los exigencias de políticas manoduristas que, si bien garantizan cierto respaldo social a sus promotores, impiden buscar soluciones reales. Maras, manodurismo, más maras, másmanodurismo, maras radicalizadas, manodurismo radicalizado… y así hasta convertir la sociedad salvadoreña en la más violenta del mundo.
*****
—¿Preocupado por lo que ha ocurrido en 2015? –pregunto al procurador Morales.
—Todos deberíamos, por la escalada de violencia.
El procurador Morales no esconde críticas cuando se le pregunta por casos concretos, comola masacre de San Blas, pero opta por la cautela y por respuestas gallo-gallina cuando se le pide posicionarse sobre la política guerrerista de seguridad pública.
—¿No cree que la institucionalidad retrocedió en 2015 respecto a la situación en 2014?
—Ante la escalada de violencia de los grupos delictivos, la respuesta del Estado ha sido en términos similares al tradicional manodurismo; sigue prevaleciendo la misma dinámica de enfrentamiento. No podría decir que la institucionalidad retrocedió, pero sí que no avanzó significativamente en los diferentes planos.
El procurador Morales está consciente de lo que está pasando en El Salvador desde enero de 2015, pero prefiere repartir responsabilidades entre todos los gobiernos que el país ha tenido desde 1992.
—El Estado –dice– nunca ejerció su deber de educar y promover una cultura de paz, de respeto a los derechos humanos, de fomento de valores democráticos. Es una obligación de Estado abandonada por décadas, además de que somos un país con una historia muy fuerte de autoritarismo, violaciones a los derechos humanos y violencias en general, que se han terminado naturalizando por la población, como fenómeno de nuestra cultura.
Nunca ha sido fácil ser el titular de la PDDH. Y en el papel timorato que también está desempeñando el procurador Morales deben pesar el rechazo social cuando se denuncian abusos policiales, o el hecho de tener el corazoncito a la izquierda, y ver que los responsables son ‘compas’ y no el ‘brazo político de la oligarquía’.
—Las clases políticas dominantes –dice el procurador Morales– venden discursos punitivos, de endurecimiento de penas, de manodurismo… visiones totalmente superadas en países democráticos por inefectivas, pero que aquí se impulsan porque es evidente que generan simpatías que se traducen en votos.
Suena a que quiere retratar al actual gabinete de seguridad, su responsabilidad por acción u omisión en las ejecuciones extrajudiciales. Pero no. Como si sintiera una obligación cuanto menos de diluir responsabilidades, rápido se esconde tras el escudo de los veinte años de Arena:
—Recordemos que cuando el presidente Flores lanzó el manodurismo, dijo que había que trazar una línea: a un lado...

martes, 26 de enero de 2016

La ciudad más violenta del mundo



Ya hicieron público el Listado de las 50 ciudades más violentas del mundo en 2015”, y en esta ocasión el muerto le cayó a Caracas. Para el mundo entero, la capital venezolana es y será, al menos hasta enero del próximo año, la ciudad más violenta del mundo… aunque seguramente no lo sea.
El cacareado listado lo elabora una oenegé mexicana llamada Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., que desde hace años ha ganado notoriedad internacional (prestigio, incluso) precisamente por confeccionar este ranking.
Desde que hace un lustro nació la Sala Negra de El Faro, soy el periodista que trata de estar pendiente de los indicadores de violencia en El Salvador, y me gusta cotejarlos con lo que sucede en los países de la región. Pues bien, el listado de esta oenegé mexicana, que agencias internacionales de prensa y prestigiosos medios de referencia elevan a categoría de verdad absoluta, lo descartamos como fuente confiable hace dos o tres años, y lo hicimos por una sencilla razón: los errores y las ligerezas detectados son, en mi opinión, demasiado graves.
La gran virtud del listado es que detalla la metodología para sus cálculos. Por ejemplo, la tasa afinada hasta las centésimas de “119.87 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes” de Caracas no tiene fundamento alguno en cifras oficiales; es una construcción sobre cuestionables reportes periodísticos que citan cifras de la morgue que atiende Caracas y alrededores, luego guadañan un porcentaje como estimación de accidentes y homicidios no dolosos, y por último descartan municipios del Gran Caracas que también hacen uso de esa morgue. El resultado final es, en mi opinión, una cifra basada en demasiadas inferencias, estimaciones y reglas de tres como para ser confiable.
Otro ejemplo. El año pasado, la campeona resultó San Pedro Sula, en Honduras. Le atribuyeron 1,317 homicidios y una tasa de 171.20 homicidios por cada 100,000 habitantes. Así se publicó y se republicó. Este año la ubican en el segundo escalón del pódium, pero si se lee la ‘letra pequeña’ sobre la metodología, aparece esto: “En primer término, quepa señalar que nuestra estimación de 1,317 homicidios en 2014 fue 14.29 % por debajo de la que reporta Sistema Estadístico Policial, que fue de 1,152”. ¡Sobrestimaron 165 asesinatos!
Pero no me animé a escribir este desahogo por lo que sucede en Caracas o en San Pedro, sino por lo que conozco tantito mejor: San Salvador. Nuestra ciudad capital salta este año del decimotercer al tercer lugar, y le atribuyen una tasa de 108.54 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Aunque más de uno se sorprenderá por esto que va a leer, El Salvador tiene uno de los sistemas de conteo de homicidios más confiables y transparentes de todo el hemisferio, además de difusión casi inmediata. Ante esta realidad, las diferencias numéricas no son tan relevantes, pero sí –en mi opinión, reitero– las ligerezas metodológicas distorsionadoras.
Uno. La oenegé atribuye 1,918 homicidios a “San Salvador”, cuando el dato oficial y público desde la primera semana de enero es 1,932. La diferencia, por lo explicado en el párrafo anterior, no es significativa, y la tasa apenas se elevaría a 109.3 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Dos, y empezamos con las discrepancias de corte metodológico. La única ciudad que existe en El Salvador, según el criterio utilizado por la oenegé, es “San Salvador”. Ni Santa Ana ni San Miguel ni Soyapango son ciudades.
Tres. Lo que ellos llaman “San Salvador” es en realidad el Área Metropolitana de San Salvador, una entidad que aglutina a 14 municipios y que goza de respaldo jurídico, pero en mi opinión obsoleta si se tiene en cuenta el desarrollo urbano en las últimas dos décadas. Así, el cantón Tutultepeque de Nejapa es “San Salvador”, pero no lo es la residencial Vía del Mar, ubicada en el arranque de la carretera al puerto.
Cuatro. Dentro del Área Metropolitana de San Salvador oficial existen, en mi opinión, realidades lo suficientemente diferenciadas como para que no sean metidas en el mismo saco. La situación de seguridad en los dos municipios ‘metropolitanos’ del departamento de La Libertad (Santa Tecla y Antiguo Cuscatlán) muy poco tiene que ver con el gran manchón urbano de San Salvador-Ciudad Delgado-Mejicanos-Ayutuxtepeque-Cuscatancingo-Apopa-Soyapango-Ilopango, pero esas realidades dispares, incluso separadas físicamente, se meten en el mismo huacal, y se extrae un promedio.
Entre las ciudades más violentas del mundo, “a San Salvador le correspondió la tercera posición”, dice concluyente la oenegé mexicana en su informe. Pero los factores enumerados distorsionan en mi opinión los números de “San Salvador” y todas las consecuentes afirmaciones que se hacen sobre nuestra capital.
Nuestra realidad es más cruel: en el municipio de San Salvador, donde según la Digestyc en 2015 residían 257,754 personas, se cometieron 514 asesinatos. La tasa de la ciudad capital es de 199.3 homicidios por cada 100,000 habitantes.
Si se tienen en cuenta las implicaciones para el turismo y la inversión extranjera que podrían derivarse de ser presentados como la ciudad más violenta del mundo, no nos podemos quejar. Las –en mi opinión– ligerezas con las que la oenegé mexicana elabora el listado nos han ayudado. Nos salió barato. 
Lo repiten con sonoros titulares en la BBCEl Mundo o La Nación: Caracas es la ciudad más violenta del mundo, no San Salvador. Un respetado informe lo dice. ¿A quién le importa en Londres, Madrid o Buenos Aires lo que esté ocurriendo en el Centro Histórico de San Salvador?
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