martes, 9 de mayo de 2017

Ni Mara 503 ni MS-503

Foto Yuri Cortez (AFP)

Hace dos años, ocurrió algo parecido.
A mediados de 2015, poco después de que la administración Sánchez Cerén le apostara a la versión más brutal del manodurismo para hacer frente a las maras, se comenzó a regar la idea de que las tres pandillas mayoritarias se fusionarían para crear una única estructura en El Salvador, llamada ‘Mara 503’.
Aquella idea se aireó desde sectores interesados en agigantar la amenaza que suponían la Mara Salvatrucha (MS-13) y las dos facciones del Barrio 18 (18-Revolucionarios y 18-Sureños). Raúl Mijango, mediador durante la Tregua –el proceso que marcó la agenda nacional entre marzo de 2012 y enero de 2015–, fue quien más habló sobre el tema. Pero Mijango era nomás una fuente, parcializada. Que durante semanas se diera por sentado la existencia de la ‘Mara 503’ se debió sobre todo a dos factores: por un lado, a la irresponsabilidad de los medios de comunicación (locales y extranjeros) que, cegados por el breaking news, se olvidaron de algo tan elemental como contrastar la información; y por otro, al hecho de que, a pesar de que las maras son el principal problema de la sociedad salvadoreña, los dedos de una mano bastan para contar a las personas que pueden hablar con conocimiento sobre el tema, tanto dentro del Estado salvadoreño como en ámbitos académicos o periodísticos.
Aquella ‘Mara 503’, aquella cacareada fusión operativa entre emeeses y dieciocheros para hacer frente a la Policía Nacional Civil, resultó un cohete soplado, un bulo.
Sospecho que está ocurriendo algo parecido ahora.
Desde hace varias semanas, el Estado (la Fiscalía y el gabinete de seguridad, sobre todo) se está esforzando en dar mayor empaque a la idea de que la MS-13 se ha partido en dos facciones, y que el grupo disidente responde al nombre de ‘Mara Salvatrucha 503’, ‘MS-503’ o ‘MS-Revolucionarios’.
En julio de 2016 se destapó la ‘Operación Jaque’, que desde el inicio se quiso vender como un golpe cuasi mortal a la Mara Salvatrucha. Ya entonces, voceros del gabinete de seguridad dejaron caer que la MS-13 tenía una fuerte fractura interna, animados seguramente por la convicción de que la división es síntoma inequívoco de debilidad. ‘Divide et impera’, decían en Roma. Divide y vencerás.
Desde entonces se ha venido dando forma a la posibilidad de que al interior de la Mara Salvatrucha salvadoreña esté sucediendo algo similar a lo que sucedió a finales de la década pasada con el Barrio 18: la ruptura entre Sureños y Revolucionarios. La idea, reitero, llevaba algunos meses en el ambiente, comentada ocasionalmente –pero sin pruebas– por distintos funcionarios y analistas. Pero hace un par de semanas, la ‘Mara Salvatrucha 503’ se coló de lleno en la agenda nacional e internacional, cuando un artículo de El Diario de Hoy titulado ‘La Mara Salvatrucha se divide en MS-13 y en MS-503 y ordenan purga de cabecillas’ suscribió a ciegas y perifoneó la versión del Estado.
El gobierno ‘sustenta’ el que en mi opinión es un nuevo bulo –la partición de la Mara Salvatrucha– en un puñado de homicidios y de homicidios tentados ocurridos en su mayoría dentro de las cárceles controladas por la MS-13, con un triple asesinato de tres mareros como detonante, fechado el 6 de enero de 2016, en la cárcel de Izalco.
Es cierto que dentro de la Mara Salvatrucha hay desde hace un par de años una herida abierta entre el programa de la Fulton Locos y la ranfla nacional, herida que explica la mayor parte de las muertes sobre las que el gobierno sustenta la existencia de la ‘MS-503’. Pero dentro de la MS-13 son unos 50 programas diferentes y, aunque la Fulton es por historia y por territorialidad uno de los importantes, e incluso suponiendo que haya logrado atraer a algún que otro programa disidente, la idea de la división la juzgo desproporcionada y tendenciosa.
Las diferencias entre clicasprogramas y liderazgos al interior de una estructura tan atomizada como la MS-13 salvadoreña son tan viejas como la propia pandilla. En San Miguel, por ejemplo, hubo una guerra fratricida entre emeeses que se prolongó entre 1998 y 2004 y que dejó docenas de asesinados a manos de homies que rifaban idéntico barrio; y a nadie se le ocurrió hablar de partición. Durante la Tregua, la pandilla tampoco fue una sola voz, con sectores importantes que nunca acompañaron esa apuesta; y a nadie se le ocurrió hablar de partición.
Las diferencias actuales entre la Fulton Locos y la ranfla nacional no creo que sean suficiente siquiera para abrir el debate sobre una división similar a la que tuvo la 18. Como sucedió en su día con la ‘Mara 503’, que hayamos empezado a oír de la ‘Mara Salvatrucha 503’ más parece el interés de una fuente –el gobierno en esta ocasión– de diseminar la idea del divisionismo-debilidad, sumado a la incapacidad del gremio periodístico y de la sociedad en general para detectar que se trata de un cohete soplado, un bulo.

viernes, 24 de marzo de 2017

Cimientos podridos

Algunos ya sabrán: el joven Miguel Ángel Deras, Miguelito, fue sobreseído definitivamente el pasado 22 de febrero por el Juzgado Especializado de Instrucción ‘B’ de San Salvador.
Pido disculpas para los que ya saben pero, para los que no, trataré de condensar su caso en un párrafo: a Miguelito lo detuvieron en la casa de sus padres el 17 de mayo de 2016, lo presentaron encadenado, nos dijeron que era un terrorista de la 18-Revolucionarios llamado el Slipy de la Santa María, y lo involucraron en la peor masacre cometida en El Salvador en el último lustro. El 25 de mayo publicamos en El Faro una investigación que demostraba que Miguelito ni siquiera era marero, pero la Fiscalía igual pidió que lo encarcelaran por más de 300 años, la Policía Nacional Civil lo tuvo 59 días encerrado en condiciones infrahumanas, y pasó otros siete meses con medidas sustitutivas, antes del sobreseimiento definitivo.
Hoy es un joven sin deudas con la justicia. ¿Y ahora qué? ¿Un triunfo del bien sobre el mal? ¿Somos hoy una mejor sociedad que ayer? ¿Periodismo justiciero? ¿Misión cumplida? ¿...?Nada que ver. Como el periodista que destapó y dio seguimiento al caso, no negaré que haber contribuido a su libertad genera cierta satisfacción profesional y personal, pero muy limitada –créanme– tras conocer los pormenores y las posibles consecuencias ante la opinión pública.
Miguelito ha tenido que irse de su Quezaltepeque natal por miedo a represalias de los mismos policías que lo detuvieron. Su familia vendió el puesto del mercado y se endeudó para pagar los desorbitados honorarios del abogado. Ni fiscales ni policías ni jueces ni funcionario gubernamental alguno le han pedido perdón, ni qué decir sobre indemnizaciones, reparaciones o similares. El Estado salvadoreño le aplicó la dosis completa de manodurismo; incluso le colocaron un revólver cuando lo detuvieron, pero chucho no come chucho, y nadie va a abrir una investigación por estos delitos y negligencias que cometen los empleados públicos que forman parte de un sistema de justicia arbitrario, corrupto y que se ensaña contra los sectores más desfavorecidos de la sociedad.
Claro que me alegro por Miguelito y su familia, pero me resisto a identificar su historia como una con final feliz por dos razones fundamentales: la primera, porque me niego a rimar con la palabra felicidad nada que suponga haber pasado un solo día en cualquiera de las mazmorras en las que el Estado mantiene a los privados de libertad, y Miguelito se comió dos meses en unas bartolinas policiales hacinadas y fétidas, entre verdaderos mareros.
Pero la razón más importante por la que el Caso Miguelito me ha dejado un sabor más agri que dulce es porque el Estado lo puede terminar usando, de manera más o menos premeditada, para darse baños de pureza, para presentarse como un sistema justo y garantista, un sistema en el que cuando se comete un error, este termina subsanado de una u otra forma.
No hay sistema en el mundo que esté exento de abusos de autoridad y de errores judiciales; ni siquiera los Estados de derecho que admiramos por su sólida institucionalidad y su pedigrí democrático.
Cuando casos como el de Miguelito suceden en países que funcionan, el periodismo se torna fundamental para señalar y corregir los yerros. Pero en El Salvador los errores no son la excepción dentro de un modelo potable. Los abusos, los encubrimientos y las desidias protagonizadas por policías, soldados, fiscales, abogados, peritos y jueces son pan de cada día. Se fabrican pruebas incriminatorias, se moldean los testimonios de los testigos criteriados, se prevarica, se violan los derechos humanos, se ejecuta extrajudicialmente con total impunidad…
Este ‘sistema de justicia’ se aplica con especial dureza contra los sectores más desfavorecidos, aquellos a los que Monseñor Romero llamó los ‘sinvoz’. No es algo nuevo ni mucho menos, pero la guerra contra las maras iniciada en enero de 2015 y sobre todo las medidas extraordinarias que se aplican desde marzo de 2016 han intensificado estas prácticas hasta niveles quizá no vistos desde la guerra civil.
No es una excepción Miguelito. No es una excepción la masacre de San Blas. No es una excepción Wendy Morales. No son una excepción los esposos Mejía Hernández. No es una excepción Daniel Alemán. No es una excepción que en dos años la Policía Nacional Civil haya matado a mil salvadoreños en ‘enfrentamientos’. No es una excepción…
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Los atropellos que comete el Estado salvadoreño van desde los registros violentos y vejatorios hasta las ejecuciones extrajudiciales, pasando por las detenciones arbitrarias y los juicios viciados. Eso sí: tratan de no afectar a todos los estratos sociales por igual. Si eres pobre, joven, varón y vives en una comunidad controlada para las maras, se multiplican las posibilidades de ser víctima de la maquinaria estatal.
Como ocurre con los iceberg, los casos que trascienden son apenas una fracción de los que están ocurriendo, y por lo general se airean más las injusticias cometidas contra personas de estratos clasemedieros. Por eso el sinsabor con Miguelito. Bien por él, reitero, pero ante los ojos de una sociedad violenta y clasista y anestesiada como la salvadoreña me temo que el ‘final feliz’ puede tener un efecto contraproducente: dar la sensación de que el sistema corrige sus errores, y que estos son excepción.
Dudo que resulte nada bueno de la represión miope y brutal y desproporcionada que abandera un gobierno que dice ser de izquierdas, apoyado por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, por una mayoría social, y con la complicidad de las instituciones estatales que deberían ser un contrapeso. Esta estrategia genera votos, pero está llenando el país de ‘víctimas colaterales’ y de personas resentidas contra el Estado por haber sufrido en carne propia abusos, o ser familiar de o amigo de. Por otro lado, se está incubando en un grupo de policías, soldados y fiscales la idea de que se puede actuar al margen de la ley, de que “cuando la patria está en peligro, todo está permitido”, como se tuiteó en septiembre pasado desde la cuenta oficial de Twitter de la Policía Nacional Civil.
Resentimiento creciente en el bajomundo, funcionarios armados que creen estar por encima de la ley, y una ciudadanía que –salvo los casos que le afectan de cerca– aplaude o tolera la violación sistemática de los derechos humanos. No parecen los mejores cimientos para la sociedad en la que uno quiere que crezcan sus hijos.

jueves, 26 de enero de 2017

Una ciudad hostil con sus peatones

Los días que voy al trabajo en bus lo hago en la 101-D, la ruta que une el centro de San Salvador con el poniente de Santa Tecla. Las oficinas de El Faro están en Antiguo Cuscatlán, a una cuadra de la municipalidad. Me bajo en la parada del centro comercial Multiplaza y, sí o sí, toca caminar poco más de 800 metros. No hay problema en la caminata; al contrario, desde siempre me ha gustado recorrer las calles. Si les cuento esto es porque este paseo en particular, la frecuencia con la que lo doy, me reafirma en la idea de que quienes planifican, autorizan y construyen nuestras ciudades lo hacen sin pensar en los peatones.
Desde la parada de buses camino hasta el redondel Naciones Unidas. Ahí tomo la amplia calle que está entre Multiplaza y Las Cascadas, me echo a la carretera, camino el viaducto que permite sortear la Panamericana, y caigo sobre el bulevar Deininger, justo frente a la alcaldía. Un trayecto sin aceras, sin arcenes, junto a carros que te pasan a dos metros a 60 por hora.
Sería deshonesto y exagerado decir que siento peligrar mi vida, pero que cientos de salvadoreños –¿miles?– tengamos que hacer cada día ese mismo recorrido creo que sirve para ilustrar lo hostiles que son nuestras ciudades con sus ciudadanos.
La construcción de esos centros comerciales y de sus calles de acceso es reciente: la ‘pasarela para carros’ se inauguró en septiembre de 2005. Ni siquiera tienen la excusa de que se planificaron hace medio siglo, cuando las consideraciones para con el peatón eran menores. Subrayo también que se trata de ‘malls’, espacios concebidos para atraer a gente, con lo que haber craneado sistemas de acceso hostiles al viandante podría interpretarse, sin forzarlo demasiado, como que solo son bienvenidos aquellos que llegan motorizados.
En esa misma área se inauguró hace pocos meses el llamado Paso Multinivel del redondel Naciones Unidas, un millonario complemento para facilitar los accesos a Multiplaza, Las Cascadas y La Gran Vía. El referido redondel terminó convertido en un bonito parque, con bancas, jardines floridos y hasta una fuente de piedra. Pero ‘olvidaron’ un pequeño detalle: no se puede acceder a pie, salvo que uno se la juegue corriendo entre los carros.
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Escribí hace cinco post sobre las trabazones infernales en el área metropolitana, certificadas por la aplicación Waze, y advertí de que lo peor está por venir. El clasemediero que no concibe movilizarse por la ciudad sin carro propio se escuda en la delincuencia para no tomar un bus o para no caminar. Sin negar que el temor a ser asaltado es un desincentivo en algunas rutas y sectores del Gran San Salvador, yo creo que la hostilidad hacia el peatón con la que hemos permitido que se construyan nuestras ciudades es el principal lastre, y creo también que es algo que nos acompañará por décadas, porque los sectores más influyentes de la sociedad ni siquiera se han percatado de este problema. Por acción o por omisión, los políticos, los constructores, los líderes de opinión y en general los que tenemos el privilegio de disponer de un carro nos hemos comportado –nos seguimos comportando– como si por nuestras venas circulara gasolina en vez de sangre.
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