viernes, 19 de febrero de 2016

El país que desprecia los derechos humanos



Dice David Morales, el procurador de Derechos Humanos de El Salvador:
—Recordemos que cuando el presidente Flores lanzó el manodurismo, dijo que había que trazar una línea: a un lado ubicó al Gobierno y a los ciudadanos honrados; y al otro lado, colocó a pandilleros, a jueces y a los defensores de derechos humanos.
Nunca ha sido fácil ser el titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Ni en la primera posguerra ni durante la Administración Flores ni hoy, en el marco de la ‘guerra’ contra las pandillas. La institución, fruto de los Acuerdos de Paz y presentada en inicio como uno de los logros más tangibles de los años de lucha revolucionaria, cayó en desgracia demasiado pronto, en una sociedad obscenamente desigual, polarizada a límites enfermizos, con una institucionalidad raquítica, y que es la más violenta del mundo.
Transcurrido casi un cuarto de siglo, no suena muy aventurado afirmar que los salvadoreños –en términos generales– desprecian el concepto ‘derechos humanos’ y, por extensión, la institución que tiene la misión constitucional de que se respeten.
—¿Por qué las palabras derechos humanos están tan mal vistas? –pregunto al procurador Morales.
—Se ha generado un estigma, es cierto. La sociedad en ese sentido se ha atrofiado por los planteamientos de los políticos, que presentan los derechos humanos como derechos únicamente de los delincuentes. Estos discursos los retoman luego los grandes medios de comunicación, y refuerzan la percepción de que benefician exclusivamente a los delincuentes, y refuerzan la idea de que para ser efectivos en seguridad, hay que disminuirlos. Pero esas ideas son falsas.
En las redes sociales salvadoreñas ser tachado como defensor de derechos humanos es un menosprecio, un insulto. Y la institución estatal y su titular devienen con frecuencia blanco de iras inquisitoriales. En la encuesta anual de evaluación de país que realiza la UCA, el 66 % de los salvadoreños dijo en diciembre de 2014 que tenían nula o poca confianza en la PDDH. Un año después, el porcentaje había subido al 72 %.
Paradójicamente, el desprecio al concepto ‘derechos humanos’ convive con la percepción –siempre según la referida encuesta– de que durante 2015 el respeto a los derechos humanos ha empeorado o seguido igual; así lo expresaron nueve de cada diez consultados.
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“La izquierda se ha vuelto más represiva que las represiones que estaba denunciando antes”. La frase es de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y la pronunció el 16 de noviembre de 1979, después de recibir en el arzobispado a un grupo de personas a las que en su diario personal definió como “damnificadas por actos violentos de grupos extremistas de izquierda”. Apenas había transcurrido un mes desde el golpe de Estado del 15 de octubre, que Romero respaldó de forma explícita, casi entusiasta, lo que le supuso abiertas críticas, acusaciones y ataques de los grupos que un año después conformarían el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional.
Aunque el contexto sea otro, la frase tiene hoy vigencia plena.
El conjunto de actores socio-políticos salvadoreños que se arrogan representar las esencias de la izquierda –con el partido FMLN como estandarte– cuestionó con dureza y desde distintos frentes el manodurismo como estrategia de seguridad, cuando Arena se lo sacó de la manga a mediados de la década pasada para patear el avispero de las maras, en el que quizá sea el más torpe de sus errores.
Pero desde enero de 2015, el manodurismo es la carta de presentación del Gobierno en materia de seguridad pública, elevado a niveles que lindan con el terrorismo de Estado, conincontables masacres y ejecuciones extrajudiciales protagonizadas por las fuerzas de seguridad, que ni siquiera están siendo investigadas a pesar de los trabajos periodísticos que se han publicado.
Por activa o por pasiva, el responsable de los abusos policiales es el Gobierno del FMLN, con la complicidad explícita de la Fiscalía General de la República, y velada de la inmensa mayoría de oenegés e instituciones ligadas históricamente a planteamientos de izquierda. Entidades como FESPAD, UCA o el Servicio Social Pasionista han bajado el volumen de sus denuncias por violaciones de los derechos humanos –estruendosas cuando gobernaba la derecha– hasta volverlas casi inaudibles, bien sea por afinidad ideológica con el partido de gobierno, bien por el creciente rechazo social que genera exigir el respeto a los derechos humanos.
Así, una de las consecuencias de la ‘guerra’ contra las pandillas ha sido la de profundizar el desprecio hacia el concepto ‘derechos humanos’, y con ello alimentar el círculo perverso de la violencia.
De la misma sociedad ultraviolenta que parió y nutre el fenómeno de las maras emanan los exigencias de políticas manoduristas que, si bien garantizan cierto respaldo social a sus promotores, impiden buscar soluciones reales. Maras, manodurismo, más maras, másmanodurismo, maras radicalizadas, manodurismo radicalizado… y así hasta convertir la sociedad salvadoreña en la más violenta del mundo.
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—¿Preocupado por lo que ha ocurrido en 2015? –pregunto al procurador Morales.
—Todos deberíamos, por la escalada de violencia.
El procurador Morales no esconde críticas cuando se le pregunta por casos concretos, comola masacre de San Blas, pero opta por la cautela y por respuestas gallo-gallina cuando se le pide posicionarse sobre la política guerrerista de seguridad pública.
—¿No cree que la institucionalidad retrocedió en 2015 respecto a la situación en 2014?
—Ante la escalada de violencia de los grupos delictivos, la respuesta del Estado ha sido en términos similares al tradicional manodurismo; sigue prevaleciendo la misma dinámica de enfrentamiento. No podría decir que la institucionalidad retrocedió, pero sí que no avanzó significativamente en los diferentes planos.
El procurador Morales está consciente de lo que está pasando en El Salvador desde enero de 2015, pero prefiere repartir responsabilidades entre todos los gobiernos que el país ha tenido desde 1992.
—El Estado –dice– nunca ejerció su deber de educar y promover una cultura de paz, de respeto a los derechos humanos, de fomento de valores democráticos. Es una obligación de Estado abandonada por décadas, además de que somos un país con una historia muy fuerte de autoritarismo, violaciones a los derechos humanos y violencias en general, que se han terminado naturalizando por la población, como fenómeno de nuestra cultura.
Nunca ha sido fácil ser el titular de la PDDH. Y en el papel timorato que también está desempeñando el procurador Morales deben pesar el rechazo social cuando se denuncian abusos policiales, o el hecho de tener el corazoncito a la izquierda, y ver que los responsables son ‘compas’ y no el ‘brazo político de la oligarquía’.
—Las clases políticas dominantes –dice el procurador Morales– venden discursos punitivos, de endurecimiento de penas, de manodurismo… visiones totalmente superadas en países democráticos por inefectivas, pero que aquí se impulsan porque es evidente que generan simpatías que se traducen en votos.
Suena a que quiere retratar al actual gabinete de seguridad, su responsabilidad por acción u omisión en las ejecuciones extrajudiciales. Pero no. Como si sintiera una obligación cuanto menos de diluir responsabilidades, rápido se esconde tras el escudo de los veinte años de Arena:
—Recordemos que cuando el presidente Flores lanzó el manodurismo, dijo que había que trazar una línea: a un lado...

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